Tesauro
Inicio 
 
TEMÁTICA
 
Normas Generales
Capacidad
Procedimientos
Perfeccionamiento
Ejecución
Equilibrio
Nulidades
Liquidación
Responsabilidad
Controversias
Tipología
Régimen especial
 

Esta página contiene seis (6) jurisprudencias

 

REAJUSTE DE PRECIOS

 

{§-0001}    NORMA NO VIGENTE PERO ILUSTRATIVA SOBRE LA MATERIA: DECRETO 222 DE 1.983 ARTÍCULO 86. DE LA REVISIÓN DE PRECIOS -. En los contratos celebrados a precio global o por precios unitarios, se podrán pactar revisiones periódicas de los mismos en función de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos.

 

Cuando ello fuere posible, la revisión se efectuará mediante fórmulas matemáticas incorporadas en el respectivo contrato en la forma que lo determine el reglamento.

 

(…) Las revisiones se consignarán en actas que suscribirán las partes …

 

    {§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

Ver más

 

 REAJUSTE DE PRECIOS

 

FÓRMULA APLICABLE DE REAJUSTE 

 

FE BUENA FE OBJETIVA

 

CONDENA EN COSTAS

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C.  veintidós (22) de junio de dos mil once (2011).Radicación número: 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836).-

 

(…) ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar factores o contingencias que puedan conducir a su paralización o inejecución.

 

Uno de tales mecanismos es precisamente aquel que permite que puedan reajustarse los precios pactados de tal suerte que manteniéndose su valor real en el decurso del plazo negocial, el contratista pueda cumplir con sus obligaciones y se lleve a feliz término la ejecución del contrato.

 

Por estas razones es que el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

 

Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico.

 

En efecto, sólo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la ecuación financiera son idóneas para pretender con fundamento en ellas el restablecimiento económico pues si esto no se garantiza se afectaría el interés público que está presente en la contratación estatal.

 

Así que el restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.

 

2. El artículo 871 del Código de Comercio, con redacción similar al artículo 1603 del Código Civil, ordena que los contratos deberán ejecutarse de buena fe y que por consiguiente obligan a lo que en ellos se pacte y a todo lo que corresponda a su naturaleza.

 

Estos preceptos, a no dudarlo, consagran la buena fe objetiva que consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.

 

Por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho, esto es la buena fe subjetiva, sino, se repite, el comportamiento que propende por la pronta y plena ejecución del acuerdo contractual.

 

En consecuencia, si una parte, por ejemplo, pretende privilegiar su interés en detrimento de los intereses de la otra y alejándose de lo que en esencia se ha convenido, este comportamiento contradice ese deber de buena fe objetiva que debe imperar en las relaciones negociales.

 

(…)

 

Sin entrar a discurrir sobre la procedencia, entonces y ahora, del reajuste de precios aunque no se hubiere pactado, debe destacarse de este precepto que las revisiones periódicas debían hacerse “en función de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos”, lo que significa, contrario sensu, que quedaban excluidas las variaciones de aquellos factores que no eran determinantes en los costos del correspondiente contrato.

 

Sin embargo debe reconocerse que la inflación puede afectar la ecuación financiera de un contrato estatal y por lo tanto si la fórmula prevista por las partes para el reajuste de precios no tiene en cuenta ese factor, podrá restablecerse el equilibrio económico perdido siempre y cuando se demuestre, de un lado, el incremento anormal del valor de los insumos propios de la obra que constituye el objeto contractual y, de otro lado,  que la fórmula de ajuste pactada es insuficiente para contrarrestarlo.

 

“En efecto, sólo es dable revisar la cláusula de ajuste o proceder a la revisión de precios si se demuestra que hubo situaciones económicas graves que la hicieron ineficaz. Dicho en otras palabras, la revisión de los precios sólo es dable cuando el contratista demuestra dos supuestos: el alza exagerada de elementos o insumos y la ineficacia de las fórmulas de ajuste pactadas en el contrato para contrarrestarla”.[1]

 

4. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación la demandante sostiene que a partir del Acta No. 55 la fórmula estipulada empezó a reflejar sólo una parte de las alzas de los precios y de la devaluación monetaria, razón por la cual los precios unitarios comenzaron a decrecer mientras que la prestación del contratista se mantuvo igual tal como lo hizo evidente los índices de precios al consumidor publicados por el DANE.

