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Esta página contiene cuatro (4) jurisprudencias

 

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{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

MAYOR CANTIDAD DE OBRA

 

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS

 

OBRAS ADICIONALES Y CONTRATO ADICIONAL

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, Bogotá D.C, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación número: 66001-23-31-000-1993-03387-01(16371)

 

59. De acuerdo con lo anterior, resulta necesario establecer si el demandante tiene derecho o no al reconocimiento de esas obras adicionales y a las mayores cantidades de obra ejecutada, teniendo en cuenta que el sólo hecho de su existencia no significa necesariamente el derecho del contratista a reclamar su pago.

 

60. Para que sea procedente la condena de la entidad al pago de las obras ejecutadas por fuera de lo expresamente pactado en el contrato, tal y como sucede con las mayores cantidades de obra –entendidas éstas como la ejecución de mayores cantidades de unos ítems que sí han sido contemplados en el contrato- o con las obras adicionales –es decir aquellas carentes de consagración en el contrato y para las cuales resulta necesario establecer los nuevos precios unitarios- se requiere que su construcción no haya obedecido a la simple iniciativa autónoma del contratista, pues él está obligado por los términos del negocio jurídico celebrado con la administración y sólo debe realizar las obras en la cantidad y clase allí estipulados, salvo que de común acuerdo y en forma expresa, las partes hayan dispuesto la realización de mayores cantidades de obra u obras adicionales o que la entidad, en ejercicio de su facultad de modificación unilateral, así lo hubiere decidido a través del respectivo acto administrativo. De lo contrario, la clase y cantidad de obras, serán las contempladas en el contrato y a ellas se debe atener el contratista.

 

61. Lo anterior, por cuanto “(…) ha sido criterio jurisprudencial consistente de la Corporación que para el reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias, las mismas deben haber sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante[3], aquiescencia que debe demostrarse en los términos antes expuestos cuando ellas se reclaman”[4].

 

(…)   66. En tales condiciones, si bien en virtud del principio de la buena fe que debe informar a los contratos de la administración, cuando ésta es quien induce al contratista a ejecutar obras por fuera de los precisos términos del contrato sin haber perfeccionado formalmente tal modificación y recibe a satisfacción tales obras, por ser indispensables para la ejecución del objeto contractual[5], ella está en el deber de responder frente al contratista por el valor de las mismas, cuando es por la decisión autónoma e independiente del contratista que éste ejecuta tales obras extracontractuales, no puede aspirar a comprometer la responsabilidad de la administración, por esos costos que de manera alguna ella aceptó asumir, directa o indirectamente.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

MAYOR CANTIDAD DE OBRA

 

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS

 

OBRAS ADICIONALES Y CONTRATO ADICIONAL

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, BOGOTÁ, D.C., DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 54001-23-31-000-2002-2170-01(22178).- Para la Sala no es claro si tales obras son realmente obras adicionales o corresponden más bien a mayores cantidades de obra ejecutada, circunstancia que no puede ser desconocida puesto que unas y otras obedecen a hipótesis distintas y, por ende, adquieren implicaciones jurídicas propias.

 

En efecto, en los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada supone que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una “prolongación de la prestación debida”, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual.

 

Esta situación justifica que en determinados casos se celebren contratos adicionales, o que, si esto no ocurre, se restablezca la ecuación contractual ya sea al momento de liquidar el contrato, o a través de la acción judicial correspondiente, a condición, claro está, de que si el contrato fue liquidado por las partes de común acuerdo, el contratista se haya reservado el derecho a reclamar por ello.

 

En cambio, la realización de obras adicionales supone que éstas no fueron parte del objeto del contrato principal, y por lo tanto implican una variación del mismo; se trata entonces de obras nuevas, distintas de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución, en determinadas circunstancias resulta necesaria.

