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Esta página contiene cuatro (4) jurisprudencias

 

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{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

HECHO DEL PRÍNCIPE

 

TRIBUTO SOBREVINIENTE

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, BOGOTÁ, D.C., DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 15119.- Sobre esta teoría, la Sala manifestó en la mencionada providencia, recogiendo abundante doctrina al respecto, que se presenta un hecho del príncipe cuando el Estado expide una medida de carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración del contrato y que incide en forma directa o indirecta en el mismo, alterando en forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera surgida al momento de proponer el contratista su oferta o celebrar el contrato, precisando sin embargo, que  “... sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. Cuando la misma proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión”.

 

Y en este punto se observa que, si bien para que se pueda predicar la existencia del hecho del príncipe se exige que la medida que incide de manera gravosa en el contrato provenga de una autoridad distinta de la contratante, debe tenerse en cuenta que en algunas ocasiones, esa persona jurídica contratante actúa a través de distintos representantes, sin que por ello pierda su unidad e identidad, por lo cual, para efectos de determinar la existencia del hecho del príncipe, ella sigue siendo una misma autoridad administrativa, actuando a través de dos de sus órganos y en tal caso, será procedente alegar dicha teoría cuando la actuación de uno de éstos, incide en el contrato suscrito por el otro, a nombre de la persona jurídica pública a la que ambos pertenecen; al respecto, la doctrina francesa ha dicho:

 

“1302.- La noción de autoridad contratante.- ¿Bajo qué condición la autoridad que ha intervenido podrá ser ella considerada como no ajena a la administración contratante? ¿Qué debe entenderse aquí por administración contratante o signataria del contrato?

 

Es en un sentido amplio que se deben entender estas últimas expresiones. Es suficiente para que pueda invocarse el hecho del príncipe, que la intervención emane de un órgano de la persona pública que ha celebrado el contrato.

 

Así, las autoridades del Estado (nación) son ‘ajenas’ a los contratos celebrados por los Departamentos, los municipios, o los establecimientos públicos: pero las repercusiones sobre un contrato celebrado por un ministro, de las medidas celebradas por otro ministro, entran en la teoría del hecho del príncipe.

 

Las medidas tomadas por el legislador y que afectan los contratos celebrados por el Estado son también pasibles del hecho del príncipe porque el Parlamento es un órgano del Estado al mismo título que las autoridades ejecutivas: por provenir de órganos diferentes, las medidas en causa emanan siempre de la misma persona pública. Veremos que disposiciones legislativas pueden efectivamente, con ciertas condiciones, dar lugar a la aplicación de la teoría del hecho del príncipe.

 

Un ejemplo muy ilustrativo de estas hipótesis lo constituye la legislación sobre los precios: cuando sea el ministro de economía quien, sobre la base de la Ordenanza de 30 de junio de 1.945 congela las tarifas de una concesión celebrada por el ministro de desarrollo, o bien sea el legislador mismo quien bloquea las cláusulas de variación económica insertas en los contratos públicos, se estará en presencia de disposiciones tomadas por otros órganos del Estado: el hecho del príncipe se configura porque esas disposiciones como esos contratos se celebran siempre en nombre del Estado.

 

En el seno de las colectividades públicas secundarias la diferenciación de los órganos es menos fuerte. Ella siempre comporta al menos la del órgano deliberante y del órgano ejecutivo. Un contrato, si es firmado por el segundo, debe ser aprobado normalmente por el primero. Puede ocurrir que solo el órgano ejecutivo, en virtud de poderes que le son propios, tome medidas que tengan consecuencias sobre el contrato, por ejemplo el alcalde en virtud de su poder de policía.

