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Esta página contiene tres (3) jurisprudencias

 

 

DECRETO 1510 DE 2.013.- Artículo 37. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

ACTOS POSCONTRACTUALES

 

NATURALEZA DEL ACTO POSCONTRACTUAL

 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA SINIESTRO

 

ACCIÓN - CADUCIDAD 

                                                                         

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Bogotá, D. C., veintidós (22) abril de dos mil nueve (2009), Radicación número: 19001-23-31-000-1994-09004-01(14667) 

 

... conviene ahora precisar cuál es la naturaleza de aquellos actos que son expedidos por la Administración con posterioridad a la terminación del contrato.

 

A partir de los elementos constitutivos del acto administrativo, entre ellos, su objeto o contenido, el motivo y la finalidad buscada con su expedición, se intentará desentrañar la naturaleza de los actos emanados de la Administración, después de terminado el contrato, es decir, si dichos actos son separables del contrato o por el contrario, son contractuales y de esta manera determinar la acción procedente para controlarlos y el término de caducidad con que cuenta el interesado en incoarla.

 

El objeto o contenido del acto administrativo, es entendido por la doctrina como “el mundo jurídico a modificarse o alterarse en la ejecución del acto administrativo, o también como “lo que se decide en el acto, es el contenido del acto que debe corresponder, en su materialidad, precisamente a la función administrativa. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha enseñado que el contenido del acto administrativo “es el alcance de la decisión: crear, modificar, o extinguir una relación jurídica, en ejercicio de la función administrativa.

 

Este concepto relativo al objeto o contenido del acto administrativo, aplicado al caso sub lite, determina sin lugar a duda que la decisión adoptada por la entidad pública, después de terminado el contrato, con el fin de crear, modificar o extinguir una relación jurídica proveniente del mismo, consistente en declarar que se presentaron circunstancias posteriores a su terminación [deterioro prematuro de la obra o mal funcionamiento de los equipos reparados que se traducen en vicios ocultos de la cosa objeto del contrato], que determinan el incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas, son manifestaciones que surgen o tienen su origen directamente en el contrato celebrado y ejecutado.

 

En otras palabras, el contenido de dicho acto tiene su razón de ser en el contrato mismo y, en tal sentido, debe concebirse como un acto contractual no separable del negocio jurídico que le dio origen, así haya sido expedido después de terminado el contrato, toda vez que carecería de todo fundamento fáctico y jurídico que la Administración expidiera un acto administrativo declarando la ocurrencia del incumplimiento de las obligaciones -declaratoria del siniestro-, de un contrato que no ha sido celebrado, es decir, que el acto administrativo y el contrato se tornan inescindibles y, por tal razón, el acto no puede subsistir autónomamente como un acto separable del contrato.

 

Ahora bien, si se examina otro de los elementos del acto administrativo, el relacionado con la causa o motivo, definido por la jurisprudencia de la Corporación como “las circunstancias de hecho o de derecho, que provocan la emisión de un acto administrativo,” se tiene, a la luz de este concepto, que la causa o motivo del acto administrativo que se impugna en este proceso (el por qué se expidió el acto), lo constituye el presunto incumplimiento de un contrato celebrado entre la Administración y un particular, es decir, que el acto administrativo se produjo con ocasión de la actividad contractual desplegada por la celebración y ejecución de un contrato estatal que en criterio de la Administración, no fue cumplido por su co-contratante, circunstancias que se convierten en los antecedentes de hecho y de derecho que dieron lugar a la expedición del acto administrativo.

 

Lo anterior ratifica una vez más que el acto demandado no puede separarse del contrato que motivó su expedición y, en consecuencia, dicho acto administrativo debe tenerse propiamente como un acto de contenido contractual, el cual no es susceptible de enjuiciarse mediante la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, sino mediante la acción contractual.

 

El fin o finalidad como elemento esencial del acto administrativo (para qué se expide) estará orientado a la satisfacción del interés público y al acatamiento de principio de legalidad para así evitar que el acto se produzca con desviación de poder.

