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Esta página contiene cuatro (4) jurisprudencias

 

Anticipo y pago anticipado

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

USO DEL ANTICIPO

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE CASACIÓN CIVIL.- SENTENCIA DE ABRIL 27 DE 2.005, MAGISTRADO PONENTE HERMAN GALÁN CASTELLANOS.- RADICACIÓN 19.562.-  Entiende que el anticipo es entregado al contratista con la finalidad específicamente señalada en el contrato correspondiente, sin que le sea permitido una destinación diferente. Son tan reales las limitaciones que el contratista tiene sobre el manejo del anticipo, que es jurídicamente imposible que lo maneje como si fuera su señor y dueño. Por el contrario, debe emplear una cuenta corriente especial para su manejo, que permita su auditoría. Ha de constituir una póliza que garantice, no solo la seriedad de su propuestas sino también su correcto manejo, inclusive, es factible pactar que se entregue de manera fraccionada de tal manera que, sólo con la legalización de cuentas sobre el empleo de las primeras cuotas es permitido liberar las siguientes, que integren el valor total del anticipo, todo ello bajo cláusulas de caducidad que conducen a cancelar administrativamente el contrato, permitiéndose la efectividad de las garantías prestadas, si no se da buena cuenta sobre su manejo o se deja de gestionar su pago dentro de los términos estipulados. Desde luego, un dinero que se entrega como anticipo con tantas condiciones, no convierte al contratista ni en dueño o codueño, sino en un mero tenedor del mismo.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

ANTICIPO, MORA EN EL PAGO

 

INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 13682.- Para la Sala, tal como lo apreció el tribunal, "la administración cuenta con un término prudencial de un mes para efectuar el pago" y es a partir del vencimiento de ese término que puede considerarse que incurrió en mora. Esta práctica mercantil con respaldo legal en el art. 885 del Código de Comercio, puede válidamente aplicarse en el contrato estatal cuando se guarda silencio sobre el término para el pago de las actas al contratista. Por tal razón, una vez el contratista presentó la cuenta de cobro del anticipo y las garantías del contrato fueron aprobadas, nació para la entidad contratante la obligación de pagarlo, aunque no inmediatamente si en el término prudencial de un mes. 

 

Cabe recordar que la administración es la más interesada en que los fines del contrato se cumplan, entre los cuales sin duda está su ejecución oportuna. Entiende la Sala que la administración pretende que se declare que el contratista incumplió sus obligaciones al paralizar las obras por su propia voluntad y que fue esto lo que la llevó a declarar el incumplimiento. La falsa motivación encontrada por el a-quo deviene de otras circunstancias que rodearon el desarrollo del contrato y que precisamente por no haberlas tenido en cuenta la administración al momento de expedir el acto acusado, justificaron la suspensión de las obras por el contratista. Es un hecho cierto que las obras del contrato No. 7058 y sus adicionales se vieron afectadas por el atraso y falta de ejecución de las obras confiadas a otros contratistas, que la demandada no desvirtuó. En efecto, las partes suscribieron el contrato adicional No.7058-01 con el objeto de prorrogar el plazo del contrato principal y una de las razones para pactarla fue que las obras objeto del contrato dependían del rendimiento y finalización de otras obras que estaban siendo ejecutadas por otros contratistas.

 

 Para la Sala el hecho de que el plazo del contrato se haya prorrogado por esa circunstancia, no implica que la administración se exonere de responsabilidad y que el contratista tuviese que soportar el detrimento patrimonial derivado del mismo. La suma que se pagó al contratista por concepto de anticipo se actualizará con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: Vp igual a Vh multiplicado por el Índice final sobre Índice inicial. En donde: Vp : Corresponde al valor presente; Vh : Es el valor histórico o inicial; Índice Final: Es el IPC vigente a la fecha de pago del anticipo; Índice inicial: Es el IPC vigente para el mes siguiente al de presentación de la cuenta de cobro.