 

Por tal razón, si para éstas no se celebra contrato adicional, ni son reconocidas al momento de liquidar el correspondiente contrato, su reclamación resulta procedente en virtud del principio que prohíbe el enriquecimiento sin justa causa, para lo cual debe acudirse a la acción de reparación directa. En este caso se puede concluir, que el pago que se reclama corresponde realmente a mayores cantidades de obra ejecutada, y no a obras adicionales. 

 

Siendo esto así, ¿cómo saber realmente cuál fue la “mayor cantidad” de obra, si en el acta de recibo final no figuran las cantidades y costos de la obra ejecutada, requisito éste que se exige en la cláusula trigésima segunda del contrato principal?.  Además de éste vacío probatorio, se advierte también que en el acta de liquidación final del contrato no quedó reflejada tal situación,  y que el contratista la suscribió sin hacer reserva alguna al respecto.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

EQUILIBRIO EN CONTRATOS A PRECIO GLOBAL

 

Ver Jurisprudencia 2.011

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil siete (2007). Radicación número: 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854).- .5  Del contenido de estos textos positivos, debe entenderse que el equilibrio o equivalencia de la ecuación económica del contrato tiene como finalidad garantizar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta, en el caso de que se haya adelantado el procedimiento de la licitación o de contratar cuando la selección se hubiere adelantado mediante la modalidad de contratación directa; dicha equivalencia puede verse afectada por diversas causas que pueden ser imputables al contratista, a la Administración o a factores externos a las partes, cuando les haya sido imposible prever tales circunstancias.

 

Esta figura de protección al patrimonio de las partes que intervienen en el negocio jurídico, encuentra fundamento en la conmutatividad de los contratos o equivalencia que puede establecerse entre las prestaciones recíprocas que asumen las partes, pero todo ello referido al momento y en el contexto integrado por las circunstancias que constituyeron el marco dentro del cual las partes llegaron al acuerdo que determinó la celebración misma del correspondiente contrato, por manera que si durante su ejecución y por variación de tales prestaciones, circunstancias o condiciones, para una de dichas partes la ejecución del vínculo le representa la asunción de prestaciones o de cargas significativamente mayores o adicionales en relación con las originalmente convenidas, será menester restablecerse el equilibrio financiero que se ha visto afectado.

 

El principio de la equivalencia de las prestaciones durante la ejecución del contrato también tiene aplicación en los contratos de obra pública denominados a precio global

 

(…) Esta modalidad del contrato de obra pública, cuya remuneración consistía en una suma global fija y mediante la cual el contratista asumía la responsabilidad por aquellas actividades propias de la ejecución de la obras, como lo son la vinculación del personal, la celebración de subcontratos, la obtención de materiales y que para el cumplimiento de estas actividades actuaba bajo su propia cuenta y riesgo, dejando a salvo la responsabilidad de la Administración por los actos de su contratista, no significaba que éste tuviera la obligación de asumir o soportar todos los riesgos o cargas que se derivaran del contrato a precio global por circunstancias que no eran imputables a su conducta y que se salían del ámbito de su control, tal como lo sostuvo la jurisprudencia de la Sección Tercera al desatar un asunto similar al que hoy ocupa la atención de la Sala:

 

“En aplicación del principio general de la equidad, no puede atribuirse de manera exclusiva al contratista los efectos que produce la presencia de áleas en un contrato estatal, entendidas estas como los riesgos que pueden alterar la economía original de los contratos. El derecho moderno reconoce y protege los intereses legales y justos que movieron al particular a suscribir el contrato con la administración. Por otra parte, cabe afirmar que la modalidad de “precio global” lo que pone de presente son los elementos o aspectos que él envuelve o comprende, pero nunca podrá entenderse como la rigidez inmutable que impida llevar a cabo los desajustes de contenido económico, originados en causas sobrevinientes, eso sí, no imputables al contratista.