 

Sin embargo, no hay probanza alguna que demuestre el incremento anormal de los insumos propios de la obra que fue contratada tales como el asfalto, el recebo, la arena, la gravilla, el cemento, los salarios, la gasolina, el A.C.P.M., la maquinaria y el equipo, etc., y mucho menos existe prueba de que, habida cuenta de las alzas inusitadas de estos factores, la fórmula pactada resultó inane para contrarrestar los efectos de esos anormales incrementos.

 

En efecto, la experticia que obra en el plenario se limita a comparar el valor de las actas aplicándole la fórmula pactada en contraposición con el valor que resultaría si se le aplicara el IPC certificado por DANE para el respectivo periodo.

 

Pues bien, aunque de esa comparación emerge una diferencia de varios miles de millones de pesos, este resultado no es el producto de la estimación razonada de la variación anormal de los factores propios de la obra contratada y mucho menos puede tenerse como una opinión conclusiva de que la fórmula pactada resultó inoperante, precisamente porque no parte de la base de ponderar la variación valor-tiempo de los insumos naturales de la obra.

 

Así que entonces no hay demostración alguna de que hubo una alteración anormal y significativa de los valores de los insumos propios de la obra y  que esa variación causó un impacto negativo en la ecuación financiera del contrato que no pudo contrarrestar la fórmula pactada.

 

Esta orfandad probatoria sobre estos aspectos esenciales determina la improsperidad de las pretensiones de la demanda y como así lo decidió el Tribunal la sentencia apelada debe confirmarse.

 

Ahora, la Sala encuentra contrario a la buena fe objetiva el que la parte demandante pretenda apartarse de lo convenido contractualmente para que con fundamento en el IPC, un índice diferente al pactado y que no guarda relación directa con el objeto negocial,  se le reajusten los precios por el sólo hecho de verlo más favorable a sus intereses, sin consideración a los de la otra, toda vez que no fue motivo de su preocupación demostrar que los factores del índice acordado sufrieron incrementos anormales que alteraron gravemente el equilibrio financiero e hicieron inoperante la fórmula prevista, razón por la cual se le condenará en costas de ésta instancia. 

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

REAJUSTE DE PRECIOS

 

FÓRMULA APLICABLE DE REAJUSTE 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D. C., VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO (2004), RADICACIÓN: 25000-23-26-000-1991-07391-01(14043).- 4. 3 Reajuste de precios.-   El contratista afirmó que la cláusula de reajuste pactada en el contrato no salvó los efectos nocivos que el transcurso del tiempo produjo respecto de los precios del contrato; explicó que desde antes de que se presentaran los inconvenientes la fórmula presentaba "un desequilibrio" porque tomó como mes base los precios de materiales del mes de agosto de 1987, cuando debió tomar el mes de junio del mismo año, en el que se hizo la propuesta.

 

La Sala considera que la fórmula de ajuste aplicable al caso concreto es la pactada en el contrato, y no le es dable a ninguna de las partes solicitar su inaplicación con fundamento en que no atiende sus expectativas económicas.

 

Si la sociedad participó en el proceso de selección del contratista sometiéndose a las normas básicas de la promoción y suscribió en contrato en las condiciones señaladas, se obligó de conformidad con lo dispuesto en sus cláusulas. Por tanto, no resulta procedente pretender el desconocimiento de lo pactado, pues ello resulta atentatorio contra los principios de lealtad y buena fe que rigen los contratos estatales, dentro de los cuales se destaca la doctrina de los actos propios, que impone al sujeto estarse a lo que pacto o decidió.

 

Tampoco resulta procedente modificar la cláusula con fundamento en que su fórmula fue insuficiente para conservar la ecuación financiera del contrato, porque esta, se definió al momento de la celebración del contrato y para entonces, como se indicó, el contratista asumió los efectos nocivos que se pudiesen generar por las demoras en la tramitación de la licencia de construcción.

 

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

REAJUSTE DE PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS

 

INDEXACIÓN MONETARIA

 

INFLACIÓN  

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D.C., TRES (3) DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 12083.- Deben diferenciarse "el reajuste y revisión de precios" por las partes de "la actualización o indexación monetaria"; mediante ésta se trata de preservar la equivalencia o representación monetaria del valor del contrato con el valor representativo real al momento del pago; recuérdese que en la mayoría de la veces por el transcurso del tiempo uno es el momento de ejecución y otro es el momento del pago.

