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JURISPRUDENCIA

 

OBLIGACIÓN DE FACTURAR OPORTUNAMENTE

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013). Radicación número: 66001-23-31-000-2000-00829-01(24580)

 

 

3. La función jurisdiccional impone, de un lado, el deber de resolver el asunto sometido a la consideración del juzgador y, de otro lado, el deber de cimentar la decisión en las normas que integran el ordenamiento jurídico.

 

Sin embargo puede suceder que el ordenamiento no contenga una norma que contemple el supuesto de hecho que constituye precisamente el concreto caso que se ha presentado ante el juez para su solución, evento en el cual este puede acudir a otras disposiciones que prevean una situación semejante o parecida para darle al asunto la misma consecuencia que señala la ley para la hipotética situación que sí está prevista en ella.

 

Así por ejemplo, si las partes de un contrato han convenido que para el pago de la correspondiente prestación que debe hacer la una a la otra, el acreedor debe presentar previamente al deudor una cuenta de cobro y en el negocio jurídico nada se dijo sobre la oportunidad de tal presentación ni hay norma jurídica que tal cosa prevea, resultaría procedente para definir este aspecto el acudir a normas jurídicas que regulen una situación semejante o parecida como lo serían aquellas que se relacionan con las obligaciones de inmediato cumplimiento, también llamadas puras y simples, las condicionales y las a plazo.

 

En efecto, si de acuerdo con el ordenamiento jurídico la regla general es que las obligaciones deben ser cumplidas inmediatamente después de que surgen, a menos que las partes las sometan a condición o a plazo (artículos 1550,1555, 1530 a 1554 y 1128 a 1146 del Código Civil) o que la costumbre imponga otro momento o que la ley supletivamente diga otra cosa, no cabe menos que concluir que estas previsiones legales de las obligaciones, por su semejanza, pueden ser aplicadas a aquel concreto caso en donde no se ha señalado por las partes ni fijado por la ley el momento para presentar la cuenta de cobro que previamente ha de allegar el acreedor al deudor.

 

De donde resultaría entonces que, a falta de previsión contractual o normativa, la tal cuenta de cobro debe ser presentada inmediatamente después de haberse producido el hecho generador del costo, gasto o prestación que se cobra.

 

Y es que no debe olvidarse que de los artículos 1550,1555, 1530 a 1554 y 1128 a 1146 del Código Civil se desprende que las obligaciones son de inmediato cumplimiento salvo que estén sometidas a plazo o condición, y el hecho de que el Código Civil no haga mención de las “obligaciones puras y simples” esto sólo significa que por ser estas la regla general, sólo había lugar a reglar las condicionales y las a día.

 

Ahora, puede suceder que la costumbre determine un momento para ello y entonces deberá estarse a ésta pero siempre y cuando que el respectivo uso se encuentre probado en la forma indicada por los artículos 189 y 190 del Código de Procedimiento Civil, es decir con documentos auténticos, con un conjunto de testimonios que den cuenta razonada de que hay un uso público, uniforme y reiterado en ese sentido, con copia de dos decisiones judiciales ejecutoriadas o con una certificación de la Cámara de Comercio que atesten sobre la existencia de esa costumbre.

 

4. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación las partes convinieron en una fórmula para reajustar el valor de las cuentas de cobro en función del tiempo que la entidad estatal se tomara para realizar el pago.

 

La entidad estatal reajustó las cuentas de cobro presentadas, si había lugar a ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la presentación de la cuenta y el momento del pago.

 

El contratista por su parte pretende que el reajuste se haga teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la causación del costo y el momento del pago.

 

Las circunstancias que inciden en esta controversia son, en primer lugar, que las partes no estipularon en qué momento debían ser presentadas las cuentas de cobro y, en segundo lugar, que el contratista las presentó varios meses después de haberse causado el costo.

 

Como las partes no previeron la oportunidad para que el contratista cumpliera con la carga de presentar las cuentas de cobro ni hay norma legal que la establezca, se sigue que resulta procedente aplicar por su semejanza lo que sí prevé la ley para la oportunidad del cumplimiento de las obligaciones, esto es que si no están sometidas a plazo o a condición ellas deben ser cumplidas inmediatamente (artículos 1550,1555, 1530 a 1554 y 1128 a 1146 del Código Civil), y por consiguiente debe concluirse que en este caso el contratista ha debido presentar las cuentas de cobro inmediatamente después de que se causó el correspondiente costo y no muchos meses después.

 

Esta conclusión se refuerza precisamente con lo que se deriva del parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato al definir el factor “d” de la fórmula de reajuste de la cuenta de cobro como “el número de días calendario transcurrido desde el primer día del mes siguiente en que se cause el costo”, pues si toma como base temporal para el reajuste el primer día siguiente a la mensualidad en que el costo se ha causado es porque allí subyace la carga de presentar la respectiva cuenta de cobro inmediatamente después de causado el costo.

 

Admitir que el reajuste se haga prescindiendo de la carga que tenía el contratista de presentar las cuentas de cobro inmediatamente después de causado el costo, sería tanto como permitir que quedara en sus manos la obtención de un mayor valor por ese concepto, convirtiéndose así la fórmula en una herramienta para su beneficio individual, es decir para sólo incrementar su patrimonio o sus utilidades ya que podría ser utilizada, por lo menos culposamente, para mejorar los resultados económicos que en su favor se derivan del contrato, dejando de lado la satisfacción del interés general que envuelve la prestación de los servicios públicos.

 

Si esto se permitiera es indudable que no sólo se estaría cohonestando un aprovechamiento ilegal de los recursos públicos sino que además se estaría acogiendo una pretensión edificada sobre la propia culpa del contratista.

 

Y si para justificar el retardo en la presentación de las cuentas de cobro se aduce, como lo hace la parte demandante, que esto se debió a la acción u omisión de la entidad demandada, tal cosa ha debido demostrarse pero esta demostración es la que precisamente brilla por su ausencia en el expediente.

 

Así las cosas no puede la parte demandante pretender que se le reconozcan los reajustes a partir de la causación del costo si dejó transcurrir muchos meses entre este hecho y la presentación de las respectivas cuentas de cobro, es decir prescindiendo de la carga que tenía de presentarlas inmediatamente después de la causación del correspondiente gasto.

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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