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Esta página contiene cinco (5) jurisprudencias

 

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Buena fe objetiva

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

BUENA FE

 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00403-01(15596) 

 

3.1.3. Buena fe. Venire contra factum proprium non valet.

 

Finalmente, la Sala anota que el demandante, con base en la reclamación judicial que ahora adelanta, está yendo en contra de sus propios actos, en clarísima vulneración de la regla “venire contra factum proprium non valet”, derivada del principio de la buena fe, el cual encuentra consagración positiva expresa tanto constitucional como legalmente en el ordenamiento jurídico colombiano. En términos de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

 

… vale la pena subrayar que nadie puede venir validamente contra sus propios actos, regla cimentada en el aforismo “adversus factum suum quis venire non potest”, que se concreta sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior, o sea, “venire contra factum proprium non valet”. Es decir va contra los propios actos quien ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta precedente, lo que significa que la pretensión que se funda en tal proceder contradictorio, es inadmisible y no puede en juicio prosperar. La jurisprudencia nacional no ha sido ajena a la aplicación de esta regla. En suma, la regla “venire contra factum proprium non valet” tiene una clara aplicación jurisprudencial, pero además goza de un particular valor normativo en la medida en que está fundada en la buena fe, la cual el ordenamiento erige como principio de derecho que irradia todas las relaciones jurídicas, como ética media de comportamiento exigible entre los particulares y entre éstos y el Estado” (Subrayado fuera de texto)

 

En efecto, el demandante suscribió el Acta de Liquidación Bilateral del Contrato 247 - 95 sin manifestar que había realizado una obra que se hallaba pendiente de pago y más adelante pretendió el pago correspondiente mediante la suscripción de la “Adición al Contrato de Obra Pública No. 247 - 95” y la posterior reclamación judicial. Este comportamiento de la sociedad Tracto Casanare Ltda. constituye una vulneración de la regla referida, en tanto que se encuentra en abierta contradicción entre lo que se hace y lo que se dice en el acta de liquidación referida y lo que se hace y se dice en sus actuaciones ulteriores.

 

En atención a lo expuesto, la Sala tiene claro que las pretensiones correspondientes no están llamadas a prosperar. 

 

§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

PRINCIPIO DEL PACTA SUNT SERVANDA

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, BOGOTÁ, D.C., DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 15119.- Desde el punto de vista de la teoría general del contrato, éste es un acto jurídico generador de obligaciones que tiene su fundamento primario en el principio de la autonomía de la voluntad -aunque matizado por ciertos límites que, por diversas razones, son establecidos por el legislador -, en el sentido de que las partes concurren a su celebración y en consecuencia asumen las obligaciones correlativas, por una libre y autónoma decisión de acudir a este procedimiento de intercambio económico y por ello, en general, la ley debe operar sólo de manera supletiva, frente a los vacíos que las partes hayan podido dejar respecto de la regulación de su relación y sólo para llenar esas lagunas de la voluntad.

 

Y precisamente de ese pilar en el que descansa la relación contractual, es que se desprende el principio del pacta sunt servanda, es decir la fuerza obligatoria del contrato mediante el principio del respeto a la palabra empeñada, en la medida en que las cláusulas del negocio jurídico  resultan vinculantes para las partes y deben ser respetadas y cumplidas a lo largo de toda la ejecución del contrato; como desarrollo de tal principio, el Código Civil en su artículo 1602 establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, disposición que evidencia la importancia que reviste a la hora de ejecutar un contrato, la voluntad de las partes que se obligaron mediante su celebración.

 

En el momento de concreción de la relación negocial, se fijan unas prestaciones a cargo de las partes que obedecen a una causa, la cual en el caso de los contratos sinalagmáticos conmutativos está dada por las respectivas contraprestaciones, es decir que una parte asume el cumplimiento de ciertas obligaciones, con miras a obtener que la otra, a su vez, cumpla con las que correlativamente asumió y que se consideran como equivalentes de acuerdo con los propios intereses de cada parte. ver más

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., TRES (3) DE FEBRERO DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 10399.-  Sobre esta doctrina ha dicho el profesor JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ:

 

" (…) Como dice una sentencia de 22 de abril de 1967, "la buena fe que debe presidir el tráfico jurídico en general y la seriedad del procedimiento administrativo, imponen que la doctrina de los actos propios obliga al demandante a aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de voluntad contiene un designio de alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente, tal como se desprende del texto literal de la declaración, por lo que no es dable al actor desconocer, ahora, el efecto jurídico que se desprende de aquel acto; y que, conforme con la doctrina sentada en sentencias de esta jurisdicción, como las del Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de noviembre y 27 de diciembre de 1963 y 19 de diciembre de 1964, no puede prosperar el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus propios actos.