 

El Consejo de Estado ha fijado unas reglas cuya observancia resulta indispensable en relación con este elemento esencial del acto administrativo, las cuales se encuentran referidas a: i) el agente administrativo no puede perseguir sino un fin de interés general; ii) el agente público no debe seguir una finalidad en oposición a la ley; iii) no basta que el fin perseguido sea lícito y de interés general, sino que es necesario, además, que entre en la competencia del agente que realiza el acto y iv) siendo aún lícito el fin, de interés público y dentro de la competencia del agente, no puede perseguirse sino por medio de actos que la ley ha establecido para el efecto.

 

Si se examina la finalidad del acto administrativo impugnado, se observa que con su expedición se pretende hacer efectiva la garantía constituida para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la calidad del servicio prestado y el buen funcionamiento de los equipos, objeto del contrato de mantenimiento celebrado y de esta manera obtener el resarcimiento de los perjuicios causados a la Administración, en protección del patrimonio público, el cual se vio afectado por no contar con los equipos y maquinaria objeto del contrato en perfectas condiciones de funcionamiento, hecho que también incidió negativamente en el cumplimiento de los cometidos estatales buscados con la contratación, que no son otros que el interés público y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

 

Con esto se evidencia que el acto administrativo expedido se encuentra directamente vinculado al contrato y su existencia se justifica en la existencia misma del negocio jurídico celebrado, lo cual confirma, sin lugar a duda, que dicho acto es de naturaleza contractual así haya sido expedido después de la terminación del contrato.

 

En relación con los actos expedidos por la Administración, después de terminado el contrato, concretamente sobre aquellos mediante los cuales se declara el siniestro para que el contratista responda por vicios y defectos de la obra o por la calidad del servicio prestado, la jurisprudencia de la Sala, ha precisado que dichos actos participan de la naturaleza de actos contractuales por ser expedidos como consecuencia de la ejecución del contrato. A continuación se transcriben los apartes pertinentes:

 

“A primera vista se advierte que una vez liquidado el contrato, la única responsabilidad que subsiste para el contratista con la administración como dueña de la obra, es la de acudir al saneamiento de los vicios y defectos de construcción de la obra en los términos del art. 2060 del C.C., cuando se trata de la ejecución de un contrato de obra pública, así como amparar la de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones laborales o de los daños causados a terceros por el contratista, riesgos que en la contratación estatal es obligatorio garantizar (Art. 25-19 y 60 ley 80 de 1993). La Administración tiene la potestad de hacer efectiva las garantías correspondientes en el evento que se configure cualquiera de los anteriores riesgos. Ocurrido el siniestro la administración puede declararlo mediante acto administrativo debidamente motivado, que podrán impugnar judicialmente dentro de los dos años siguientes quienes se sientan afectados con la decisión de la administración, esto es, el contratista de la obra y la compañía de seguros. En el presente caso, se trataría de un acto que es necesario expedir como consecuencia de la ejecución de un contrato y el cual tendría igual tratamiento y discusión judicial que los actos dictados durante el desarrollo del contrato.

 

Con apoyo en los razonamientos expuestos y en los lineamientos jurisprudenciales de la Sala, se impone concluir que los actos impugnados, mediante los cuales se declaró el siniestro de mala calidad del servicio de reparación de los equipos y se ordenó hacer efectiva la póliza que garantizaba la calidad y el correcto funcionamiento de los mismos, son actos contractuales dictados con ocasión de la actividad contractual, toda vez que su existencia se justifica y origina en razón de la celebración y ejecución del contrato.

 

De otra parte, según lo prescrito por el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, norma vigente al momento de incoar la acción contractual, los actos expedidos con motivo u ocasión de la actividad contractual son controlables por vía administrativa mediante el recurso de reposición y judicialmente a través del ejercicio de la acción contractual, quiere decir que los actos administrativos expedidos por la Administración, después de la terminación del contrato, como lo es el acto mediante el cual se declara el siniestro en un contrato estatal, serán enjuiciables mediante el ejercicio de la acción contractual.