 

La anterior acotación viene al caso por cuanto el contrato de obra No. 051 de 1991, que ahora es materia de cuestionamiento, se pactó bajo la modalidad de precio global; sin embargo, el valor pactado en este contrato no consistía en una suma fija e inmodificable y, muy por el contrario, en él se estipularon varias cláusulas de cuyo contenido claramente se evidencia la viabilidad de acudir a la aplicación del principio de la ecuación financiera o equivalencia de prestaciones; así, en la cláusula tercera, después de determinarse el precio del contrato, se agregó: “no obstante el valor definitivo será el valor global pactado más el valor de las obras no previstas, las cuales previamente hayan sido aprobadas por el IDU, y los reajustes a que tenga derecho el contratista”. Así mismo, en la cláusula quinta se estipuló la revisión de precios de las actas de obra “en función de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas consignadas en el numeral 15.8 de los pliegos de condiciones de la licitación.”

 

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

MAYOR CANTIDAD DE OBRA

 

PRECIO GLOBAL

 

PRECIOS UNITARIOS

 

CLÁUSULAS CONTRADICTORIAS 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, ABRIL VEINTINUEVE (29) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999). CONSEJERO PONENTE: DOCTOR DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 14855.- En el presente caso, como se indicará en detalle en capítulos posteriores, se presentó un desequilibrio financiero del contrato de obra pública celebrado entre las partes, originado en el comportamiento de la administración, que al actuar como contratante, incurrió en acciones y omisiones que rompieron la correspondiente ecuación económica del contrato.

 

(…)

 

 LA MAYOR CANTIDAD DE OBRA.- Pretende el actor que el IDU le reconozca y pague la mayor cantidad de obra que tuvo que ejecutar como consecuencia de los cambios y variaciones sufridos en el proyecto propuesto, que surgió por la intervención de la Secretaría de Salud del Distrito, propietaria legal del proyecto.

 

El demandado se opuso a la anterior pretensión con fundamento en que no dió su aprobación para que el actor construyese la mayor cantidad de obra cuyo reconocimiento y pago reclama.

 

(…)

 

Son varios los medios de prueba demostrativos de que el IDU y la Secretaría de Salud de Bogotá ordenaron la construcción de mayores cantidades de obra y recibieron a entera satisfacción todas las obras entregadas por la firma contratista. Con todo, gran parte de esa ampliación del objeto material del negocio jurídico se negó a pagarlo el IDU., más por concepciones de orden jurídico que por no coincidir con la realidad.

 

(…)

 

Como quedó referido, las partes celebraron tres contratos adicionales. Mediante el N° 1 del 27 de marzo de 1989 , por medio del cual se prorrogó el plazo por tres meses, con el N° 2 del 28 de junio de 1989 se prorrogó por tres 3 meses mas, y con el contrato adicional N° 3 del 19 de octubre de 1989, se aumentó el valor del contrato en $32.669.750,00.

 

La primera prórroga del contrato se motivó en las modificaciones hechas al proyecto arquitectónico a solicitud de la Secretaría de Salud de Bogotá, lo cual impidió el normal desarrollo de las obras y la paralización de las mismas en algunas zonas, así como también por las fuertes lluvias ocurridas en Noviembre y Diciembre de 1988, que trastornaron el ritmo ordinario en la ejecución del contrato. Vale decir, ambas circunstancias ajenas al contratista e imputables jurídicamente a la entidad contratante.

 

La segunda prórroga fue motivada por la adición de las obras en 99,12 m2, que se produjo por las modificaciones arquitectónicas solicitadas por la Secretaría de Salud de Bogotá en las áreas de cirugía, cafetería, depósito, almacén y cocina, que determinaron la demolición de lo construido, la ejecución de la nueva construcción y variaciones en los acabados con respecto a lo inicialmente convenido.

 

También se trata de causas imputables a la contratante y extrañas al contratista.

 

(…)

 

Al estudiar las pruebas antes referidas, la Sala encuentra que el IDU ordenó las mayores cantidades de obra durante el desarrollo del contrato, y las recibió de conformidad, como consta en el acta N° 6 de recibo final de obra y en el acta de liquidación del contrato.

