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Esta página contiene cinco (5) jurisprudencias

 

 

Sobre mora e intereses, ver más

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

MORA

 

INTERESES DE  MORA

 

PLAZO DEL ESTADO PARA PAGAR

 

DIES A QUO 

 

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-892/01.- En lo que se refiere a la determinación de la tasa de interés aplicable a la mora, se tiene que es la propia Ley 80 en el artículo antes citado, la que se encarga de resolver dicho interrogante al consagrar un régimen especial que regula la tasa de interés moratorio aplicable a los vínculos contractuales del Estado, "equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado".

 

A partir de lo expresado, teniendo en cuenta que el artículo 1617 del Código Civil fija el interés legal " en seis por ciento anual", el interés que prevalece en el régimen de contratación pública se calcula con base en una taza del 12% anual. El interés fijado en la norma no tiene un alcance imperativo, y sólo opera con carácter supletorio cuando las partes contratantes se abstengan de pactar directamente los intereses de mora.

 

Respecto al dies a quo o tiempo en que comienza y finaliza la mora, reiterando los criterios fijados en la sentencia C-188 de 1999 arriba citada y en jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que la Administración pública no goza de periodo de gracia o de franquicia para asumir el pago de sus obligaciones dinerarias derivadas de las relaciones contractuales con particulares.

(…)

 

En virtud de lo dicho, y siguiendo la tesis esgrimida por la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, se tiene que el dies a quo para iniciar la cuenta o cómputo de los intereses moratorios es el que le sigue al vencimiento del plazo pactado en los respectivos pliegos de condiciones o, en su defecto, en el contrato para el pago de aquellas cuentas debidamente presentadas y legalizadas por el contratista, y se prorroga hasta que la Administración pública haga efectivo el pago. En el caso de que no se estipule en el negocio jurídico el término para que la administración proceda al pago de sus obligaciones, debe acudirse a la vía judicial de conformidad con las reglas que gobiernan el instituto de la mora.

 

Así, vencido el término establecido para el pago, no existe justificación, a la luz de los principios de justicia conmutativa e igualdad, para que se conceda a la Administración un plazo de gracia de 90 días, libre de intereses, porque en tal eventualidad la Administración ha entrado en mora y, desde el momento mismo del incumplimiento, debe aplicarse la tasa que de acuerdo con la ley se ha establecido para ese efecto

 

Ciertamente, haciendo eco de los criterios Superiores que informan el instituto resarcitorio, debidamente explicados en el acápite de las consideraciones generales, resulta evidente que cuando una entidad pública se abstiene de pagar el precio del contrato dentro del término pactado, se configura la mora y, de contera, surge para ella la obligación de pagar, a título de responsabilidad contractual, los intereses correspondientes.

 

Esa responsabilidad contractual y la obligación de pagar intereses de mora se justifica en razón del daño antijurídico que sufre el contratista, materializado en la imposibilidad que tiene éste de disponer en tiempo del dinero que ha adquirido con justo título.

 

En virtud de lo dicho, y en estricto derecho, para la Corte no existe ningún principio de justicia material que justifique el que el contratista, por causa de la norma impugnada, deba asumir de su peculio el detrimento patrimonial que le ocasiona el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Sin duda, reconocer a la administración un periodo de gracia en el pago de intereses moratorios, comporta un desconocimiento del carácter sinalagmático que ostenta el contrato estatal, lo cual redunda en perjuicio de los derechos del particular que colabora con la Administración en la realización de sus fines.

 

Desde esta perspectiva, la norma impugnada desconoce los principios de justicia conmutativa y confianza legitima, los cuales buscan garantizar a los contratistas el derecho a ser debidamente indemnizados por los daños antijurídicos que sufran como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las entidades públicas; principios que, a su vez, y según a quedado explicado, encuentran un claro respaldo constitucional en los artículos 2°, 13, 58, 83 y 90 de la Carta Política.

 

Las anteriores consideraciones serían suficientes para que la norma impugnada, en lo que corresponde a la expresión "transcurrido 90 días de la fecha establecida para el pago", sea declarada inexequible por ser contraria a los objetivos constitucionales señalados.