 

 La actualización compensa, mediante la corrección, el efecto inflacionario de la moneda, generalmente, hasta el momento en el que se efectúe el pago. 

 

Se dice generalmente porque habrán casos en los cuales no procederá la indexación, por situaciones imputables al contratista. Afirmó el demandante que la inflación no es hecho de aquellos que pudieron ser previstos con antelación en el pliego de condiciones y en el contrato c 2740 - 92; que la inflación fue sobreviniente a la celebración, e imprevisible para desde la presentación de su oferta.

 

 La Sala advierte que la inflación en la República de Colombia, en si misma considerada, no es, por regla general, un hecho imprevisible salvo cuando el porcentaje de inflación rebase de manera excepcional, jamás esperado, el porcentaje inflacionario proyectado por las Autoridades Administrativas. 

 

Para la Sala la inflación en nuestro país, tal y como lo manifestó el actor en sus alegatos de segunda instancia, es un hecho o fenómeno real que se incrustó en nuestra economía hace varias décadas; es de notoriedad pública y de conocimiento, aún en los más neófitos en temas económicos.

 

Por lo tanto puede afirmarse, que en si misma, la inflación no es un hecho imprevisible en Colombia, pero lo que si puede ser imprevisible en algunos casos es el aumento desorbitado del porcentaje de inflación, cuando en la fórmula pactada en el contrato por las partes para el reajuste de los precios, no se incluyen factores para la recuperación de la inflación; vgr. índices de inflación proyectados en los índices de precios al consumidor y/o al productor o en los índices de ingresos bajos.

 

De los factores utilizados en la fórmula de reajuste de precios se representa claramente que el reajuste de precios se obtenía con base, entre otros: -con índices contentivos de la realidad económica por inflación (o por índices de precios al consumidor o productor o por índices de ingresos bajos) y -partiendo de los aumentos de precios sufridos en la mano de obra, en la maquinaria y en los productos utilizados para la ejecución del contrato (pintura, disolventes etc), los cuales en su contenido incorporan el hecho inflacionario. Por lo tanto se puede concluir que el demandante no puede sacar avante la reclamación.

 

{§-0005}    JURISPRUDENCIA

 

FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C., VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 13682.- Para la Sala la razón de ser de los ajustes de los precios del contrato no tiene ninguna discusión: contrarrestar las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos durante la ejecución del contrato (art. 86 decreto ley 222 de 1983) y por ello, es una constante en los contratos pactados a precios unitarios que los señalados en la propuesta se ajusten desde su presentación y durante el tiempo de ejecución del contrato, usualmente con base en la aplicación de fórmulas matemáticas, con el fin de mantenerlos actualizados. 

 

Es cierto como aduce el demandante que "dicha fórmula no garantiza siempre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato", porque puede ocurrir que no obstante la actualización de los precios con la aplicación de la misma, la realidad económica del contrato se desborde y es ahí donde es procedente la revisión de los precios del contrato.

 

 Para la Sala, no existe certeza de que el contrato haya presentado un desfase por el monto que reportan los peritos, ya que estos se limitaron a actualizar el valor original del contrato, procedimiento que es diferente a lo que ocurre cuando se trata de mantener los precios en el contrato de obra pública, donde incide el alza en los componentes del precio unitario (mano de obra, materiales, combustibles, etc.) y es lo que justifica el ajuste de los mismos.

 

 Lo que debieron hacer los peritos era señalar las razones para demostrar que la fórmula de ajuste del contrato no resultó suficiente ni adecuada para mantener su equilibrio económico y con fundamento en ellas, efectuar la revisión de su economía y cuantificar el perjuicio del contratista. De ahí que la sentencia apelada en cuanto no encontró probado el rompimiento financiero del contrato, será confirmada.

