Tesauro
Inicio 
 
TEMÁTICA
 
Normas Generales
Capacidad
Procedimientos
Perfeccionamiento
Ejecución
Equilibrio
Nulidades
Liquidación
Responsabilidad
Controversias
Tipología
Régimen especial
 

Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

{§-0001}              JURISPRUDENCIA

 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

 

NATURALEZA

 

INDEMNIZACIÓN POR EXCLUSIÓN ILEGAL DEL R. U. P.

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS (2002). RADICACIÓN: 25000-23-26-000-1992-2602-01(14040).- El registro de proponentes constituye, por regla general, un requisito previo para la contratación con el Estado. Su formación se traduce en la certificación de  la  capacidad de las personas inscritas para poder contratar, en tanto la inscripción las habilita para participar en las licitaciones o concursos y celebrar contratos con la administración pública,  respecto al tipo de contratos en los que la ley lo exige.

 

La inscripción y calificación en el registro de proponentes es un acto administrativo como lo es también su cancelación, y por consiguiente, está sometida a los mecanismos de control de legalidad de la actividad administrativa, esto es, tanto a los recursos de la vía gubernativa como a las acciones judiciales.

 

(…)

 

La ley 80 de 1993 estableció el registro único de Proponentes y le atribuyó exclusivamente a las Cámaras de Comercio la función de inscribir a los contratistas, organizar su clasificación y llevar el registro oficial. Que de ello esté encargado un particular, no lo despoja de su carácter de función administrativa, toda vez que la ejerce con fundamento en la ley y con una finalidad de interés público (art. 210 Constitución Política).

 

Del acto de inscripción en el registro puede decirse que es público porque así lo define la ley, en tanto la información de la persona inscrita se encuentra a disposición de cualquier persona que manifieste la intención de conocerla; es temporal porque no le otorga al titular una habilitación ab eternum para celebrar contratos con las entidades públicas y es mutable, en cuanto le permite a los interesados en el término de su vigencia, actualizar y modificar su inscripción cuando se presenten cambios que afecten sus calidades profesionales, técnicas, económicas y financieras.

 

Hoy las diferencias más significativas con el régimen anterior pueden resumirse en que el registro es único, vale decir, la inscripción tiene valor ante todas las entidades del Estado; la función se le asignó a las Cámaras de Comercio, su temporalidad se redujo a un año y de manera expresa se ordena la cancelación del registro con “previa audiencia del afectado”, cuando se demuestre que “el inscrito de mala fe presentó documentos o informaciones para la inscripción, calificación o clasificación que no correspondan a la realidad”, quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de diez (10) años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar (art. 22.6 ley 80 de 1993).

 

Puede concluirse que el registro de proponentes tiene un origen legal y hace parte de aquellas regulaciones que el legislador puede adoptar para dotar a la administración de mayores elementos de juicio para tomar decisiones que comprometen el interés público, en tanto la información allí contenida no se suministra para efectos de un contrato especial, sino para participar en todas las licitaciones de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad, pues al fin y al cabo los inscritos en este registro tienen la vocación permanente de contratar con el Estado.

 

(…)

 

Para determinar el valor de los contratos que el demandante hubiera podido celebrar en el evento de que no se hubiesen expedido los actos que se acusan, el a quo tomó en cuenta el valor de los contratos celebrados en los dos años inmediatamente anteriores a la cancelación de la inscripción, es decir, los de los años 1990 y 1991 ($162.685.656), que correspondían al lapso equivalente a la inhabilidad. Sin embargo, consideró que lo equitativo era tomar un 50% de ese valor ($81.342.828), lo cual justificó en que

 

“... la posibilidad de que el demandante durante los dos años de la inhabilidad hubiese celebrado contratos con la administración distrital por igual valor, no es del ciento por ciento (100%).  Por el contrario la ley de probabilidades aplicada al caso permite deducir que se presentaría una disminución, dada la tendencia a la baja en la contratación que el demandante demostró entre el año -1991- y los dos anteriores -1989 y 1990-; así como, la posibilidad  de que se presentaban las eventualidades que normalmente impiden asegurar que la administración continua en el tiempo con los mismos volúmenes de contratación que venía presentado, pues pueden ocurrir  cambios de políticas o de prioridades por las autoridades que llevan a la merma de unos determinados tipos de contratos o en los que podían celebrar según su capacidad de contratación determinadas personas inscritas en el Registro Unico de Proponentes”.

 

 Sobre esa cifra aplicó el 10% estimado como ganancias, el cual acogió del dictamen pericial, que le pareció razonable y ajustado a la experiencia. De ahí la indemnización ordenada en el numeral  4 de la parte resolutiva de la sentencia por $8.134.282.80, por concepto de perjuicios materiales por la pérdida de oportunidad.