 

Del contrato de obra pública suscrito entre las partes se derivan obligaciones recíprocas es un contrato, al decir de algunos doctrinantes sinalagmático perfecto en los cuales las partes se sujetan al cumplimiento de obligaciones recíprocas que constituyen, respecto a cada una de ellas, el equivalente de la prestación recibida.

 

(…) El contrato es conmutativo cuando la ventaja que cada una de las partes obtiene del contrato es susceptible de ser evaluada por ellas en el momento de la conclusión del acto;"

 

Es por esta característica propia del contrato de obra pública, que la Sala encuentra al IDU obligado a reconocer y pagar la mayor cantidad de obra recibida, pues consciente como era de que cada metro cuadrado de obra tenía un valor pactado deducible del valor global acordado, no es de recibo considerar que el IDU "creyó" que las mayores cantidades eran una donación o un "regalo" del contratista.

 

No es dable suponer que, en presencia de un contrato oneroso y conmutativo, un contratante reciba a entera satisfacción más de lo acordado inicialmente, y pretenda no reconocer y pagar el exceso. Esto escapa al principio de la buena fé que debe gobernar las relaciones negociales y la equidad como regla general de derecho que gobierna todos los actos y negocios jurídicos, especialmente los estatales.

 

Y al ordenar y recibir estas mayores cantidades de obra, el IDU se obligó a pagarlas, así no lo haya reconocido expresamente en el acta 06 de recibo final, porque el contrato en estudio, se reitera, es un contrato conmutativo toda vez que la cuantía de las obligaciones de las partes es inmediatamente cierta, pudiendo cada una de ellas apreciar de momento el provecho económico o la pérdida que el contrato le ha de reportar."

 

(…)

Lo pactado en las cláusulas referidas permite afirmar que no se trataba de un típico contrato de los que antaño se conocían como de "precio global", toda vez que en el texto del contrato se señalaron procedimientos de ajuste de precios, propios de los contratos que se pactan a precios unitarios; se hace referencia a cantidades adicionales de obra y a nuevas obras, bien fuere de las que constituyen el objeto del contrato, o, de naturaleza distinta.

 

Frente a cláusulas abiertamente contradictorias, el Código Civil establece en su artículo 1620, aplicable al contrato estatal (art. 13 ley 80 de 1993), que: "El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno."; lo cual permite señalar que, en el caso concreto, debe preferirse en la interpretación del contrato, lo acordado por las partes en las cláusulas quinta y sexta, por sobre lo señalado en la cláusula primera del mismo en lo que se refiere a la modalidad de "precio global".

 

Incluso, de aceptarse que el contrato es típicamente a "precio global", tal circunstancia no permitiría el desconocimiento del derecho que le asiste al contratista de reclamar el pago de las mayores cantidades de obra que tuvo que construir, porque fueron ordenadas expresamente por la entidad contratante cuando ya se había iniciado la ejecución del contrato, toda vez que el principio del equilibrio financiero del contrato estatal, acogido por nuestra legislación y jurisprudencia, no tiene por excepción a los contratos de obra pública celebrados bajo la modalidad remuneratoria "a precio global.".

 

En el caso concreto está plenamente demostrado, como quedó consignado atrás, que la mayor cantidad de obra responde a las solicitudes y órdenes de la entidad contratante; y, no son por tanto el resultado de una imprevisión del contratista, ni mucho menos, originadas en el capricho del mismo.

