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Régimen especial
 

Esta página contiene tres (3) jurisprudencias

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

ACCIÓN

 

INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 18001-23-31-000-2002-00084-01(23532).- En oportunidades anteriores la Sala ha señalado que si bien es cierto que la desafortunada redacción del artículo 143  del C.C.A., que no fue corregida por el artículo 45 de la ley 446 de 1998 que lo modificó, en apariencia sugiere que la demanda puede ser rechazada únicamente cuando no se corrigen los defectos simplemente formales señalados por el ponente, una adecuada interpretación de la norma permite deducir que el rechazo de la demanda procede cuando ésta no reúne los requisitos y formalidades establecidos en los artículos 135 y siguientes del mismo código; se ha producido la caducidad de la acción o hay falta de jurisdicción o competencia. Cuando la demanda adolece de vicios simplemente formales, se debe conceder al demandante un plazo para que los corrija. De no hacerlo, se procederá igualmente a su rechazo. La indebida escogencia de la acción no es un defecto de carácter formal sino de orden sustancial, pues tiene que ver con el objeto de la acción. Por lo tanto, cuando el demandante no acierta al elegir la acción, no hay lugar a concederle un término para que corrija la demanda sino que deberá procederse a su rechazo.

 

No debe perderse de vista que la procedencia de la acción de acuerdo con las pretensiones que se formulen, no es un asunto dejado al arbitrio de la demandante sino que ha sido establecido expresamente en la ley (arts. 84 a 88 C.C.A.)Nota de Relatoría: Ver Exp. 17872 del 5 de abril de 2001. (Ver siguiente)

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN

 

PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL 

NATURALEZA DE LA ACCIÓN SE DEDUCE DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ D.C., CATORCE (14) DE FEBRERO DE DOS MIL DOS (2002). RADICACIÓN NÚMERO: 07001-23-31-000-1994-0131-01(13238).- Para definir el extremo mencionado se harán estudios sobre la clase de acción incoada, el término de caducidad aplicable y, finalmente, si era o no cierto que la acción ejercitada había caducado para la fecha de presentación de la demanda. 

 

En aquella se observa que respecto a la acción se dijo, dubitativamente, que era “( ) acción contractual según el artículo 87 del C.C.A.; o la que regula la acción in rem verso, o la que corresponda ( )". Pese a lo anterior, al examinar el contenido de las pretensiones y de los hechos de la misma, no existe duda de que la acción que se ejercitó es eminentemente contractual pues se reclaman: la declaratoria de incumplimiento contractual parcial, a un pacto de liquidación bilateral, y la condena a indemnizar perjuicios.

 

El hecho concerniente a que la demanda solicite, para el momento de su presentación, la declaratoria de incumplimiento de una obligación contractual que el demandado califica de clara, expresa y actualmente exigible, no se traduce en el escogimiento indebido de la acción; no puede afirmarse que en tal evento la acción sea solamente la ejecutiva. La ley civil enseña que la acción ejecutiva también puede convertirse en ordinaria (art. 2.536 C.C.) En efecto: Es claro que si una obligación exigible está siendo incumplida, dentro del término legal dentro del cual tiene fuerza civil, el acreedor tiene o acción ejecutiva o acción ordinaria; mediante la primera de estas acciones se pretende el pago forzado de la obligación y mediante la acción ordinaria - en este caso - la declaración de incumplimiento de la obligación y la consecuencial condena al pago de la indemnización (daño emergente y lucro cesante).

 

Recuérdese, en primer término, que la demanda le endilgó a la entidad pública demandada el incumplimiento a la obligación de pago de una de las sumas acordadas como contraprestación de los servicios de interventoría ejecutados por el demandante en desarrollo del contrato 054 de 1988 celebrado entre el Municipio de Arauca y la sociedad Consultores Civiles Hidráulicos Ltda.; y, en segundo término, que el Tribunal así interpretó la demanda, pues la admitió y además al fallarla partió del hecho del incumplimiento contractual del demandado, en el pago de una de las obligaciones.

 

Sobre cómo debe entenderse la acción procesal ejercitada la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades; ha dicho que independientemente de la denominación que se le dé, en la demanda, lo que permite hacer ver la naturaleza de la acción promovida es el contenido de las súplicas procesales. Así:

 

En auto proferido el día 2 de noviembre de 2000 se dijo: “( ) Encuentra la Sala, primeramente, que los hechos históricos y los fundamentos de derechos mencionados en dicho escrito son indicadores visibles, aunque el demandante no caiga en cuenta de ello, de que el asunto puesto a conocimiento de la jurisdicción sí es de naturaleza contractual, por los aspectos de hecho - o fácticos - y de derecho.

