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Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

IMPUTACIÓN DEL PAGO

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERO PONENTE: DR. GUSTAVO APONTE SANTOS, BOGOTÁ D.C., NUEVE (9) DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS (2006), REFERENCIA: RADICACIÓN NÚMERO 1.711.- 3. JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA DE IMPUTACIÓN DEL PAGO: Igualmente en sentencia proferida el 11 de octubre de 2001 dentro del expediente 12391, se reafirmó el contenido del artículo 1653 del Código Civil, en los siguientes términos: "De otro lado, al establecer cuál es la suma que debe actualizarse, se tomarán en consideración los pagos hechos por la entidad demandada, para determinar el monto del capital insoluto, debiendo hacerse la imputación del pago efectuado primero a los intereses debidos y luego a capital, acorde con lo dispuesto por el artículo 1653 del Código Civil".

 

Reiterando lo anterior, en providencia del 26 de abril de 2002, expediente No. 12721 se manifestó: "Al examinar las cláusulas del contrato, en primer lugar se advierte, que las partes no pactaron qué intereses se generarían en caso de incumplimiento en los pagos a que se obligó la demanda, ante lo cual resultan aplicables los supuestos de que tratan los artículos 4 del ordinal 8 de la Ley 80 de 1993 y 1 del decreto 679 de 1994, en razón a que para la época de la suscripción del contrato no existía norma que regulará específicamente la materia que originó esta controversia. De otro lado, al establecer cual es la suma que debe actualizarse, se tomarán en consideración los pagos hechos por la Entidad demandada, para determinar el monto del capital insoluto, debiendo hacerse la imputación del pago efectuado primero a los intereses debidos y luego a capital, acorde con lo dispuesto por el artículo 1653 del Código Civil" (negrilla fuera del texto original)

 

Y recientemente, en sentencia proferida en el año 2005, por la misma Sección Tercera, expediente 26948, al revisar la forma como se determinó el valor del capital insoluto de una obligación, reafirmó su posición, así: "Del acta suscrita por las partes, el seis de noviembre de 2001, se deduce que fueron pagados todos los intereses debidos hasta esa fecha y que quedó pendiente de pago un saldo de capital por la suma de $124.044.856.35, suma sobre la cual no existe discusión. Sin embargo, el Tribunal se limitó, en la sentencia impugnada, a restar la suma pagada por consignación como aporte a capital, sin entrar a considerar los intereses moratorios, que de acuerdo con el mandato de pago, debían cobrarse a partir del 20 de noviembre de 2000, a la tasa prevista en el numeral 8º del artículo 4º de la ley 80 de 1993 (folios 74 a 76).

 

"En el presente caso, el tribunal se equivoco al aplicar únicamente a capital la suma abonada en el pago por consignación, sin tomar en cuenta los intereses moratorios reconocidos, dado que el artículo 1653 del Código Civil dispone que el pago debe imputarse primero a intereses y luego a capital". (negrilla fuera del texto original)

 

Pese a que las consideraciones expuestas en relación con la regla aplicable para realizar debidamente la imputación del pago que realice la administración por concepto de sus obligaciones pecuniarias, resulta suficientes para afirmar que ante la falta de previsión en estatuto contractual de una regla especial que permita deducir sin lugar a dudas cómo debe procederse para la imputación del pago intereses o capital, es aplicable la regla prevista en el Código Civil, la Sala considera adicionalmente que ante la existencia de un vació legal en materia de imputación, se debe aplicar la regla prevista en el artículo 13 de la ley 80 de 1993, según la cual: "los contratos que celebren las entidades estatales a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley", lo cual conduce a consolidar la tesis sobre la procedencia de la aplicación de la regla consagrada en el artículo 1653 del Código Civil, a falta de estipulación en contrario o del silencio que se haya guardado en el contrato respectivo.

 

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