 

2.1.2    El término para incoar la acción. Caducidad de la acción.

 

Una vez establecido que los actos materia de enjuiciamiento en este proceso son actos contractuales y, que por lo tanto, la acción procedente para impugnarlos es la contractual, deberá examinarse si ésta no se encontraba caducada, toda vez que éste constituye uno de los presupuestos de la acción, razón por la cual resulta pertinente precisar la fecha a partir de la cual empieza a contabilizarse el término de los dos años para efecto de la caducidad de la acción; para tal fin, deberá precisarse cuál era la normatividad que se encontraba vigente a la fecha de la terminación del contrato y de la expedición de los actos administrativos.

 

Se observa que el contrato que dio origen a los actos administrativos demandados fue celebrado el 17 de diciembre de 1992; el recibo de los trabajos tuvo lugar el 16 de junio de 1993; los actos impugnados datan del 8 de octubre y 22 de diciembre del mismo año y la presentación de la demanda ocurrió el 30 de agosto de 1994. Durante toda esta época estuvo vigente el Decreto 2304 de 1989, mediante el cual se introdujeron algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo, entre otras, al artículo 136, disposición cuyo texto modificado, en relación con la caducidad de la acción contractual, estableció lo siguiente: “las relativas a contratos caducarán en dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.”

 

Sobre el tema la jurisprudencia de la Sección Tercera ha reiterado que para efecto de contabilizar el término de caducidad de la acción contractual deben distinguirse, los contratos que según la ley requieren de liquidación, de aquellos en los que no se exige.

 

En el evento de que no se requiera de la liquidación del contrato, la jurisprudencia determinó que el término para incoar la acción se contabilizaría a partir de la terminación del contrato, pero que cuando se exigía de la liquidación, el término empezaría a contarse desde la fecha en que efectivamente ésta se produjo o, en su defecto, desde la fecha en que tal liquidación debió realizarse.

 

Pero como en el caso sub lite la acción contractual incoada está dirigida a obtener la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro y de aquel que resolvió el recurso de reposición interpuesto, deberá tenerse en cuenta, a efecto de contabilizar el término de la caducidad de la acción, que no siempre será determinante única y exclusivamente la fecha de la liquidación del contrato sino que también tiene relevancia la fecha de la ejecutoria del acto administrativo impugnado.

 

Sobre el fenómeno de la ejecutoria del acto administrativo, para efecto de contabilizar la caducidad de la acción, la doctrina ha indicado “que solo podrá contarse el término de caducidad cuando dicha decisión no sea susceptible del recurso alguno por la vía gubernativa. El acto administrativo de contenido particular se entiende ejecutoriado, por regla general, al día siguiente de su notificación. Obviamente se refiere a la del acto que culmina la actuación o cierra el debate gubernativo y sobre el cual no procede recurso en sede administrativa. Este alcance lo demuestra claramente el artículo 136 nl. 2 del C.C.A.”

 

Adicionalmente, precisó que si se empieza a contar el término de caducidad a partir de la notificación es porque en esa oportunidad se entiende ejecutoriado el acto, bien porque contra él no procede recurso alguno por vía gubernativa o porque estos ya fueron resueltos, puesto que, de lo contrario, “existiendo un recurso pendiente el acto se estima apenas en vía de expedición y por ende, aún sin efectos para el administrado y sin valor ejecutorio alguno. En otros términos, los recursos pendientes suspenden la ejecución y los efectos del acto, ya que se conceden en efecto suspensivo (art. 55)”

 

La sala acoge esta directriz para aplicarla al caso que se examina, con el fin de establecer si la acción contractual se encontraba o no caducada.

 

De conformidad con los anteriores lineamientos, cuando se trata de la impugnación judicial de un acto administrativo de naturaleza contractual mediante el cual la Administración declara un siniestro con el fin de hacer efectiva la garantía constituida por el contratista ante un compañía de seguros, (mediante la celebración del contrato accesorio de seguro), es posible plantear distintas hipótesis en relación con la fecha a partir de la cual debe contabilizarse el término para la caducidad de la acción contractual, si se tiene en cuenta que la garantía de cumplimiento y los amparos que ella contiene, constituye una especie del seguro de daño y que algunas de estas pólizas pueden hacerse efectivas durante la ejecución del contrato estatal mientras que otras tan solo lo son, después de terminado o liquidado el respectivo contrato.

