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Régimen especial
 

Esta página contiene dos (2) jurisprudencias

 

 

{§-0001}              JURISPRUDENCIA

 

GESTIÓN DEL INTERVENTOR

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- SENTENCIA T-621/05.- Ahora bien, dentro del régimen jurídico de la contratación pública, los artículos 32, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, determinan que un Interventor vigilará la ejecución de las obras, con responsabilidades civiles y penales frente al cumplimiento de sus obligaciones como también por los hechos u omisiones del contratista, que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la administración.

 

Así, la gestión encargada al Interventor en el caso de los contratos de obra que celebra la administración, tienen características muy especiales, pues éste, además de garantizar el interés de la comunidad, controla objetiva y técnicamente la adecuada ejecución del contrato.

 

Ahora bien, se ha considerado que cualquier gestión o trámite que se adelante entre el contratista y el Estado, que tenga que ver con la ejecución propia del contrato de obra, deberá ser revisada de manera previa por el Interventor, y que todas sus comunicaciones se efectuarán por escrito. De esta manera se imprime total transparencia a su gestión y los actos que involucren la ejecución de la obra contratada. Así mismo, se busca que las inquietudes del contratista se resuelvan efectivamente, siguiendo un procedimiento específico que garantice el debido proceso y evacue de manera efectiva las peticiones e inquietudes del contratista.

 

Pero en este punto surgen dos asuntos importantes que han de ser analizados: primero, que la gestión que adelante el contratista deberá responder de manera estricta a las pautas que se hayan establecido previamente en el contrato, y a las observaciones que el propio Interventor haga en cada etapa de la ejecución del mismo; y, segundo, que el Interventor, cumplirá la labor encomendada ciñéndose a las estipulaciones contenidas en el contrato de obra.

 

De esta manera, el contratista en todo momento tendrá la posibilidad de comunicar al Interventor el estado de su gestión y éste a su vez determinará si lo ejecutado responde a los parámetros técnicos de la obra contratados. Así, se establece un canal de comunicación permanente en garantía de la transparencia en la realización de la obra contratada y en aras de la preservación del equilibrio de la ecuación contractual.

 

De no cumplirse por parte del contratista lo pactado en el contrato de obra, así se lo hará saber el Interventor, quien con base en la información y la revisión de la obra ejecutada, determinará si ésta responde a lo pactado en el contrato, dando cuenta de lo sucedido al contratante, e informando igualmente al contratista.

 

De esta manera, la realización de una obra no significa que la misma sea y deba ser aceptada por la administración, pues debe recordarse que ésta realiza y vela por los intereses generales de la comunidad, es decir, porque la obra responda a los lineamientos del contrato y satisfaga de manera cabal  las necesidades que dieron lugar a la contratación.

 

Así las cosas la obra contratada deberá ejecutarse de conformidad con los lineamientos jurídicos y técnicos estipulados en el contrato y esta no podrá modificarse o adecuarse a los intereses y necesidades del contratista.

 

Siempre que el contratista incumpla sus obligaciones, el Interventor así se lo hará saber y podrá exigirle que subsane los errores o inconsistencias que se presenten en el ejecución del contrato de obra, además le informará que su actuación no se ciñe a lo pactado en el contrato de obra, y que podrá ser objeto de la imposición de multas o sanciones, llegando incluso a declarar la caducidad administrativa del mismo.

 

Así, bajo estos lineamientos generales, la gestión del Interventor consiste en velar porque la obra contratada se ejecute en los términos y con las especificaciones técnicas previamente acordadas.

 

 Por su parte el contratista, tendrá la obligación de ejecutar el contrato de obra tal y como lo acordó en el contrato y podrá exigir al final de su ejecución o en el trámite del mismo los pagos acordados, pero, se advierte, deberá estar presto a subsanar y a corregir los errores u omisiones en que haya incurrido en la realización de la obra, so pena de ser sancionado tal y como lo establecen las normas para tales efectos.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

 

EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS

 

RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- SENTENCIA C-037/03.- 4.1.2.3  El objeto del contrato de interventoría y la atribución al contratista  de potestades  que implican  el ejercicio de funciones públicas.

 

De acuerdo con el  numeral primero del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 dentro de los derechos y deberes de  las entidades estatales para la consecución de los fines  de la contratación estatal  se encuentra el de exigir al contratista  la ejecución idónea y oportuna del contrato.