 

En la hipótesis del ‘desbordamiento funcional’, en que un mismo órgano está habilitado para intervenir en nombre de dos personas públicas distintas, es importante distinguir a qué título toma la medida que afecta el contrato. Si la adopta a nombre de la persona pública contratante, la teoría del hecho del príncipe puede jugar; si lo hace a nombre de otra persona pública, la teoría no será aplicable. Ya se han citado ejemplos con los fallos Ville de Toulon y Cie de chemin de fer de Bayonne à Biarritz, relativos a actos expedidos por las autoridades francesas por cuenta de autoridades extranjeras. Se encontrarán otros con los actos expedidos por los agentes de las colectividades locales a nombre del Estado o por agentes del Estado en nombre de las colectividades locales ...

 

Teniendo en cuenta, a la vez, la gran diversidad de los órganos del Estado, que no afecta la unidad de su personalidad, y de la importancia de sus intervenciones, que son susceptibles de afectar muy a menudo los contratos, la condición relativa a la autoridad contratante debe conducir a hacer obrar la teoría del hecho del príncipe más para los contratos del Estado que para los contratos de otras personas públicas: para los unos esta condición queda satisfecha con mayor frecuencia que para los otros”.

 

 De tal manera que, si la medida proviene de otra autoridad pero que pertenece a la misma persona jurídica contratante, será posible hablar de la existencia del hecho del príncipe, siendo el caso típico el de la Nación, persona jurídica que actúa a través de diversos representantes, pero sin dejar de ser ella misma quien toma las decisiones o asume las obligaciones contractuales correspondientes, así como la responsabilidad que de las mismas se pueda derivar. 

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

HECHO DEL PRÍNCIPE

 

NUEVO TRIBUTO 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D. C., ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 76001-23-31-000-1996-01012-01(16433).- Al abordar el análisis del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión como factores que alteran el equilibrio financiero del contrato, la sala frente a estos fenómenos precisó lo siguiente:

 

“1.1 El hecho del príncipe “(...) El hecho del príncipe como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación financiera del contrato, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos:

 

a. La expedición de un acto general y abstracto.

 

b. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.

 

c. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia de la vigencia del acto.

 

d. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del contrato."

 

En relación con la condición de la autoridad que profiere la norma general, para la doctrina y la jurisprudencia francesa el hecho del príncipe (le fait du prince) se configura cuando la resolución o disposición lesiva del derecho del cocontratante emana de la misma autoridad pública que celebró el contrato, lo cual permite afirmar que constituye un caso de responsabilidad contractual de la administración sin culpa. La justificación de esta posición radica en la ausencia de imputación del hecho generador del perjuicio cuando éste proviene de la ley, por cuanto el autor del acto (Nación, Congreso de la República) puede ser distinto de la administración contratante. No obstante no se priva al contratista de la indemnización, ya que podrá obtenerla a través de la aplicación de la teoría de la imprevisión.

 

Al respecto sostiene Riveró: “La teoría no interviene jamás cuando la medida que agrava las obligaciones del cocontratante emana no de la persona pública contratante, sino de otra persona pública, por ejemplo, cuando un decreto acto del Estado, agrava, en materia social, la situación de los cocontratantes de las colectividades locales. En este caso, hay una asimilación del álea administrativo al álea económico y la aplicación eventual de la teoría de la imprevisión.

 

La teoría puede intervenir cuando la persona pública contratante dicta una medida general que agrava las cargas del cocontratante; pero esto no sucede sino cuando la medida tiene una repercusión directa sobre uno de los elementos esenciales del contrato (por ejemplo: creación de una tarifa sobre las materias primas necesarias a la ejecución del contrato)".

 

(…)

 

La Sala considera que sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. Cuando la misma proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión.

 

Con respecto a los otros supuestos de la teoría, la norma debe ser de carácter general y no particular, pues de lo contrario se estaría en presencia del ejercicio de los poderes exorbitantes con los que cuenta la administración en el desarrollo del contrato (particularmente el ius variandi) y no frente al hecho del príncipe.

 

El contrato debe afectarse en forma grave y anormal como consecuencia de la aplicación de la norma general; esta teoría no resulta procedente frente a alteraciones propias o normales del contrato, por cuanto todo contratista debe asumir un cierto grado de riesgo.