 

Por las razones expuestas, la expresión "transcurrido 90 días de la fecha establecida para los pagos", contenida en el parágrafo único del artículo 6° de la Ley 598 de 2000, será declarada inexequible. No obstante lo anterior, en cuanto dicha norma prevé el reconocimiento de un interés equivalente al DTF, exigible según la decisión adoptada en esta Sentencia a partir del incumplimiento de la administración en el pago de las obligaciones contractuales, debe aclarar la Corte que ese interés en ningún caso es acumulable con el interés previsto en el inciso 2° del numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993.

 

De este modo, los contratistas, amparados en el incumplimiento de los plazos pactados en el respectivo negocio jurídico, no pueden cobrar a las entidades del Estado el interés de mora reconocido en el parágrafo del artículo 6° de la Ley 598 de 2000 y, en forma simultánea y concurrente, el contenido en el inciso 2° del numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

TASA DE INTERÉS 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERO PONENTE: DR. GUSTAVO APONTE SANTOS, BOGOTÁ D.C., NUEVE (9) DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS (2006), REFERENCIA: RADICACIÓN NÚMERO 1.711.- 2. la jurisprudencia del consejo de estado en materia de tasa de interés moratorio: "Desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, en la contratación estatal la tasa del interés de mora aplicable, a falta de estipulación por las partes de una tasa de interés diferente, es la que establece el ord. 8° del art. 4 el doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, liquidado de acuerdo con las pautas señaladas por el art. 1° del Decreto 679 de 1994. Sistema que la Ley adecuó a la institución de la responsabilidad contractual para ofrecerle al contratista una indemnización por el daño sufrido y restablecer la equivalencia económica del contrato, dejando de lado la aplicación de las tasas comerciales establecidas por el art. 884 del Código de Comercio.

 

Este modo de liquidación de los intereses que estableció la ley de contratación estatal sigue un lineamiento similar al de las obligaciones mercantiles, el cual se desprende de la actualización del capital que la norma incluye y del pensamiento del legislador de 1993 frente a la estipulación de dichos intereses. De ahí que si la administración incumple con la obligación principal del contrato pagar oportunamente el valor convenido debe reconocerse los perjuicios moratorios que causó con su incumplimiento, esto es, los intereses moratorios, a la tasa que pactaron las partes o a falta de pacto, la que la ley suple, los cuales se presumen.

 

*La tasa de interés aplicable a los contratos estatales es la definida en el estatuto contractual con independencia de la actividad ejercida por las partes sea o no comercial.

 

*La Ley 80 de 1993 reguló íntegramente la institución de la mora. Es improcedente aplicar las disposiciones del Código de Comercio, en particular el artículo 886 sobre reconocimiento de intereses sobre intereses.

 

"Es preciso reiterar que si las partes lo consideran conveniente pueden acordar el pago de intereses moratorios de acuerdo a la legislación comercial, pero de no hacerlo, la única posibilidad es aplicar lo establecido en la norma mencionada. Con la entrada en vigencia de la Ley 80 se reguló de manera integra la materia por lo que, ante la falta de estipulación de las partes, no es posible remitirse a la legislación comercial para aplicar la figura consagrada en el art. 886 del Código de Comercio".

 

"Para el 18 de octubre de 1995, fecha de presentación de la demanda, ya regía la ley 80 de 1993, la cual marcó un hito importante en la materia, toda vez que reguló moratorios en la contratación estatal en caso de no haberse pactado por las partes. La discusión planteada por la demandante en tanto pretende que se le aplique la legislación mercantil por ejercer una actividad comercial quedó ya superada, toda vez que pese a que los contratos estatales se rigen por las reglas del derecho privado (arts. 13 y 32 ley 80 de 1993), ello habrá de entenderse para el evento en que la normatividad contractual no haya contemplado norma especial y particular".

 

Con base en el recuento jurisprudencial anterior, la Sala concluye que la norma general aplicable a los contratos estatales, entendido por éstos los que se celebren por las entidades estatales, es la contenida en el numeral 8º del artículo 4º de la ley 80 de 1993 y en las disposiciones que lo desarrollan artículo 1º del decreto 679 de 1994, la cual opera ante el silencio de los contratantes sobre la tasa de interés moratorio aplicable en cada contrato.