 

A continuación se esbozan algunas de estas hipótesis:

 

Cuando la póliza puede hacerse efectiva durante la ejecución del contrato.

 

            En esta primera hipótesis la fecha de ejecutoria del acto administrativo que declara el siniestro no tiene relevancia para efecto de la contabilización del término de caducidad de la acción contractual, puesto que es la fecha de liquidación o terminación del contrato, en cada caso, la determinante para este efecto.

 

 A manera de ejemplo podríamos estar ante el evento de una póliza que garantiza el pago de salarios y prestaciones sociales de un trabajador a quien el contratista ha incumplido el pago de estos rubros y aquel formula la correspondiente reclamación ante la Administración, en vigencia del contrato. En este evento, si la Administración declara el siniestro durante la ejecución del contrato y el acto administrativo alcanza su firmeza en vigencia del contrato, el término para la caducidad de la acción empezará a contarse, no a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la declaró, sino a partir de la fecha en que el contrato se liquide, si este requisito es necesario, o de la fecha en que termine el contrato, cuando éste no requiere de liquidación.

 

Cuando la póliza solo puede hacerse efectiva después de la terminación o liquidación del contrato.

 

En esta hipótesis prima la fecha de ejecutoria del acto administrativo que declaró el siniestro, para efecto de la contabilización del término de caducidad de la acción, tal como se explicará a continuación:

 

En presencia de una póliza que verbigracia, garantiza la estabilidad de las obras ejecutadas por un contratista, su efectividad solo podrá cumplirse después de la terminación y liquidación del contrato, puesto que es después de ejecutadas y entregadas las obras, y puestas al servicio de la comunidad, que la Administración puede detectar defectos en la construcción y amenaza de su deterioro prematuro; situación que como resulta obvio, genera perjuicios al Estado. En tal evento, el acto administrativo mediante el cual se declara el siniestro, necesaria e inevitablemente, será expedido después de la liquidación del contrato y, por lo tanto, el término a partir del cual empezará a contabilizarse la caducidad de la acción contractual, será el de la ejecutoria del acto que declara el siniestro.

 

De otra parte cuando se trata de un contrato que según la ley no requiere de liquidación, como en el de compraventa de un bien, si éste presenta vicios ocultos, después de finalizado el negocio jurídico y ello determina la declaratoria del siniestro por parte de la Administración, es decir, después de agotado el contrato, dado que se trata de aquellos que la ley denomina de ejecución instantánea, la fecha a partir de la cual se contabilizará el término para la caducidad de la acción será también el de la ejecutoria del acto administrativo que declaró el siniestro.

 

Amén de lo anterior, cabe precisar que la declaratoria del siniestro, materializada mediante un acto administrativo, deberá hacerse por la Administración, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, hecho que necesariamente debe acaecer durante la vigencia del seguro, así la declaratoria se produzca después de su vencimiento. Lo anterior tiene sustento tanto en la ley, artículo 1081 del Código de Comercio, como en la doctrina y la jurisprudencia que sobre el tema, en particular, ha desarrollado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

 

El artículo 1081 del Código de Comercio consagró un término de dos años para la prescripción ordinaria y uno de cinco años para la extraordinaria, la primera de ellas corre desde el momento en que el interesado haya tenido conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, (factor subjetivo) mientras que la extraordinaria por ser objetiva, correrá contra toda clase de personas sin consideración alguna del citado conocimiento, desde el momento en que nace el respectivo derecho.

 

De otra parte ha señalado la doctrina que los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria corren simultáneamente, es decir, que dentro del plazo de los cinco años puede operar el término de los dos años, lo cual no significa que el interesado pueda acogerse indistintamente, a su conveniencia, a una u otra de las prescripciones anotadas toda vez que aquella que primero se agote está llamada a producir el efecto extintivo de la obligación o del derecho correlativo.