 

La doctrina coincide en que para la aplicación de la teoría, la medida de carácter general debe incidir en la economía del contrato y alterar la ecuación económico financiera del mismo, considerada al momento de su celebración, por un álea anormal o extraordinaria, esto es, "cuando ellas causen una verdadera alteración o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la contratación y que en ese sentido fue decisiva para el cocontratante", ya que "el álea "normal", determinante de perjuicios "comunes" u "ordinarios", aún tratándose de resoluciones o disposiciones generales, queda a cargo exclusivo del cocontratante, quien debe absorber sus consecuencias: tal ocurriría con una resolución de la autoridad pública que únicamente torne algo más oneroso o difícil el cumplimiento de las obligaciones del contrato"

 

De ahí que la dificultad que enfrenta el juez al momento de definir la aplicación de la teoría del hecho del príncipe consiste en la calificación de la medida, toda vez que si la manifestación por excelencia del soberano es la ley, no existe, en principio, como consecuencia de ésta responsabilidad del Estado. Ese principio, sin embargo, admite excepciones y se acepta la responsabilidad por acto legislativo cuando el perjuicio sea especial con fundamento en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

 

La expedición de la norma debe ser razonablemente imprevista para las partes del contrato; debe tratarse de un hecho nuevo para los cocontratantes, que por esta circunstancia no fue tenido en cuenta al momento de su celebración.

 

En cuanto a los efectos derivados de la configuración del hecho del príncipe, demostrado el rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal, como consecuencia de un acto imputable a la entidad contratante, surge para ésta la obligación de indemnizar todos los perjuicios derivados del mismo.

 

(…)

 

La contribución especial denominada 'a la seguridad vial' o 'impuesto de guerra', objeto de los reclamos de la sociedad demandante, fue creada por el decreto legislativo No. 2009 del 14 de diciembre de 1992 (expedido con fundamento en el estado de conmoción interior, art. 213 Constitución Política), con el fin de dotar a las fuerzas armadas de fuentes de financiación.

 

El sujeto pasivo o responsable del pago de la contribución especial es el contratista, persona natural o jurídica, que celebre con una entidad de derecho público un contrato para la construcción o mantenimiento de vías públicas o suscriba adiciones al mismo y el beneficiario de la contribución es la Nación, Departamento o Municipio del nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante. Se trata, pues, de una medida de carácter general que se aplica a un sector determinado de la economía: los contratistas del Estado para la construcción o mantenimiento de las vías, gravamen que si bien es cierto fue creado por el legislador excepcional en uso de las atribuciones del estado de conmoción interior (art. 213 Constitución Política), luego el Congreso lo incorporó a la legislación ordinaria y desde entonces tiene fuerza material de ley. 

(…)

 

En sentencia de 29 de mayo de 2.003, sostuvo la sala que era procedente el cobro de la contribución especial en los contratos adicionales, por cuanto las adiciones al valor "fueron formalizadas por las partes de acuerdo con las exigencias del art. 58 del decreto ley 222 de 1983, esto es, suscribieron los respectivos contratos adicionales y se cumplieron los requisitos presupuestales" y, además, por cuanto en ellos expresamente se señaló que a dichos contratos les era aplicable "la contribución especial de que trata el artículo 123 de la ley 104 del 30 de diciembre de 1993". Por consiguiente, si no existía la obligación legal para el contratista de suscribir contratos adicionales para incrementar el valor inicialmente estimado en el contrato principal, como lo alega la parte demandante, "debió, entonces, demandar la declaratoria de ilegalidad de los mismos, en tanto dichos contratos se suscribieron y fueron objeto del cobro de la contribución especial, pues cabe recordar que la ley 104 de 1993 estableció que debían pagarla todas las personas que suscribieran contratos "o celebren contratos de adición al valor de los existentes".