 

Siguiendo la regla de interpretación, según la cual donde el legislador no distingue no le es dable distinguir al interprete, en concepto de la Sala, las disposiciones en comento se aplican en los casos de incumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas de cualquier contrato estatal que se encuadren dentro de los presupuestos normativos de la ley 80 de 1993.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

MORA EN EL PAGO

 

INTERESES DE MORA

 

CONSTITUCIÓN EN MORA

 

REQUERIMIENTO

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil siete (2007). Radicación número: 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854).-  2.8.  La mora en el pago de las cuentas de cobro. El demandante solicitó el reconocimiento y pago de los intereses comerciales moratorios a la tasa máxima permitida por la ley por cada día de mora en los pagos de las cuentas o facturas periódicas, a partir del día 31, después de su presentación, hasta la fecha de pago, mas corrección monetaria a partir de ésta última fecha.

 

Examinada la cláusula cuarta del contrato de obra No. 051 de 1991, mediante la cual se reguló la forma de pago al contratista, en la letra b) que estipula lo pertinente al pago del saldo del contrato, después de cancelado el anticipo, se lee lo siguiente:

 

“b) SALDO. El saldo del valor del contrato se cancelará de acuerdo con los avances mensuales de ejecución de la obra, mediante la presentación de cuentas de cobro. Para tal efecto se medirá la obra ejecutada ítem por ítem y se obtendrá un porcentaje de ejecución para cada uno de ellos, con relación a las cantidades de obra totales para el ítem. El IDU podrá optar por cancelar las cuentas parciales del contrato mediante aceptaciones bancarias emitidas a favor el CONTRATISTA, siendo autónomo el IDU para definir el banco comercial que emita el título así como la fijación de los plazos de su cobro efectivo, los cuales se encontrarán entre los treinta (30) y ciento ochenta (180) días calendario, en concordancia con el plazo de ejecución de la obra…”

 

Del contenido de la cláusula transcrita en manera alguna puede inferirse que el IDU estaba obligado a cancelar las cuentas de cobro presentadas por el contratista a más tardar el día 30 después de su presentación, so pena de quedar constituido en mora a partir del día 31 y, por lo tanto, de incurrir en el pago de intereses moratorios comerciales.

 

Sencillamente en la citada cláusula si bien se estipuló que el saldo del valor del contrato, después de haberse cancelado el anticipo, se pagaría de acuerdo con los avances mensuales de ejecución de obra, previa presentación de la cuenta respectiva, lo cierto es que no se estipuló un plazo perentorio dentro del cual el IDU estaba obligado al pago de las cuentas de cobro presentadas por el contratista; adicionalmente se pactó que el IDU sería autónomo para cancelar las cuentas parciales mediante aceptaciones bancarias emitidas a favor del contratista y que el cobro de ellas debía hacerse entre los 30 y 180 días calendario, en concordancia con el plazo de ejecución de la obra; tal estipulación fue aceptada por el contratista sin ningún reparo y, por lo tanto, se convirtió en ley para las partes y de obligatorio cumplimiento.

 

Así las cosas, al no haberse fijado un plazo para cancelar las referidas cuentas de cobro, tampoco sería posible que la entidad contratante quedara constituida en mora y como consecuencia estuviera obligada al pago de intereses moratorios por no haber satisfecho los pagos oportunamente, cuestión que tampoco puede entenderse, sin que ello configure un abuso del derecho a favor de la entidad contratante, que la misma pudiere retardar indefinidamente el pago de sus obligaciones dinerarias sin que ello le acarreare consecuencia adversa alguna.

 

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado había sostenido reiteradamente que cuando no se ha fijado un plazo convencional para el pago de las cuentas de cobro, derivadas de la ejecución parcial de obra, la Administración está en el deber de cancelarlas dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación, en aplicación de lo prescrito por el artículo 885 del Código de Comercio y de no hacerlo incurría en mora.