 

A esta altura del fallo resulta altamente ilustrativo referir lo manifestado por esta Sala en la sentencia 9347 del 29 de agosto de 1996, Actor Sociedad Hidroelectric de Colombia y otro. MP: Carlos Betancur Jaramillo, en la cual se condenó a misma entidad hoy contratante, a pagarle al contratista el valor de las obras adicionales ordenadas por la entidad en desarrollo del contrato de obra pública convenido "a precio global". Se dijo entonces:

 

"El punto central del debate en el sub iudice consiste en determinar si el contratista ejecutó mayores cantidades de obra de las convenidas y si la contratante debía pagárselas. La admisión de dicho punto por el tribunal constituye el fundamento para decretar la nulidad de la resolución de liquidación unilateral del contrato, toda vez que dicho acto desconoce la mayor cantidad de obra que, de acuerdo con el a-quo se presentó en el contrato. A este punto se referirá la primera parte de la sentencia, en la cual se estudiará también la petición sobre el reajuste de las sumas correspondientes a las obras adicionales reclamado en el recurso interpuesto por la parte actora.

"..."

"A juicio de la Sala, de las pruebas que obran en el expediente puede determinarse que el contratista, en efecto, llevó a cabo obras adicionales que deben serle pagadas por la entidad contratante; razón por la cual deberá confirmarse la declaratoria de nulidad de la resolución de liquidación decretada en la primera instancia.

 

"1.- El contrato materia del presente proceso, comprendía tanto el diseño, como la construcción de una obra pública, tareas que podían ser asignadas a un mismo contratista sólo cuando ellas se licitaran y contrataran conjuntamente, de acuerdo con la excepción prevista en el artículo 85 del decreto 222 de 1.983. 

 

"Textualmente, su objeto consistió en "elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y sanitarios, eléctricos y demás requeridos y la construcción para (sic) el centro de Servicios Sociales Integrados Arborizadora Alta, de conformidad con las especificaciones de que trata el numeral 3.1 de las condiciones particulares de los pliegos de licitación y a ejecutar a precio global las obras necesarias de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados en los pliegos de condiciones de la licitación, planos de diseños y / o de construcción y bajo las condiciones estipuladas en este contrato." (Subraya ahora la Sala).

 

"2.- En el pliego de condiciones correspondiente a la licitación que precedió la celebración del contrato (cdno 4 ) se exigió a los proponentes la presentación de un anteproyecto arquitectónico (f. 38 c.4) que se ajustara a las especificaciones señaladas en el propio pliego; y el área total de la construcción se determinó en 3.150 M2 (f.9 c.4), precisándose lo correspondiente a cada uno de los componentes del proyecto (f. 36 c.4).

 

"3.- En cuanto al valor se expresó en el pliego que se trataba de un contrato a precio global y se hizo la siguiente advertencia que fue ratificada en el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato: "El valor total de la propuesta, será la suma de los valores que resulten de multiplicar las cantidades de obra de cada ítem según diseño del proponente, por los precios unitarios correspondientes más el valor del AIU propuesto." 

 

"La subestimación u omisión de cualquier costo en cualquier ítem de la propuesta no constituye argumento válido para solicitar reconsiderasen total del valor global de la misma."

 

"4.- La advertencia anterior no puede significar, como lo señala la entidad demandada, que el precio fijado en el contrato no pudiera ser modificado en los casos en que el contratista se viera obligado a realizar obras adicionales; el propio pliego, respecto de tal posibilidad, señala: "Durante la ejecución del contrato, el IDU podrá ordenar las modificaciones de planos, especificaciones y cantidades de obra, por factores de orden técnico. Estas modificaciones deberán acordarse mediante actas de las cuales se remitirá copia al BIG para su conformidad.... Cuando por razón de cambios ordenados por el IDU en las especificaciones o por otras causas imprevistas, haya necesidad de modificar el valor o el plazo estipulado en el contrato, las partes celebrarán un contrato adicional de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal Distrital.

 

El valor adicional no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada, más el valor de los reajustes causados a la fecha de acordarse la adición." (Subrayas de la Sala)

 

"5- Ahora bien, lo que quedaba por determinar entonces era si efectivamente el IDU había ordenado la realización de obras nuevas, y por lo tanto, sí estaba en la obligación de celebrar un contrato adicional para cubrir los costos de dichas obras.