 

Y la de 27 de febrero de 1981 (…) dice que "constituye un principio de Derecho civil y de la Teoría general del Derecho, la inadmisión de la contradicción con una propia conducta previa, como una exigencia de fides que impone el mantenimiento de la palabra dada, la constancia en la conducta, la lealtad a lo pactado o prometido, la observancia de la buena fe, una de cuyas exigencias es la de impedir venire contra factum proprium: principios de la dogmática jurídica que han sido plenamente refrendados por la jurisprudencia:"

 

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

BUENA FE

 

PAGO DE OBRAS NECESARIAS

 

OBRAS NO PREVISTAS 

 

Buena fe objetiva

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: DR. JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ, D.C., VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL UNO (2001), REF. EXPEDIENTE N° 13351.- Contratante contratista representan una unidad de objetivo y encarnan los  elementos actuantes del proceso contractual, siempre con la primordial finalidad de tener un beneficio para los asociados, el cual, por su dimensión, opaca la  mayoría de las veces la expectativa de ganancia del contratista.

 

No corresponde a los principios de equidad, justicia y buena fe, que el contratante se rehúse a cancelar ese tipo de obras, bajo la argumentación de que no le fueron autorizadas previamente al contratista, cuando de un lado, su propia   improvisión generó falencias en la relación de los precios unitarios y, de otro,  siempre tuvo conocimiento de las mismas, a través del interventor.

 

Y menos aceptable resulta que habiendo el IDU suscrito acta de  suspensión  con el contratista, con el objeto  de definir sobre esas obras adicionales y su precio, mantenga un deliberado silencio al respecto durante mas  de 1 año, y que mediante resolución 273 del 26 de junio de 1992, haya liquidado  unilateralmente el contrato (fls. 240 a 252 c. ppal, #1 ), si se observa con detalle, luego de que al IDU se le remitió oficio 92-217 de mayo 28 de 1992 por medio del  cual el  Tribunal de solicitó el envío de documentos relacionados con el contrato (fl. 40).

 

Sobre la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones en general y de   las derivadas de un contrato en particular, es preciso resaltar la siguiente posición  doctrinal :

 

“....”Los contratos ...obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente  pactado, sino también a todas las consecuencias que sean conformes a la  buena fe". Así se consagra en el artículo 1,258 del Código civil, lo que se   ha considerado norma general de la buena fe objetiva, Como ha dicho el en sentencia 6/1988, de 21 de enero, "la bona FIDES en el ámbito del  Derecho de contratos, impone tanto exigencia que cabe llamar subjetivas,  sobre el animus que ha de informar las relaciones obligacionales, como   también deberes específicos de conducta".

 

"No puede limitarse su aplicación a los negocios jurídicos a los que da vida  la voluntad privada. Como principio general, rige en el cumplimiento de  cualquier obligación, aunque derive de actos que, como los administrativos,  no dimanan de la voluntad privada, dentro del amplio campo de autonomía  que establece el artículo 1.255 del Código civil, sino de la voluntad de un órgano público. También en Derecho Administrativo, el obligado a realizar  una prestación no sólo viene obligado a lo expresamente previsto en el acto que dio vida a la obligación, sino "a todas las consecuencias que sean  conformes a la buena fe". Y, por el contrario, no vendrá obligado a aquello que; aun cuando estuviere expresamente previsto, fuese contrario a la  buena fe. Como, refiriéndose a las relaciones administrativas ha dicho  DROMI "la buena fe significa que el hombre cree y confía que una  declaración de voluntad surtirá en un caso concreto sus efectos usuales,  los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos iguales"

 

(...) “En Derecho Administrativo el ámbito de aplicación del principio en este  aspecto no puede ser más amplio. Cualquiera que sea el tipo de  obligación, cualquiera que sea la naturaleza de la prestación y la persona  obligada, no sólo deberá realizar lo especialmente previsto, sino todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe.