 

Ejemplo de ello es el pronunciamiento contenido en la Sentencia de 29 de enero 2004, Exp. 10.779, a cuyo tenor:

 

“…Se advierte igualmente que no le asiste razón a la demandada cuando afirma que podía realizar el pago en cualquier momento porque no se acordó fecha alguna, puesto que, una vez ejecutada la prestación por el contratista y presentada la cuenta de cobro en la forma acordada, debe la entidad pagar esa suma de dinero.” (…)

 

Radicada la cuenta, la entidad contaba con el término prudencial de un mes para pagarla y a partir del vencimiento de ese término se considera que la entidad incurrió en mora. Esta práctica mercantil, con respaldo legal en el art. 885 del Código de Comercio, puede válidamente aplicarse en el contrato estatal cuando se guarda silencio sobre el término para el pago de las actas al contratista, como sucedió en el presente caso.

 

“Por ello se dispondrá el pago por concepto de mora, con fundamento en el valor (sic) cada una de las actas pagadas tardíamente y en cada uno de los períodos que duró el retraso…”  (Resaltado fuera del texto)

 

En igual sentido se expreso en sentencia de 5 de septiembre de 2006, Exp. 22920, según los siguientes términos:

 

“En este orden de ideas, examinada la certificación expedida por la entidad demandada (fls. 183 a 187 del cuaderno principal), relacionada con el comportamiento de los pagos efectuados al contratista, fluye con meridiana claridad que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS retrasó el pago de las cuentas de cobro del consorcio contratista correspondientes a los compromisos números 2257-3, 1819-2, 2582-2, 2710-1, 2257-4, 4203, 4145, 1432-3 y 3707-1, las que radicadas suponen, como lo ha dicho la Sala, la fecha definitiva en que ellas se presentaron, una vez que el contratista las complementó o corrigió a satisfacción de la entidad[3] y, como consecuencia, era su deber pagarlas oportunamente y sin dilaciones un mes después de presentada la respectiva cuenta, según el plazo establecido por el artículo 885 del Código de Comercio. A partir del vencimiento de este término, sin que el pago efectivo de la prestación dineraria se hubiere realizado, quedó incursa la entidad pública en mora, y por su impuntualidad contraria a derecho, en la sanción de pago de intereses por este concepto, dado que a la luz de la ley el incumplimiento de su deber jurídico de pago se convierte en fuente de indemnización de los perjuicios causados. (Negrillas no son del original)

 

Sin embargo, considera la Sala que aunque el artículo 885 del Código del Comercio es aplicable válidamente a los contratos estatales en los cuales resulten aplicables las disposiciones de índole mercantil, de conformidad con los dictados del artículo 22 de esa codificación, en aquellos casos en los cuales las partes han guardado silencio respecto del plazo dentro del cual deben ser satisfechos los pagos de las cuentas de cobro originadas en la ejecución parcial de obra, resulta oportuno hacer algunas precisiones en cuanto a su real sentido y alcance, el cual puede resultar algo diferente de aquel que ha sido adoptado mediante las tesis antes expuestas.

 

Así reza el texto del citado artículo 885: ART. 885. Todo comerciante podrá exigir intereses legales comerciales de los suministros o ventas que haga al fiado, sin estipulación del plazo para el pago, un mes después de pasada la cuenta.” 

 

El sentido que la hermenéutica impone dar a esta norma en su verdadero contexto, conduce a entender que cuando en los negocios jurídicos comerciales, se han realizado suministros o ventas “al fiado”, esto es con la clara y evidente intención, por parte del propio vendedor, de no recibir ni cobrar el precio correspondiente en forma inmediata sino que se asume con claridad que esa obligación será cubierta por el comprador en el futuro pero sin que se haya precisado cuándo y, por tanto, no se ha establecido un plazo para su satisfacción, la misma resulta exigible después de transcurridos treinta días de presentada la cuenta de cobro para su pago, fecha a partir de la cual se causarán intereses legales comerciales, que no podrán ser otros diferentes que los corrientes o remuneratorios. No resulta apropiado interpretar que dicho artículo tiene el alcance de constituir automáticamente en mora al deudor y de contera, establecer el derecho del acreedor de exigir intereses moratorios que no constituye cosa diferente a la reclamación de perjuicios.

 

La anterior afirmación encuentra sustento en el artículo 1.608 del Código Civil, a cuyo tenor:

 

“ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora:

 

1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

 

2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.

 

3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.”