 

{§-0006}    JURISPRUDENCIA

 

REVISIÓN DE PRECIOS

 

AUSENCIA DE CLÁUSULA DE REVISIÓN

 

PRUEBA DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 12513.- En lo que tiene que ver con las aseveradas variaciones de los precios,  deben hacerse dos precisiones:   

 

-Primera: que la ausencia de pacto de revisión de precios en el contrato no impide que judicialmente se pueda hacer su estudio, a petición del afectado. Debe diferenciarse en uno y otro caso cual es la solución.  -Cuando las partes pactan la revisión de precios, dentro de límites fijados por la ley, y acaece un hecho sobreviniente que en su criterio da lugar a la aplicación de la cláusula de revisión de precios, si hay lugar a ello, deben consignar el acuerdo en actas, que suscribirán las partes y se reconocerán con el índice a que refiere la norma transcrita. –

 

Cuando las partes no pactaron la cláusula de revisión de precios, el afectado pueden asistir al juez del contrato para pedir la declaración del hecho de la variación (hecho objetivo) y su incidencia en el afectado (hecho subjetivo)  y solicitar, en consecuencia su indemnización de los perjuicios padecidos. –

 

Segunda:  que para el reconocimiento de perjuicios, en vía judicial, no basta que el afectado solicite 1) la declaración del hecho del perjuicio en su contra y 2) la consecuente indemnización; es necesario, además, que demuestre en el proceso, ante el juez, la real variación negativa de los precios (hecho objetivo), la incidencia de esta variación en su contra (hecho subjetivo) y los demás perjuicios que la asunción de la misma variación le produjo.

Como en el presente caso el demandante no probó la variación real de los precios de los elementos que utilizó para la ejecución de la obra, ni los sobrecostos que tuvo que asumir, se tendrá que confirmar en ese aspecto la decisión del a quo, que negó las pretensiones atinentes a la declaratoria de reconocimiento de ese hecho y la consecuencial de indemnización por ese aspecto.

 

{§-0007}    JURISPRUDENCIA

 

INFLACIÓN MONETARIA

 

FENÓMENOS PREVISIBLES

 

IMPREVISIÓN

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., QUINCE (15) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999), RADICACIÓN NÚMERO: 11194: La sentencia apelada será revocada por las razones que pasan a exponerse. 

1. El restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

 

Como la pretensión principal de la demanda se dirige a que se reconozca el rompimiento del equilibrio financiero del contrato a raíz de que el canon inicialmente pactado no fue reajustado en los años subsiguientes al vencimiento del plazo inicial, para la Sala no es extraño a los contratos de arrendamiento el restablecimiento de su equilibrio ni la revisión del mismo, a pesar de que en la sentencia recurrida sólo se agotó el análisis de los hechos planteados por el demandante bajo la perspectiva de la teoría de la imprevisión que es una de las tantas figuras que permiten el mantenimiento de la ecuación contractual.

 

La confusión en el tratamiento de las pretensiones del demandante se da cuando el apoderado de la entidad demandada las enmarca en la teoría de la imprevisión para concluir que como ésta solo se aplica ante circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no fueron las que rodearon el contrato de arrendamiento que se demanda, es equivocado pedir la revisión por esta vía y le es ajeno el restablecimiento del equilibrio económico porque debería mediar previamente una modificación unilateral, planteamientos que si bien son procedentes a la luz del derogado art. 6º de la ley 19 de 1982 y que hoy se mantienen en el Estatuto de Contratación (art. 16 Ley 80 de 1993), no es precisamente el aplicable en el caso concreto.

 

 Pero lo que si no puede dejarse de lado es que existen otros mecanismos que conducen a la equidad de la relación contractual por circunstancias que pudieron ser previstas por las partes y aún si no contemplaron en el contrato, deben reconocerse cuando ocurran si de ello depende su ejecución en condiciones justas y el mantenimiento de la ecuación financiera del mismo, regulación de la naturaleza de los contratos onerosos y conmutativos y de obligaciones recíprocas que resulta de vital importancia determinarla, dado que cualquier variación en la economía de éstos durante su vigencia, que se caracteriza por ser más o menos larga, rompe el equilibrio deseado.

 

Por lo anterior la sala comparte lo afirmado en las aclaraciones de voto que tuvo la sentencia recurrida, toda vez que ésta no tuvo en cuenta que existen otros fenómenos que dan lugar a que la economía del contrato se lesione, en tal forma que el contratista no solo pierde la posibilidad de una ganancia justa sino que incurre en pérdidas que deben ser indemnizadas.