 

También señaló la sala que "si el equilibrio económico del contrato puede lograrse a través de la revisión de precios o ajuste de los mismos, pudo también la sociedad contratista acudir a ese mecanismo, en la medida que los precios inicialmente convenidos hubieran resultado insuficientes para cumplir cabalmente con la ejecución del contrato y haber demostrado el detrimento de la remuneración pactada que alega." 

 

(…) 

 

En el presente caso, por tratarse de un gravamen creado por una ley expedida por el Congreso de la República, que no fue expedida por la entidad pública contratante, el daño no es imputable a una de las partes de la relación contractual y por consiguiente, no puede decirse que se está frente a un hecho del príncipe.

 

No cabe duda, sin embargo, que la medida en mención fue imprevisible para las partes al momento de celebrar el contrato 767 de 1989, pero no lo fue al momento de suscribir los contratos adicionales, como quiera que para ese momento ya se había creado la contribución y así se consignó en los referidos contratos. Se impone, por tanto, el análisis de la teoría de la imprevisión en el caso concreto, en consideración a que la ley 104 de 1993, al no haber sido proferida por la entidad pública contratante, constituyó un hecho externo a las partes, que, de darse en forma concurrente con los otros supuestos de dicha teoría, haría procedente la pretendida declaración de rompimiento de la ecuación financiera del contrato.

 

 En este orden de ideas, es necesario determinar cual fue para la demandante el perjuicio que le causó la aplicación de la ley, al gravar los contratos adicionales que celebró en vigencia de la misma. En el presente caso, no se pretende afirmar que con la partida destinada a imprevistos y obras complementarias la contratista pudo cubrir el nuevo impuesto que afectó los pagos que se le hicieron por concepto de los contratos adicionales, sino que correspondía a ésta demostrar que la partida de gastos imprevistos resultó insuficiente para cubrir el perjuicio económico o disminución de la utilidad que dijo haber sufrido por el pago de la contribución.

 

 La Sala considera que en los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje para imprevistos, le corresponde al contratista, en su propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar que a pesar de contar con esa partida, ésta resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato. Debe, pues, el contratista soportar un álea normal y si éste es anormal habrá de demostrarlo; no basta simplemente afirmarlo y para ello tiene la carga de la prueba consistente, fundamentalmente, en acreditar los riesgos que se hicieron efectivos y los sobrecostos asumidos y cuantificarlos frente al valor del contrato, incluidas las sumas que haya presupuestado en el factor imprevistos; es decir, demostrar la realidad económica del contrato que permita reclamar a la entidad pública contratante el restablecimiento del equilibrio financiero del mismo.

 

Concluye la Sala de lo anterior, que si lo que pretendía la parte demandante era demostrar que con la retención del 5 o/o sobre algunas de las cuentas del contrato, se afectaron las utilidades previstas al momento de su celebración, en forma grave, tal circunstancia no se acreditó suficientemente.

 

 Para determinar si, en efecto, ocurrió el rompimiento del equilibrio económico del contrato, debió la contratista demostrar la incidencia del descuento de la contribución en la utilidad que esperaba, que de paso se advierte, no se sabe en qué porcentaje se fijó en la propuesta (porque ésta no fue allegada), o si era del 9 o/o como se consignó en los contratos adicionales para efectos tributarios. Era necesario, pues, que ese acontecimiento imprevisto hiciera excepcionalmente onerosa la ejecución del contrato, provocando una pérdida que excediera el álea normal y previsible.

 

La doctrina, coincide en señalar que para el restablecimiento del equilibrio económico, sea que se invoque la teoría del hecho del príncipe o la imprevisión, la ecuación económico financiera del contrato, considerada al momento de su celebración, debe alterarse por un álea anormal o extraordinaria.

 

Es cierto que la fijación de nuevos impuestos o su incremento puede afectar el equilibrio económico del contrato, pero es necesario que el contratista pruebe que el mayor valor que asume por la carga impositiva afecta en forma grave y anormal la utilidad esperada, si pretende obtener el restablecimiento de dicha ecuación, que fue lo que en el presente caso no ocurrió.