 

 El texto normativo transcrito consagra como regla general (numeral 3) para la constitución en mora la del requerimiento judicial que el acreedor debe promover en relación con el deudor, al tiempo que establece dos eventos especiales, excepcionales a esa regla general, en los cuales la constitución en mora opera de manera diferente, así:

 

El primero de ellos ocurre por el vencimiento del plazo que ha sido estipulado desde el momento de la celebración del contrato, diez interpellat pro homine, es decir, que el deudor y el acreedor conocen desde el nacimiento de la obligación la fecha límite de su cumplimiento, pero si vencido el plazo no ha sido satisfecha por el deudor, la mora opera automáticamente, a menos que por disposición legal se exija que además del vencimiento del plazo pactado, el deudor sea requerido para que quede constituido en mora.

 

El segundo se refiere a los casos en los cuales, por razón del contenido o naturaleza misma de la obligación se tiene que ella únicamente ha debido ser ejecutada dentro de un plazo que el deudor dejó pasar sin haberla cumplido, por lo tanto, no resulta viable hacerlo después, razón por la cual no habría lugar a requerimiento encaminado a que se cumpla tal obligación.

 

En el marco de este contexto normativo, resulta claro que únicamente en estos dos eventos excepcionales, previstos expresamente en la ley civil, la constitución en mora del deudor opera de manera automática por la ocurrencia del supuesto fáctico, a la vez que la exigibilidad de la obligación y la constitución en mora concurren de manera simultánea; en los demás, la exigibilidad de la obligación siempre precederá a la mora en cuanto que esta última solo se dará por reconvención del acreedor, adelantada ante el juez.

 

Para ilustrar el tema resulta pertinente traer a colación los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia en su abundante y reiterada jurisprudencia sobre la materia. Así, en sentencia de 16 de diciembre de 1968, la Sala de Casación Civil hizo el siguiente pronunciamiento:

 

“Si los indicados son los únicos casos en que la ley consagra la mora automática, es obvio que solo en ellos se da una coincidencia simultánea entre los conceptos entre exigibilidad y mora. En cualquiera otra hipótesis diversa a las de las excepciones consideradas, la coincidencia entre exigibilidad y mora no se produce sino en forma sucesiva y mediante la reconvención judicial del deudor por el acreedor. Por eso se dice que si bien la mora supone la exigibilidad siempre, la regla inversa no es exacta, porque no toda exigibilidad supone mora.”

 

“Significa lo anterior, entonces, que las obligaciones puras y simples, no comprendidas como desde luego no lo están dentro de los casos de excepción de los numerales primero y segundo del artículo 1608 del Código Civil, deben por lo tanto ser ubicadas dentro de la regla general contemplada por el numeral 3º de dicho precepto, o sea que ellas, aunque exigibles desde el mismo momento de su nacimiento, no colocan por sólo ello al respectivo deudor en la condición de moroso, pues para que tal cosa suceda se necesita que medie la reconvención judicial del acreedor.” (Resaltado fuera del texto)

 

 En sentencia más reciente la misma Corte Suprema de Justicia hizo una clara distinción entre los conceptos de exigibilidad y mora, la posibilidad de exigir la obligación independientemente de la mora y la necesidad de constituir al deudor en mora para que el acreedor pueda reclamar los perjuicios, en los siguientes términos se pronunció:

 

“1.2. Significa entonces lo anterior que exigibilidad y mora de la obligación son dos nociones jurídicamente diferentes. La primera se predica de las obligaciones puras y simples, esto es, las que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, ya porque nunca han estado sujetas a una cualquiera de estas modalidades, ora porque estas ya se realizaron y, por ello el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor su cumplimiento, aún acudiendo para el efecto a la realización coactiva del derecho mediante la ejecución judicial; la mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación y para constituir en ella al deudor, se requiere que sea reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la cancelación de la prestación debida. De tal suerte, solo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse que el deudor incumplido, además ostenta de deudor moroso, momento este a partir del cual puede exigirse el pago de perjuicios conforme a lo dispuesto por los artículos 1610 y 1615 del Código Civil o reclamarse el pago de la cláusula penal, que entonces se torna exigible de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 1594 y 1595 del Código Civil.