 

 La referencia del actor atinente a la expresión textual de la utilización de la "actio in rem verso" es calificación, que por su mera forma, no obliga al juzgador porque, como ya se explicó, es el contenido de los hechos y el derecho los que demarcan la verdadera intención del demandante. La acción utilizada no es la que afirma el demandante, por su denominación, sino la que se deduce de los hechos y de las pretensiones, en forma concurrente.

 

Por consiguiente: unos hechos de eminente contenido contractual y unas invocaciones de derecho, dadas por el propio demandante, conducen a la Sala a interpretar la demanda, para efecto de determinar cuál es el término legal para demandar ( )"..

 

Por ello habrá que entender que cuando el demandante solicita declarar el enriquecimiento "sin causa" habrá que entender que “es con causa" y contractual, pues así la calificó en el capítulo de antecedentes fácticos.

 

Lo mismo ocurre con la pretensión consecuencial en la cual pidió se le indemnicen los perjuicios materiales ocasionados con ese enriquecimiento.

 

Dicho de otro modo las súplicas procesales, según los antecedentes fácticos, son las concernientes a la declaratoria de incumplimiento administrativo, por no pago al actor de lo ejecutado con cargo a unas órdenes de trabajo, y la indemnizatoria por los perjuicios materiales ocasionados ( )".

 

En reciente sentencia, proferida el día 8 de noviembre de 2001, se explicó lo siguiente: “( ) La Carta de 1991 introdujo entre sus muchas variaciones al Estado y como parte fundamental en materia de la administración de justicia el principio administrador en el proceso judicial relativo a la prevalencia del derecho sustancial.

 

Impuso al juzgador ver la materia real del litigio con prescindencia de la forma; le dio una capacidad de acción, y con ella, lo convirtió en un verdadero rector del proceso con poderes de interpretación auténtica, se recaba, al exigirle que los juicios deben ser expresión del derecho sustancial; y al no distinguir éste, lo extendió al procedimiento y rituación del mismo y al acto de definición. 

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN

 

DISCUSIÓN DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, Bogotá D.C., siete (7) de junio de dos mil siete (2007), Radicación número: 52001-23-31-000-1995-07018-01(14669).- 2. La acción ejercitada.- La parte actora invocó expresamente el ejercicio de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto, para la época de la presentación de la demanda era el siguiente:

 

"De las controversias contractuales. Cualquiera de las parte de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones…".

 

Mediante el análisis de la anterior disposición, la Sala advierte que la acción de controversias contractuales resultaba procedente para demandar la responsabilidad del Estado fundada en la existencia de daños causados en su condición de sujeto activo de la contratación estatal. Comporta entonces variadas pretensiones, algunas de las cuales no suponen la condición de parte del contrato, como sucede con la demanda que tiene por objeto la nulidad de los actos proferidos durante la etapa precontractual, la declaratoria de existencia del contrato y las que se ejerciten para "que se hagan otras declaraciones y condenas".

 

Si bien es cierto que en el primer inciso de la norma se afirma que "cualquiera de las partes del contrato podrá pedir que se declare su existencia", de los otros incisos de la norma se deduce que hay eventos pre y post contractuales, lo que permite afirmar que están legitimados para ejercitarla, todos los sujetos que aún no son parte de un contrato estatal o que ya dejaron de serlo.

 

Afirmar que la acción de controversias contractuales no procede frente a eventos en los que se discute la existencia del contrato o el derecho que le cabe a un particular por la ejecución de prestaciones que él cree contractuales, conduciría a desconocer el verdadero sentido de la norma en comento.

 

Todo lo expuesto fue planteado anteriormente por la Sala en sentencia del 4 de marzo de 1991[*], cuando concluyó la procedencia de la acción de controversias contractuales en caso similar al de la referencia:

 

"En el sub lite, si se acepta la posición ortodoxa, habría que concluir que como el contrato no se perfeccionó la acción no podía ser sino la de reparación directa. Pero, interpretando la voluntad de las partes, lo que querían y buscaban era la celebración del contrato, puede sostenerse válidamente que el litigio encaja en los propiamente contractuales y no en las acciones de responsabilidad por hechos y omisiones de la administración".

 

En el caso concreto la Sala considera que la acción ejercitada es la de controversias contractuales, porque el demandante expresamente la invocó y la sustentó en su demanda con el objeto de que se declare la existencia del contrato y el incumplimiento del mismo por la entidad pública.

 

Y aunque en el acápite de las normas violadas, el demandante hubiese invocado la aplicación del principio del no enriquecimiento sin causa, con fundamento en que la entidad se benefició gratuitamente con un evidente perjuicio del actor, ello no conduce a entender que la acción ejercitada es la in rem verso, toda vez que esta es una acción subsidiaria que se aplica en aquellos eventos en los que, a diferencia de lo que acontece en este caso, las otras acciones no son procedentes.

 

Volver a tema

 


                        *Sentencia que dictó la Sección Tercera el 4 de marzo de 1991. Exp. 5.825.

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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