 

Al no haberse demostrado por el demandante que el cobro de la contribución le causó un daño cierto y especial, que alteró más allá de los áleas normales la ecuación financiera del contrato, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia y negarse las pretensiones de la demanda encaminadas al restablecimiento económico de dicha ecuación.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

AIU

 

ÍTEM DE IMPREVISTOS

 

SOBRECOSTOS

 

DESCUENTO POR NUEVO TRIBUTO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, BOGOTÁ, D.C., DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 15119.- “Si bien es cierto no hay elementos en el expediente para determinar de la partida de imprevistos y obras complementarias que hizo parte del valor del contrato cuánto correspondía a los imprevistos, como quiera que no se allegó la propuesta que presentó la sociedad demandante, la Sala encuentra pertinente hacer algunas precisiones sobre la importancia de ese factor como parte integrante del valor de la propuesta económica del contratista.

 

 La legislación contractual no tiene una definición de lo que debe entenderse por el A.I.U que se introduce en el valor total de la oferta. Sin embargo, no hay duda que la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del contrato y por costos de administración se han tenido como tales los que constituyen costos indirectos para la operación del contrato, tales como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista; el porcentaje para imprevistos, como su nombre lo indica, está destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato.

 

Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del contrato. Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de cobertura, la doctrina, buscando aclarar su sentido, destaca que la misma juega internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y que se admite de esa manera “como defensa y garantía del principio de riesgo y ventura,” para cubrir ciertos gastos con los que no se cuenta al formar los precios unitarios.

 

“El porcentaje de imprevistos significa, pues en su origen, la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se producen en los contratos de obra y que, al no poder ser abonados con cargo a indemnizaciones otorgados por la Administración cuando se produzcan (ya que la técnica presupuestaria lo impediría en la mayoría de los casos), son evaluados a priori en los presupuestos de contrata.  Cubre así los riesgos propios de toda obra, incluidos los casos fortuitos que podíamos llamar ordinarios... El porcentaje de imprevistos es, por tanto, una cantidad estimativa, con la que se trata de paliar el riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, se realicen), y ahí radica justamente el alea del contrato”.

 

En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer  el  porcentaje  que    se   conoce   como   A.I.U  - administración,   imprevistos y utilidades- como factor en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por éste. Existe sí una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa partida, ya que, usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones contractuales rendir cuentas sobre ella.

 

Esto significa que desde la celebración del contrato, al incluirse en el precio una partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos imprevistos que puede enfrentar el contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden afectar su utilidad.

 

En el presente caso, no se pretende afirmar que con dicha partida el contratista pudo cubrir el nuevo impuesto que afectó los pagos que se le hicieron por concepto del valor de los contratos adicionales, sino que correspondía a éste demostrar que la partida de gastos de imprevistos resultó insuficiente para cubrir el perjuicio económico o disminución de la utilidad que dijo haber sufrido por el pago de la contribución.”.

 

 En el presente caso, como ya se observó, en el contrato principal la partida para imprevistos y obras complementarias fue del 20%, sin discriminar; frente al valor total del contrato, en abril de 1995, que era de $ $1.653’478.567,68, el monto que el demandante alega haber cancelado por concepto de la contribución especial, que asciende a la suma de $ 39’112.656,62 (fl. 28), equivale más o menos al 2.36%. Pues bien, en el plenario no se acreditó en qué fue invertido aquel porcentaje destinado a imprevistos, ni que el mismo hubiera variado con las adiciones en valor, como tampoco que no alcanzó para cubrir los nuevos costos derivados del pago de la contribución especial. Y resulta que, como lo sostuvo la Sala en la citada providencia,

 

“Contrario al criterio de la demandante, en el sentido de que “no es una partida de la cual pueda disponer el juez del contrato, como si fuera una RESERVA a disposición suya para cubrir cualquier déficit económico del contrato”, la Sala considera que en los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje para imprevistos, le corresponde al contratista, en su propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar que a pesar de contarse con esa partida, ésta resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato. 