 

El valor histórico del anticipo causará intereses desde el 22 de abril de 1990 (mes siguiente a la fecha de presentación de la cuenta) hasta el 13 de septiembre de 1990 (fecha de pago del anticipo), a una tasa del 12 por ciento anual.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

ANTICIPO, NATURALEZA

 

COBRO DEL ANTICIPO

 

ANTICIPO NO GENERA TÍTULO EJECUTIVO

 

TÍTULO EJECUTIVO 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).- En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato.  Se convierte así este pago en un factor económico determinante para impulsar la ejecución del contrato.

 

Ya la Sala en sentencia del 13 de septiembre de 1999 (Exp. No. 10.607) en relación con el anticipo expresó: “no puede  perderse de vista que los dineros que se le entregan al contratista por dicho concepto son oficiales o públicos.  El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice durante la ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro”.

 

En estas condiciones, si el anticipo se entrega al contratista antes o simultáneamente con la iniciación del contrato, esto es, cuando aún el contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los bienes y  precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese pago marca la pauta para el cómputo del término del contrato, el pago de la  suma de dinero que las partes convengan a ese título se hace en calidad de préstamo. 

 

Esto significa que las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato.

 

Aplicados los razonamientos anteriores al asunto que se analiza, la obligación contenida en la cláusula cuarta del contrato No. 030 de 1994 y la cuenta de cobro que sirven de fundamento a la ejecución por concepto del anticipo no pagado, hacen que la obligación de la entidad de pagarlo sea clara y expresa.  Sin embargo,  no es exigible como pasa a verse:

 

a) Se pretende el pago de una suma prometida con ocasión de la celebración de un contrato que no se ejecutó y como ya se dijo, se trataba de un préstamo que la entidad contratante le hacía al contratista con el fin de que sufragara los gastos para iniciar la ejecución del contrato.

 

b) En la audiencia de conciliación celebrada ante el a-quo el 4 de diciembre de 1996 (fl. 11 C. ppal), la entidad ejecutada manifestó no estár interesada en la prestación de los servicios que originaron la celebración del contrato (fl. 12).

 

c) La no ejecución del contrato del cual se deriva el cobro del anticipo pone de manifiesto que la obligación de la entidad será aquella que se genere de su abstención, no del hecho de no haber pagado el anticipo sino de no ejecutar el contrato, lo cual debe discutirse en un proceso declaratorio pero no en un juicio ejecutivo como el presente.

 

En estas condiciones, al no tener el atributo de exigibilidad el título ejecutivo con fundamento en el cual se libró el mandamiento de pago, advierte la Sala la procedibilidad de una de las excepciones propuestas por la parte demandada, la cual si bien tuvo al momento de proponerse una sustentación diferente a la esbozada por la sala, se precisó en la audiencia de conciliación tal como acaba de destacarse.


 

     {§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

ANTICIPO

 

PERJUICIOS POR MORA EN EL PAGO DE ANTICIPO 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 12513.- Para determinar el daño emergente: -Se actualizará la suma pactada de anticipo, desde la fecha en que se hizo exigible su entrega hasta la fecha en que efectivamente se entregó; y -se extraerá la diferencia entre el valor actualizado del anticipo y el valor histórico (convenido en el contrato); después -esa diferencia será actualizada desde la fecha en que se realizó el pago hasta la fecha de esta sentencia, para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.  El lucro cesante: Se obtendrá de liquidar intereses corrientes del 6% anual sobre el valor histórico del anticipo, durante el tiempo que transcurrió entre la fecha en que se le debió entregar ese valor y la fecha en que realmente se entregó. Finalmente, encuentra la Sala, que desde otro punto de vista, la Administración no incurrió, como lo asevera la demanda, en quebranto del inciso 2º del artículo 289 del decreto ley 222 de 1983. Según el mencionado artículo las actas de liquidación de los contratos” determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a favor del contratista, si a ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato”. Con el material probatorio recaudado se encuentra legítimo el actuar del Fondo, toda vez que el contratista no le demostró, ni durante la ejecución del contrato ni durante la liquidación bilateral del mismo, que incurrió en sobrecostos; sólo se limitó a afirmarlos. Por consiguiente, ante la ausencia de demostración de sobrecostos, la Administración no tenía porqué incluir en el acta de liquidación indemnizaciones a favor del contratista, porque la ley condiciona las indemnización “si a ello hubiere lugar”.

 

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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