 

"Dicha determinación resultaría fácilmente verificable teniendo en cuenta simplemente el área de construcción establecida en el contrato y la realmente ejecutada por el contratista; pero en el sub iudice, dado que en el mismo contrato se convino el diseño de la obra y su ejecución, en él no estaba aún determinada el área que debía construirse, pues ella sólo quedaría definitivamente establecida al momento en que se aprobara el diseño arquitectónico de la obra; esto es cuando se ejecutara la primera parte del contrato.

 

"Para determinar, entonces, este punto debe acudirse a los parámetros indicados en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada por la sociedad contratista en el proceso licitatorio. Determinada el área solicitada por la contratante y la ofrecida por el contratista en su propuesta, puede concluirse sobre qué área de construcción versó el contrato, para compararla con la realmente ejecutada y determinar si existió o no obra adicional.

"..........."

"7.- Las conclusiones adoptadas por los peritos están respaldadas por las pruebas que a continuación se enumeran, de las cuales puede concluirse que efectivamente la contratante había ordenado obras adicionales; y que demuestran además un comportamiento inadecuado y de mala fe de la entidad contratante, al negarse a suscribir un contrato adicional y a reconocer el valor de dichas obras al contratista."

 

Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará bien probada la construcción ordenada por el contratante de una mayor cantidad de obra a la contratada inicialmente, y condenará a la entidad contratante al pago correspondiente, de conformidad con la liquidación que se hará a continuación.

 

Liquidación

 

El precio unitario: Para conocer el precio unitario por metro cuadrado construido, pactado al inicio del contrato, se toma el valor del contrato y se divide por el área total contratada inicialmente.

 

$482'534.341,30 (Valor Total de la Propuesta)=    $89.607,12/m2

5.385 m2. (Área total propuesta)

Mayor Área sin reconocer

El Área total construida                      6.093,82

El área inicialmente contratada fué de           5.385,00

El área adicional reconocida y pagada           99,13

TOTAL ÁREA RECONOCIDA Y PAGADA          5.484,13

Diferencia entre Área Total Construida

y Área Total reconocida y pagada              6.093,82 - 5.484,13

TOTAL ÁREA DIFERENCIA                    609,69

Calculo de la cantidad a pagar:

609,69 M2 x $89.607,12/m2=                 $54. 632.569,99/m2

Capital adeudado por concepto de mayor

cantidad de obras, a 30 de julio de 1990 =      $54. 632.569,99/m2

 

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[3] [65] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de mayo de 1996, Exp. No.  10.151. Igualmente, en Sentencia de 29 de agosto de 2007, Exp. 15.469, se enunciaron estos mismos criterios de necesidad de la autorización y recibo a satisfacción respecto de obras adicionales no amparadas en el contrato, pero que resultaban esenciales para la obra, como presupuesto para que proceda algún reconocimiento”.

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[5] Como lo dijo la Sección en otra ocasión: “Sucede que en el caso sub lite, las obras adicionales que fueron autorizadas por la Administración, construidas y entregadas por el contratista a satisfacción de la entidad contratante, presentan especiales características, en la medida que resultan esenciales e inherentes a la infraestructura misma que fue construida, es decir, son de su naturaleza, toda vez que para acometer la obra principal resultaba indispensable realizarlas de manera previa o concomitante o de lo contrario resultaría imposible cumplir con la ejecución de la obra contratada. (…) Cabe resaltar que en este caso especial y concreto resulta procedente el reconocimiento y pago de las obras adicionales con fundamento en el principio de la buena fe y la equivalencia de las prestaciones mutuas, que deben orientar la relación contractual, toda vez que, en esta situación excepcional y única, la ausencia de la formalidad del contrato escrito no puede constituirse en pretexto, para que la Administración desconozca el pago de obras adicionales al contratista que obró de buena fe e hizo prevalecer el interés general frente a sus propios intereses…”, sentencia del 29 de agosto de 2007, expediente 15.459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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