 

Debe pues el contratista soportar un álea normal y si éste es anormal habrá de demostrarlo; no basta simplemente afirmarlo y para ello deberá asumir la carga de la prueba consistente fundamentalmente en acreditar los riesgos que se hicieron efectivos y los sobrecostos asumidos y cuantificarlos frente al valor del contrato, incluidas las sumas que haya presupuestado en el factor imprevistos; es decir, demostrar la realidad económica del contrato que deba conducir a la entidad pública contratante a asumir el deber de restablecer el equilibrio financiero del mismo”.

  

Y en el sub-lite, el demandante no demostró que las utilidades obtenidas fueron muy inferiores a las programadas cuando contrató, con grave detrimento de sus intereses, como tampoco se acreditó cuál es la real situación económica del contrato en cuanto a cargas y beneficios después de los descuentos que por concepto de contribución especial, le fueron practicados en algunos pagos.

 

En tales condiciones, se evidencia la falta de prueba de la excepcional onerosidad que supuestamente representó el cumplimiento de la medida estatal frente a las condiciones generales del contrato pactadas al momento de su celebración, es decir que no se acreditó en realidad, el elemento indispensable para condenar a la entidad  demandada, esto es, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, toda vez que no hay manera de establecer, frente al total de gastos que implicó la ejecución del contrato, cuál fue el resultado en materia de utilidades o pérdidas del contratista, para deducir a partir de estos datos, la real condición de la ecuación económica del negocio jurídico y si la misma mantenía el equilibrio creado al momento de contratar, o si éste verdaderamente se afectó de manera grave.

 

        {§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

       IMPOSICIÓN DE REGALÍAS 

       

 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007), Radicación número: 20001-23-31-000-1996-02999-01(15052).- 3.2. Del desequilibrio financiero alegado en el caso concreto

 De acuerdo con lo anterior, se observa que en el caso concreto la petición del demandante de restablecimiento del equilibrio económico y financiero del Contrato 090 de 1991 que celebró con CARBOCOL en razón de la expedición de la Ley 141 de 1994, no es procedente, por cuanto no le bastaba afirmar que la regalía prevista en la citada ley gravó la producción de las actividades del contrato, sino que debía probar que había sido un “alea anormal”, una carga excepcional que no estaba en condiciones de soportar y que verdaderamente afectó la economía del contrato, lo cual no se evidencia del acervo probatorio del proceso.

 Y esta negativa no contraría lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto de 11 de marzo de 1972 (Rad. 561), que también invocó la sociedad demandante, por cuanto allí lo que precisamente se destacó es que “sí el régimen tributario varía o se hace más gravoso, la nueva ley se aplica a los contratantes, porque la generalidad de la ley no admite excepciones, pero las partes, tanto el particular como la administración, tendrán derecho a los reajustes o compensaciones correspondientes, para restaurar el equilibrio financiero original del contrato, siempre que se compruebe que éste se ha alterado, más allá de las áleas normales implícitas en toda actividad o negocio (Subraya la Sala).

 

Por lo tanto, no era suficiente esgrimir como lo hizo que si bien es cierto la regalía que dispuso la ley lo es con fundamento en el inciso 2º del artículo 360 de la Constitución Política, lo fue con posterioridad a la celebración del contrato, y que, aunque debe ser cumplida por el contratista, no le niega el derecho a reclamar el restablecimiento del equilibrio financiero, habida cuenta de que se requería para examinar a fondo la pretensión de la sociedad actora conocer si, en efecto, ocurrió el rompimiento del equilibrio económico del contrato y que aquella demostrara la incidencia de la regalía creada por la Ley 141 de 1994 sobre las cargas económicas del mismo y la utilidad que esperaba.  

 

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NORMAS
 
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Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
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C.P.A.C.A.
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