 

A su vez, el Consejo de Estado, en sentencia de 6 de octubre de 2005, reiteró el criterio que de tiempo atrás había sostenido en relación con el término del cual disponía la Administración para declarar el siniestro acaecido en un contrato estatal, amparado por un contrato de seguro. En el siguiente sentido se pronunció:

 

“El acaecimiento del siniestro, o sea, el incumplimiento, debe ocurrir dentro del plazo de vigencia del seguro fijado en la póliza, para que el Asegurador resulte obligado a la indemnización. Empero, dicho término no es el mismo dentro del cual las autoridades aduaneras deben declarar el incumplimiento. La Sala siguiendo este mismo criterio, se ha pronunciado reiteradamente en los siguientes términos:

 

«Cosa distinta la constituye el término para proferir el acto administrativo que ordene hacer efectiva la garantía, que junto con la póliza otorgada constituyen el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 numeral 5o. del Código Contencioso Administrativo.

 

Término que contrariamente a lo expresado por el a-quo no necesariamente debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía, porque éste tiene por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia. Ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que pueden ser coetáneos o posteriores a la de la vigencia de la póliza.»

 

Por regla general, la Administración dispone del término de (2) dos años para declarar el siniestro y la consiguiente efectividad de la garantía, contados a partir de cuando tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, o de la fecha en que razonablemente podía tenerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, que establece los términos de prescripción en el contrato de seguros, a este tenor:”

 

De lo anteriormente expuesto se colige que la Administración tiene como termino máximo para declarar el siniestro, el de dos años después de haber tenido conocimiento de la ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo, de tal suerte que expedido el acto administrativo que lo declara y ejecutoriado el mismo, mediante el agotamiento de la vía gubernativa, empezará a correr el término de los dos años que la ley ha previsto para el ejercicio de la acción contractual. Lo anterior no significa que el acto administrativo que declara el siniestro deba encontrarse en firme dentro de los dos años siguientes al conocimiento del hecho por parte de la Administración, sino basta con que haya sido declarado por ella dentro de este término; lo contrario significaría limitar la competencia de la Administración para expedir el acto.

 

Agrega en esta oportunidad la Sala que a la misma conclusión se llega, si se tiene en cuenta que la caducidad de la acción contractual es de dos años, término máximo del que dispondría la entidad contratante para pretender judicialmente el incumplimiento del contrato de seguro en el evento de acaecimiento del siniestro y, dado que la ley le otorga el privilegio o potestad de hacer efectivo dicho incumplimiento de manera unilateral mediante la declaratoria de ocurrencia del siniestro, tal facultad no podrá exceder del término antes señalado.

 

Hechas estas precisiones procede examinar, en el sub lite, a partir de qué fecha, debe contabilizarse el término de caducidad de la acción contractual a efecto de determinar si la demanda fue incoada oportunamente.

 

En el asunto sometido a conocimiento de la Sala, el contrato de prestación de servicios para la reparación de maquinaria, era uno de aquellos que no requería de liquidación al tenor de lo prescrito por el artículo 287 del Decreto –ley 222 de 1983, razón por la cual nada se estipuló en el contrato respecto de la liquidación. Obra en el expediente el “Acta de recibo No 1 y liquidación parcial”, de 16 de junio de 1993 que corresponde en estricto sentido a la entrega y recibo de los trabajos que fueron ejecutados parcialmente, según se evidencia en la mencionada Acta y en la constancia de recibo de los equipos reparados, documentos suscritos en la misma fecha.

 

Como se observa, la Resolución No. 2764 de 8 de octubre de 1993, mediante la cual se declaró el siniestro y se ordenó hacer efectiva la póliza de calidad y correcto funcionamiento, fue expedida con posterioridad a la terminación del contrato, y quedó ejecutoriada el 17 de enero de 1994, fecha de la diligencia de notificación personal al representante legal de la Compañía Aseguradora de la Resolución No. 3568 de 22 de diciembre de 1993, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, contra ella interpuesto.