 

3. El demandante objeta la anterior liquidación, en tanto no encuentra justa ni equitativa la reducción del 50% que practicó el tribunal, ya que la indemnización debe ser plena; no le parece equitativo la fijación de las utilidades en un 10%, ya que la realidad es que en promedio la utilidad que dejan los contratos de obras públicas es del  25%;  ello tampoco compensa la no utilización de la capacidad instalada que tenía el demandante, y además, deben reconocerse los perjuicios morales por la afectación de la imagen profesional y situación sicológica del demandante que no se restableció al día siguiente en que cesó la inhabilidad  en la que incurrió con la cancelación de la inscripción  del registro de proponentes.

 

4. Para la sala, los perjuicios que se reconocieron en la sentencia y las objeciones que invoca el demandante, merecen las siguientes reflexiones:

 

El acto administrativo de inscripción en el registro de proponentes le reconoce a la persona inscrita la aptitud para celebrar contratos con las entidades públicas, de tal manera que de allí surge la habilitación para participar en las licitaciones y celebrar contratos con las mismas. Ese derecho está supeditado a la capacidad, calificación y clasificación del proponente asignada en el registro.

 

La consecuencia que produjo la cancelación de la inscripción en el registro de proponentes, la señalaba para el caso que se examina, el art. 273 del Estatuto Fiscal del Distrito, según el cual, una vez cancelada la inscripción en el registro único de proponentes por haberse establecido que los datos suministrados por la persona para su inscripción, actualización o revisión, no eran veraces, se debía ordenar que esa decisión se incluyera en el registro de inhabilitados de la Contraloría “para los efectos previstos en el inciso segundo del Artículo 206 de este Acuerdo”.

 

Este artículo por su parte señalaba:

 

“ARTICULO 206. DEL REGISTRO DE INHABILITADOS.

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del Artículo 202 de este Acuerdo en la Contraloría del Distrito Especial de Bogotá se llevará un registro de las personas naturales o jurídicas que hayan incurrido en esas inhabilidades. La Administración estará obligada a consultar dicho registro.

 

Al registro se agregarán por un período de dos (2) años los nombres o razones sociales de las personas a las que por resolución motivada en firme, distinta a la de imposición de multas o declaratoria de caducidad, se les responsabilice del incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.  Esta información se tendrá en cuenta en forma estricta en la selección de contratistas al calificar el factor de adjudicación denominado “Cumplimiento en contratos anteriores”

 

Entiende la sala en una interpretación sistemática de esta norma, que en firme el acto administrativo que cancelaba la inscripción en el registro de proponentes por el especial motivo contemplado en el art. 273 (suministrar información no veraz), debía reportarse el nombre de la persona a la Contraloría para que lo incluyera en el “registro de inhabilitados”, por el término de dos años, con la finalidad de que en ese lapso no pudiera aspirar a licitar ni contratar con la entidad  que canceló la inscripción en su propio registro de proponentes.

 

Esta precisión se hace, en tanto si bien es cierto la primera parte del art. 206 es clara en señalar que la persona a la cual se le cancelaba la inscripción en el registro de proponentes debía permanecer dos años en el registro de “inhabilitados”, no lo es la segunda parte, cuando establece que esa información se tendrá en cuenta “al calificar el factor de adjudicación denominado “Cumplimiento en contratos anteriores””, lo cual no es lógico ni guarda armonía con la primera parte de la norma, toda vez que si esa persona está excluida del registro no puede presentarse a licitaciones ni contratar con el Estado, porque no tiene aptitud legal para hacerlo por el término de dos años.

 

Para la determinación del perjuicio, lo primero que se advierte es que éste no es una consecuencia automática de la nulidad de los actos administrativos. El acto puede resultar viciado de nulidad y así declararse, y no obstante, no producir necesariamente un daño, ya sea  porque no existió, o no se probó o no pudo valorarse.

 

En el caso que se examina, el perjuicio económico causado al demandante al habérsele excluido del registro de proponentes lo configuró la imposibilidad de ejercer una actividad profesional, temporalmente, pero no se podía saber por tratarse de un evento futuro, cuántos contratos y por qué valor habría celebrado con el Distrito de no habérsele cancelado su inscripción.

 

La jurisprudencia ha admitido la reparación del perjuicio que consiste en la pérdida de una oportunidad cuando el daño resulta de un acontecimiento que hubiera podido producirse y no se produjo y por lo tanto, no se sabe si dicho acontecimiento efectivamente se iba a producir.  En este caso hay lugar a la reparación, únicamente, de las consecuencias que resultan de la privación de una oportunidad, es decir, “la pérdida de la oportunidad de ver que un acontecimiento se produzca... y no el hecho de que el acontecimiento no se produjo”.

 

Fue entonces acertada la determinación del a quo al concluir que aquí debía indemnizarse la pérdida de la oportunidad de celebrar contratos con la administración y quedaba a su arbitrio tasar la indemnización en forma proporcional a las oportunidades que el afectado había perdido.

 

En estas condiciones, no  es procedente lo pedido por el demandante en cuanto a que se modifique no sólo el porcentaje del valor de los contratos que sirvieron al tribunal para cuantificar las oportunidades perdidas por el demandante sino el porcentaje en el que calculó las utilidades que pudo haber recibido.

 

Volver a tema

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
INFORLEX SAS ©
Derechos Reservados
Álvaro Darío Becerra Salazar
MMX - MMXV