 

1.3. Como se ve por lo expuesto, si una de las partes contratantes incumple con sus obligaciones, el acreedor, por el solo hecho de este incumplimiento no puede reclamar el pago de los perjuicios que le hubieren sido causados con él, pues para ello se requiere constituir en mora al deudor.” (Negrillas son de la Sala)

 

En el mismo sentido la, Corte Suprema determinó: “1. De vieja data tanto la doctrina como la jurisprudencia han definido con precisión el concepto de mora. Esta, además de constituir una dilación del deudor en el cumplimiento de su prestación, también requiere que sea imputable a este y que el acreedor haya efectuado la correspondiente reconvención o requerimiento, es decir, que haya intimado al sujeto pasivo de la obligación para que cumpla el comportamiento esperado de él. “No basta por lo tanto, como lo explica Luis Claro Solar, que la obligación sea exigible para que el deudor se constituya en mora, si no lo ejecuta inmediatamente. La ley exige una reconvención o requerimiento del acreedor al cumplimiento de la obligación, una interpelación del acreedor para que el deudor ejecute la prestación exigible que se comprometió a dar o a hacer. (Explicaciones de derecho civil chileno, T.V. pág 733).

 

Despréndese, pues, de lo expuesto, que debe distinguirse el retardo de la mora. El primero acontece cuando el deudor no cumple una vez producida la exigibilidad de la obligación. El segundo, en cambio, tiene lugar además si el acreedor, a través de los medios idóneos, reconviene al deudor cuando no hay plazo para pagar.”  (Negrillas no son del original)

 

 Estas orientaciones de orden legal y jurisprudencial permiten despejar cualquier duda en cuanto al sentido que debe desentrañarse del texto del artículo 885 del Código de Comercio, norma que en manera alguna reguló el pago de intereses moratorios ni la constitución automática en mora del deudor, puesto que resulta suficientemente claro que cuando las partes no han pactado plazo para el cumplimiento de la obligación, esto es, cuando la obligación tiene la naturaleza de pura y simple, resulta indispensable que el deudor sea requerido en mora para que el acreedor tenga derecho a exigir intereses moratorios a título de perjuicios.

 

Este criterio se reafirma con lo preceptuado por el artículo 1615 del Código Civil a cuyo tenor la indemnización de perjuicios se debe desde que el deudor se ha constituido en mora, si la obligación es positiva.

 

Como corolario de lo anterior, debe precisarse que como el artículo 885 del Código de Comercio se encuentra regulando lo pertinente a obligaciones dinerarias no sometidas a plazo, es decir, aquellas denominadas puras y simples, tal disposición estableció un término referido exclusivamente a la exigibilidad de los intereses correspondientes, esto es los de índole remuneratoria, cuestión a la cual habrá lugar un mes después de presentada la cuenta de cobro, sin que la exigibilidad de tales intereses pueda entenderse en relación con los moratorios puesto que para tener derecho a estos la ley exige, como presupuesto, que el deudor se encuentre constituido en mora, mediante requerimiento judicial.

 

Con este entendimiento del artículo 885 del C.de Co., resulta armónica la disposición contenida en el inciso 2º del artículo 90 del C. de P.C., norma cuyo tenor literal es del siguiente contenido: Artículo 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. (modificado artículo 10471 Ley 794 de 2003) . (…)  La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.

 

Esta regulación del Estatuto Procesal permite tener a la notificación del auto admisorio de la demanda como el requerimiento judicial que debe ser efectuado por el acreedor y de esta manera lograr que el deudor quede constituido en mora y así resulte procedente el reclamo de los perjuicios causados por el incumplimiento de la prestación.

En el caso sub lite algunas de la cuentas de cobro, correspondientes a la ejecución parcial de las obras, que fueron presentadas por el contratista, se pagaron efectivamente después de haber transcurrido un mes desde su radicación, momento en el cual era exigible el pago de intereses comerciales en virtud de lo dispuesto por el artículo 885 del C. de Co., pero como el demandante no constituyó en mora al IDU, en manera alguna podría haber lugar al reconocimiento de los intereses moratorios cuyo pago se pretende y, si bien es cierto que con la notificación del auto admisorio de la demanda, ocurrida el 22 de mayo de 1994, se habría constituido a la entidad demandada en mora, este efecto no se logró como quiera que para esta fecha, no existían cuentas pendientes de pago por concepto de ejecución parcial de obra, toda vez que la totalidad de ellas, presentadas por el contratista fueron canceladas por el IDU con anterioridad a la referida notificación.