 

Quiere decir, que en el presente caso el término de caducidad empezaría a contabilizarse desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que declaró el siniestro, por cuanto el mismo fue expedido después de terminado el contrato, es decir desde el 17 de enero de 1994 y como la demanda fue presentada el 30 de agosto de 1994, resulta claro que al momento de incoar la acción aún no había vencido el término de los dos (2) años, previsto para la caducidad de acción contractual.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

ACTOS POSCONTRACTUALES

 

PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C.,  VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE  DE  DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN:25000-23-26-000-1995-1324-01(14582).- ¿Constituyeron los oficios Nos. 000713 y 001135 expedidos por la administración el 25 de agosto y 12 de octubre de 1993 respectivamente,  a través de los cuales negó a la sociedad demandante el pago de los intereses de mora reclamados por la tardanza en el pago de algunas cuentas de los contratos, verdaderos actos administrativos, autónomos y relativos a la actividad contractual que puedan demandarse judicialmente como tales, en ejercicio de la acción contractual?.

 

Considera la Sala que no porque la solución contraria implicaría que basta que el contratista que dejó pasar la diligencia de liquidación del contrato sin dejar salvedades o el que las hizo pero no acudió al aparato judicial dentro de la oportunidad legal o el que recibió pagos extemporáneos y dejó pasar el tiempo para reclamar los perjuicios que la mora le causó, presentara a la administración reclamaciones y que ésta se pronunciara sobre ellas para agotar así la vía gubernativa y reabrir los plazos ya precluídos, con grave detrimento para la seguridad jurídica. 

 

Aquí de lo que se trata es de definir si la decisión tomada por la administración en tales oficios abrió paso a la acción contractual frente a una responsabilidad de su parte, en la medida que dichos actos hayan sido expedidos en desarrollo de la actividad contractual de que da cuenta el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

 

 Acerca de los actos propios de la actividad contractual, ya la Sala ha señalado que son “todos aquellos que se expiden dentro de la operación contractual, vale decir, los que tienen relación directa con las  actividades que se cumplen desde la iniciación del proceso de selección del contratista hasta la terminación y liquidación del contrato, diferenciándose sí los de la etapa precontractual (separables o previos) de los contractuales propiamente dichos, susceptibles de impugnarse los primeros a través de las acciones previstas en los  arts. 84 y 85 del c.c.a y los segundos por la del art. 87”.

 

En lo que se refiere a los actos que expide la administración con posterioridad a la liquidación del contrato, en razón de los efectos jurídicos que de tal diligencia se derivan -extinguir la relación jurídica entre las partes-  éstos pasan a ser excepcionales, ya que la administración una vez liquidado el contrato pierde las potestades que le concede la ley y que son inherentes al mismo.

 

 Fuera de los actos que podrá expedir para declarar la ocurrencia del siniestro con fundamento en las garantías constituidas a su favor por los riesgos que subsisten después de la liquidación (estabilidad de las obras, incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores, daños a terceros), no se advierten otro tipo de actos que puedan encajar en la actividad contractual propiamente dicha, como lo destacó la sala en la sentencia del 10 de mayo de 2001, Exp. 13.347.

 

De ahí que quien se sienta afectado por la administración con la expedición de un acto que se relacione con la ejecución de un contrato con fundamento en circunstancias distintas a las mencionadas y ya liquidado el mismo, tendrá que hacer valer sus derechos o buscar el restablecimiento de ellos a través de la acción que le es propia a los actos administrativos (art. 85 y 136 num.2 c.c.a). 

 

En estas condiciones, las decisiones de la administración consignadas en los oficios referenciados, no adquirieron la naturaleza de actos contractuales por la sola circunstancia de resolver las reclamaciones que la sociedad demandante hizo respecto del incumplimiento de aquélla.  Desde el momento en que los contratos se liquidaron, el contratista debió gestionar ante la administración el cobro de las sumas pendientes de pago y si éste no se realiza o se hace en forma tardía, una y otra pretensión deberán encaminarse por la vía ejecutiva.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

ACTO ADMINISTRATIVO POSCONTRACTUAL 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C.,  DIEZ (10) DE MAYO  DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347).- 2.3 Los actos que expide la administración con posterioridad a la liquidación del contrato.