 

Este principio general también está consagrado en nuestra legislación, recogido en el artículo 1603 del Código civil, según el cual "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación  o que por la ley pertenecen a ella" y en el artículo 871 del Código de Comercio el cual se estipula que "Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos,' sino la todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural".

 

{§-0005}    JURISPRUDENCIA

 

OBLIGACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADOS

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998), RADICACIÓN NÚMERO: 10530.- La distinción entre obligaciones de medio y de resultado fue propuesta por René Demogue, en 1925, con el objeto de solucionar el problema que suscitaba la aplicación de los artículos 1137 y 1147 del código napoleónico. Estas obligaciones son definidas por Philippe Le Tourneau en estos términos:

 

En cuanto a las obligaciones de medio dice el autor citado: “en ciertos contratos el deudor sólo se obliga a poner al servicio del acreedor los medios de los cuales dispone; de hacer toda diligencia para ejecutar el contrato. Se le llama a veces obligación de prudencia o diligencia. El contenido de la obligación de medios no es exactamente un hecho; es el esfuerzo del hombre, un esfuerzo constante, perseverante, tendente a la adopción de una actitud frente a sus propias cualidades para aproximarse a una finalidad deseada. Si el deudor no se compromete a alcanzar una meta determinada, se compromete por lo menos a tratar de alcanzarla. Si un evento de fuerza mayor impide al deudor alcanzar la finalidad prevista, habrá ejecutado su obligación, puesto que por hipótesis su obligación es un comportamiento”.

 

Y en relación con las obligaciones de resultado precisa: “en algunos contratos el deudor se compromete a procurar al acreedor un resultado determinado y preciso. La obligación de resultado es a veces denominada obligación determinada. El deudor de una obligación de resultado es condenado a indemnizar, si el hecho prometido no se produce. El contenido de la obligación parece ser el resultado mismo. Una carga de esta naturaleza supone evidentemente, que el deudor pone en movimiento todos los medios para obtener el resultado, pero estos por sí solos no se toman en consideración”.

 

Esta distinción implica que cuando la obligación es de medio el deudor se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, en tanto que cuando la obligación es de resultado, éste deberá probar una causa extraña. O visto desde otro ángulo, cuando la responsabilidad se fundamenta en la culpa la obligación que se contrajo es de medio y cuando se responde a título objetivo la obligación incumplida es de resultado. Por ello, aunque en la legislación colombiana no figura dicha clasificación, a ella se puede acudir a partir del régimen de responsabilidad que se aplique frente a determinadas obligaciones, bien por virtud de la ley o del desarrollo jurisprudencial.

 

La distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado ha estado referida regularmente a la responsabilidad contractual; sin embargo, nada obsta para que los conceptos puedan ser utilizados dentro del régimen de la responsabilidad extracontractual, pues dicha clasificación no tiene como única fuente la voluntad concertada de las partes (aunque en algunos eventos las partes pueden realizar pactos al respecto), sino que ella surge, bien de un mandato legal o en consideración exclusiva a la naturaleza misma de la obligación que se contrae.

 

Muchos criterios pueden ensayarse para determinar, en ausencia de norma expresa o disposición de las partes, cuándo una obligación es de medio y cuándo de resultado. La Sala considera que el criterio más razonable, si se parte de la definición misma de estos tipos de obligaciones es el de la mayor o menor probabilidad de alcanzar la realización del objeto de la obligación, es decir, si la probabilidad de que se cumpla ese objeto es menor la obligación es de medio y si la probabilidad es mayor, la obligación es de resultado. Por supuesto, esta definición deja al juzgador un margen bastante amplio de valoración para determinar cuándo esa probabilidad es alta y cuando es baja, pero estas son situaciones que solo podrán depurarse a través de la jurisprudencia en cada caso concreto. 

 

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NORMAS
 
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Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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