Bajo estos lineamientos, la sentencia apelada será revocada en la parte pertinente al reconocimiento de los intereses moratorios por las cuentas de cobro que fueron pagadas tardíamente.

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

INTERESES

 

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES

 

INTERESES MORATORIOS Y  OTROS PERJUICIOS

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ. BOGOTÁ, D.C., SIETE (7) DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO (2004), NÚMERO INTERNO 23989 DE 2004.- No sobra señalar que está permitido que el contratista, afectado por el incumplimiento de la administración, solicite, además del pago de intereses moratorios, el de otros perjuicios causados por el mismo incumplimiento. En efecto, lo jurisprudencia ha considerado que “el acreedor, entonces, cualquiera que sea la estirpe de la obligación, civil o comercial, tiene derecho a demandar, no sólo el reconocimiento de los perjuicios previamente cuantificados — lato sensu — por el legislador, sino también el de cualquiera otro daño que la mora de su deudor le hubiere generado, el cual queda situado al margen de la presunción consagrada por la ley respecto de los primeros, esto es en la periferia de los intereses, motivo por el cual ese daño mayor que se alega, debe ser acreditado en forma fehaciente”.

 

Conforme a lo anterior, forzoso es concluir, que no es posible acceder a la solicitud de la ejecutante en el sentido de ordenar la capitalización de intereses, pues la disposición que establece dicha figura no es aplicable en materia de contratación estatal.

 

{§-0005}    JURISPRUDENCIA

 

INTERESES DE MORA

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: RUTH STELLA CORREA PALACIO. RADICACIÓN 68001231500019950783-01 (22.920) DE 2006, BOGOTÁ, D.C., CINCO (5) DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS (2006). MORA: Cuando la obligación incumplida es el pago de una suma de dinero se debe el interés de mora como indemnización —a título de lucro cesante— para el acreedor de ella y sanción para el deudor. En efecto, en los términos del artículo 1625 del Código Civil, uno de los modos de extinguir las obligaciones es la solución o pago efectivo que corresponde al cumplimiento de la prestación debida (art. 1626 ibíd,) pago que deberá hacerse en conformidad al tenor de la obligación (1627 ejusdem ) y, por lo mismo, si ella no se cumple dentro del término oportuno estipulado por la partes o previsto en la ley, se incurre en una tardanza con relevancia jurídica, denominada por el ordenamiento “mora”, que constituye un estado de incumplimiento del contrato y produce un daño al acreedor por el cual el deudor se encuentra en el deber de reparar.

 

De allí que, en las voces del artículo 1608 del Código Civil transcurrido el plazo o término para el pago de una obligación positiva sin que se hubiere este presentado en la oportunidad debida, por esa sola circunstancia, se incurre en mora, salvo que la ley o el contrato exija requerimiento o reconvención para tal efecto y no se hubiere renunciado.

(…)

 

“Por medio del cobro de los intereses moratorios se pretende indemnizar al acreedor por los perjuicios que le causó el incumplimiento del deudor, en el pago de una suma de dinero, perjuicio que se presume y cuya cuantía no está en el deber de demostrar, sea porque se pactaron entre las partes, o porque se aplica la regulación legal”.

 

Y también en punto a-la mora en obligaciones dineradas en otra oportunidad afirmó la Sala que los intereses por este concepto se deben en virtud de la ley, ante el incumplimiento del deudor de la obligación y no se libera a la entidad contratante incumplida de esta sanción:

 

“En otras palabras, mientras no se satisfaga el pago (...), la demora en la entrega del mismo, representa cabalmente un caso de incumplimiento de la obligación de entregarlo respecto del tiempo.

 

Ese caso omiso en el cumplimiento de su entrega en la fecha pactada, el retardo en la ejecución de un compromiso contractual, permiten concluir que si la administración incumple el compromiso contractual de entregar el valor que ha prometido al contratista (...) está facultado el contratista, en su condición de acreedor de una prestación que no le ha sido cumplida, a reclamar los intereses que la mora genera, la cual ocurre y se debe en virtud de la ley (.. .)”

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