 

En el presente caso no cabe referirse a los actos separables del contrato sino a los  que puede expedir  la administración una vez se encuentra liquidado, pese a que sea un contrasentido que luego de efectuarse esta diligencia en razón a los efectos jurídicos que de ella se derivan -extinguir la relación jurídica entre las partes - pueda subsistir aún para la administración contratante la posibilidad, o mejor la competencia, de expedir actos vinculados al contrato.

 

A primera vista se advierte que una vez liquidado el contrato, la única responsabilidad que subsiste para el contratista con la administración como dueña de la obra, es la de acudir al saneamiento de los vicios y defectos de construcción de la obra en los términos del art. 2060 del C.C, cuando se trata de la ejecución de un contrato de obra pública, así como ampararla de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones laborales o de los daños causados a terceros por el contratista, riesgos que en la contratación estatal es obligatorio garantizar (arts. 25, nl.19 y 60 ley 80 de 1993). La administración tiene la potestad de hacer efectiva las garantías correspondientes en el evento que se configure cualquiera de los anteriores riesgos.  Ocurrido el siniestro la administración puede declararlo mediante acto administrativo debidamente motivado, que podrán impugnar judicialmente dentro de los dos años siguientes quienes se sientan afectados con la decisión de la administración, esto es,  el contratista de la obra y la compañía de seguros.

 

En estas condiciones, se trataría de un acto que es necesario expedir como consecuencia de la ejecución de un contrato y el cual tendría igual tratamiento y discusión judicial que los actos dictados durante el desarrollo del contrato.

 

Lo precedente permite formular este interrogante: ¿ Es la resolución No. 2070 expedida por el alcalde municipal de Arauca el 23 de noviembre de 1994 “por la cual se ordena reintegrar unos dineros” un acto de naturaleza contractual y por consiguiente, impugnable por la vía de la acción contractual en el término de dos años ?

 

El a-quo estimó que dicho acto ostentaba esa naturaleza “en el sentido de que se trata de una decisión igualmente de carácter contractual; más aún cuando fue proferido en vigencia de la ley 80 de 1993 ...”; más adelante,  sin embargo indicó que como acto “independiente, autónomo y definitivo tiene su propio término de caducidad y su propio control en vía gubernativa y jurisdiccional”.

 

Lo primero que debe advertirse es la inutilidad de la mencionada resolución, en tanto la administración municipal no requería  formalizar en un acto administrativo el reintegro de las sumas de dinero a cargo del demandante si éstas tenían su causa en las actas de liquidación de los contratos, ya  que dichas actas por si mismas eran suficiente título ejecutivo para el cobro pretendido por la administración. Ello claramente se infiere del acto acusado, el cual tanto en la parte motiva como resolutiva expresa que el reintegro ordenado al demandante por $38.146.257 tiene fundamento en las actas de liquidación suscritas el 28 de octubre/92 de 1992.

 

Para la Sala dicho acto no  tiene la naturaleza de contractual.  Es un acto de mera ejecución encaminado al cumplimiento de los que le dieron origen, vale decir, su suerte dependía de la que corrieran las actas de liquidación de los contratos que si son en estricto sentido actos bilaterales de naturaleza contractual.

 

La circunstancia de que contra el acto acusado el demandante haya agotado la  vía gubernativa, en razón a que en el mismo se le concedieron los recursos de reposición ante el Alcalde de Arauca y el de apelación ante el inmediato superior, los cuales fueron resueltos el primero de ellos en forma desfavorable (fl. 114) y el segundo en el que acertadamente el gobernador del Departamento de Arauca denegó su trámite teniendo en cuenta que se trataba de una decisión frente a la cual sólo cabía la reposición (fl. 147),  no significaba que fuese susceptible en consecuencia del control de legalidad  ante la justicia contenciosa administrativa. En otras palabras, si dicho acto no tenía control administrativo por la vía gubernativa de conformidad con el art. 49 del c.c.a, tampoco tenía control judicial.

 

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