 

De esa manera hace suyas una de dichas aclaraciones cuando expresa: " …la estructura general del fallo está asentada sobre la base que la ruptura del equilibrio económico del contrato únicamente tiene lugar frente a fenómenos de imprevisión, tesis que no comparto, pues la ecuación económica del contrato, concebida como una interrelación entre derechos y obligaciones entre las partes que se miran como equivalentes, puede desequilibrarse por fenómenos eminentemente previsibles, como es el que precisamente se plantea en el evento sub lite, cual es la inflación monetaria normal a que está actualmente sometida la economía colombiana y a las cuales las parte pueden hacer frente, precisamente, para evitar la ocurrencia de tal desequilibrio, pactando en el contrato las cláusulas atinentes a tal fin, como sería la cláusula de revisión periódica de precios y, en el evento sub lite, el reajuste anual del canon de arrendamiento que le permita al arrendador, no solamente obtener la utilidad adecuada por el uso y goce de su inmueble por parte del arrendatario, sino cubrir el mayor valor de los costos que por concepto de servicios y administración asumió a su cargo.

 

Es decir, por ausencia de inclusión de la cláusula de reajuste del canon de arrendamiento, procedente en este evento frente a un fenómeno eminentemente previsible cual es la inflación monetaria, se presentó, a mi entender, la ruptura del equilibrio financiero del contrato…"

 

Dicho equilibrio económico puede verse alterado durante la ejecución del contrato por razones tales como actos o hechos de la administración contratante, en cuyo grupo puede ubicarse el uso de los poderes exorbitantes de la administración -modificación, interpretación y terminación unilateral- y el incumplimiento de ésta.

 

También lo puede ser por actos de la administración como Estado y es aquí donde recobra aplicación la teoría conocida como "el hecho del príncipe", según la cual cuando la causa de la agravación deviene de un acto de la propia administración contratante, o de un acto, hecho u operación atribuibles al poder público en cualquiera de sus ramas que perturben la ecuación contractual en perjuicio del contratista, debe ésta restablecerse.

 

Y en un tercer evento lo puede ser por factores exógenos a las partes del negocio.

 

En efecto, no ofrece ninguna duda que la revisión del contrato en los términos del art. 868 del Código de Comercio tiene como base la imprevisión, es decir, que se trata de hechos extraordinarios posteriores al contrato que no pudieron ser previstos por las partes pero que su acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad.

 

(…)

 

Como quiera que el actor fundamentó su pedimento "en el deterioro del poder adquisitivo del peso colombiano por los años en que el canon de arrendamiento no tuvo variaciones para el arrendatario y en el que tendría más adelante de no modificarse las condiciones económicas del contrato" y en ningún momento alegó situaciones extraordinarias o imprevistas, ya que perseguía adecuar el contrato a la realidad económica para "restablecer el equilibrio financiero perdido y para procurar que en el futuro se mantenga una ecuación económica del mismo", la situación más conocida y de mayor uso para adecuar el contrato a la realidad económica es sin lugar a dudas la revisión periódica de los precios en función de la variación de los factores determinantes de los costos previstos.

 

(…)

 

En este orden de ideas, tanto la teoría del riesgo imprevisto como las demás que se enunciaron y el mecanismo de la revisión de precios pueden aplicarse al contrato de arrendamiento para efectos de revisión o restablecerse la ecuación económica, dependiendo de las circunstancias que encajen en cada una de ellas. De esta manera, la revisión del canon y con mayor razón cuando las partes no previeron la forma en que se reajustaría el mismo ante la prórroga automática del contrato, es viable no sólo por aplicación analógica de las disposiciones anteriormente citadas, sino porque la ley ha sido cuidadosa en intervenir la fijación del precio en dichos contratos para establecer hasta qué monto las partes pueden convenir el ajuste adecuado que debe pagar el arrendatario con el fin de favorecer y equilibrar el resultado económico de los arrendadores.

 

Por ello, debe prosperar la pretensión de la demanda en lo que se refiere al restablecimiento del equilibrio del contrato en los términos que más adelante se señalará, porque en el caso concreto, era razonable y evidente sin necesidad de demostración alguna, que si el canon se congeló durante ocho años y corría por cuenta del arrendador el pago de los servicios públicos y la administración del inmueble que se incrementaban anualmente, el contrato se ejecutó en condiciones de desventaja para el demandante, a un punto de pérdida y de desigualdad frente al tratamiento que la ley le brinda a los contratos de arrendamiento con la autorización de reajustes anuales.  

 

Volver a tema

 



[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 2003 (Expediente 10.883).

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
INFORLEX SAS ©
Derechos Reservados
Álvaro Darío Becerra Salazar
MMX - MMXV