 

Así mismo de acuerdo con el numeral 1 del artículo 26 del mismo estatuto  los servidores públicos  están obligados  a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución  del objeto del contrato  y a proteger los derechos  de la entidad, del contratista  y de los terceros que puedan  verse afectados  por la ejecución del contrato.

 

Para efectos de dicha vigilancia  la administración contratante puede designar uno de sus servidores, que asume la labor de interventoría  de un contrato determinado. En su calidad de servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual  en los términos de la Constitución y la ley.

 

La entidad puede también  contratar  los servicios de un particular para realizar la interventoría del contrato, bien, porque la ley así se   lo exija, -para los contratos de obra  que se  hayan sido celebrado como resultado de un proceso de licitación o concurso (art 32-1 de la Ley 80),  bien por decisión de la entidad, -luego de  que se certifique la inexistencia  de personal de planta para desarrollar las actividades que se pretenden contratar (parágrafo 1 del articulo 32 de la Ley 80)- .

 

Particular  al que se acude en función de sus conocimientos técnicos, que necesariamente  deberá estar  inscrito, clasificado y calificado en el registro  de proponentes, como cualquier otro contratista  al tenor de lo dispuesto en el artículo 22-1 de la Ley 80.

 

En estas circunstancias, se deberá  celebrar un contrato de interventoría,  en el que se pactará, en el marco de la libertad de estipulación a que alude el artículo 40 de la Ley 80, el cumplimiento de las funciones que las partes consideren necesarias y convenientes.

 

Sobre el objeto mismo del contrato y sobre  la cláusulas que en ellas puedan pactarse, cabe señalar que contrariamente  a lo que sucedía con las normas de contratación anteriores a la ley 80, que  regulaban con cierta precisión  dicho contrato,  el estatuto vigente  señala solamente  en el artículo 32  que “en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53” del mismo estatuto. 

 

La misma norma, luego de definir los contratos de consultoría como aquellos que “celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”, señala que son contratos del mismo tipo “los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”.

 

Precisa  finalmente el mismo artículo  que “ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente” y que será obligatorio para el interventor “entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato”.

 

Por su parte el artículo 53 de la ley 80 señala que  los consultores, interventores y asesores externos responderán  civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas  del contrato de consultoría, interventoría o asesoría,  como por los hechos  u omisiones que les fueran imputables  y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría.

 

Así mismo el artículo 56 del mismo estatuto señala que para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos.

 

Norma  esta última que fuera  declarada exequible por esta Corporación en la Sentencia C-543/98 en la que empero se precisó que el artículo referido asimila la conducta del particular a la de un servidor público sólo para efectos penales; y que otro tipo de responsabilidad derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continuaba  predicando  por la Corporación con exclusividad de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria.

 

Por tratarse de un particular, precisamente, como ya se señaló, solo en el caso de que se le atribuyan  prerrogativas que puedan considerarse el ejercicio de  funciones públicas cabe someter a dicho particular a la Ley disciplinaria.

 

Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al interventor le corresponde  vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su  cabal desarrollo, de acuerdo  con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios.

 

Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública.

 

Téngase en cuenta que el interventor,  como encargado de igilar la buena marcha del contrato,  podrá exigir al contratista la información que estime necesaria; efectuará  a nombre de la administración las revisiones periódicas indispensables  para verificar  que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados  cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas;  podrá dar órdenes que se consignarán necesariamente por escrito; de su actuación dependerá  que la administración  responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente  las medidas  necesarias para mantener  durante su desarrollo  y ejecución  las condiciones técnicas,  económicas y financiaras  que fueron previstas en él,   es decir que  tiene atribuidas  prerrogativas de aquellas que en principio solo corresponden a la Administración, al tiempo que su función se convierte en determinante para el cumplimiento de los fines  de la contratación  estatal.

 

La Corte llama la atención además sobre el hecho de que  el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que  en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con el se persiguen, implica la protección de esos recursos. 

 

Concluye la Corte entonces que en el cumplimiento de las labores de interventoría en los contratos estatales el particular contratista se ve atribuido el ejercicio de una función pública y que en este sentido resulta aplicable en su caso la ley disciplinaria.

 

Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “que realicen labores de interventoría en los contratos estatales” contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

 

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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