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Régimen especial
 

Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

IMPUGNACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

 

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C.,  DIEZ (10) DE MAYO  DE DOS MIL UNO (2001), RADICACIÓN NÚMERO: 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347).- 2.1 El término de caducidad para impugnar las actas de liquidación de los contratos.

 

La regla general para el ejercicio de la acción relativa a las controversias contractuales de acuerdo con el art. 136 del c.c.a es que éstas caducarán al cabo de “dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”, término dentro del cual son susceptibles de demandarse “los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual” según el art. 77 de la ley 80 de 1993 inciso 2º, el cual se cuenta dependiendo de las circunstancias particulares del contrato o del acto, en los eventos señalados en el numeral 10 del art. 136 del c.c.a, con las modificaciones que introdujo el art. 44 de la ley 446 de 1998.

De acuerdo con lo anterior, los contratos que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, la acción contractual podrá invocarse a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta.

 

La jurisprudencia de la sala ha sido reiterativa en señalar que el hecho de haberse liquidado el contrato por el mutuo acuerdo de las partes sin que en el acta correspondiente se haya dejado salvedad concreta alguna, impide cualquier reclamación posterior por cualquiera de las partes o su impugnación judicial, salvo que se alegue su nulidad en los eventos previstos en los arts.1740 y siguientes del Código Civil, o por vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo), o porque exista error u omisión debidamente comprobado.

 

De conformidad con el art. 1502 del Código Civil “para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad…” es necesario, entre otras cosas “que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio”.  Determina así mismo el art. 1508 que los vicios de que puede adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo; o sea que a la luz de dicha codificación el consentimiento es uno de los elementos esenciales para la existencia y validez del acto jurídico y de ello depende  que la manifestación de voluntad de cada uno de los agentes no se produzca bajo el imperio de coacción física o moral, ni a causa de un error fortuito o provocado por el dolo de otro de los agentes.

 

Respecto al error en la naturaleza del acto enseña en el art. 1510 que “el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra; como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra”.

 

Este precepto guarda total armonía con los artículos 768 y 1524 del mismo ordenamiento, en virtud de los cuales “la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo vicio” y  “no puede haber obligación sin una causa real y lícita …”.

 

La doctrina con acierto considera que el error, como vicio del consentimiento, “supone que el contrato se ha celebrado por efecto de una opinión contraria a la realidad, y que uno de los contratantes se ha equivocado respecto a un elemento de la operación”

 

No obstante que la teoría de los vicios del consentimiento de acuerdo con las normas transcritas encuentra su plena aplicación en materia del contrato de compraventa, nada impide que en cualquier negocio jurídico donde reina la voluntad de las partes también puedan alegarse por las mismas circunstancias. La liquidación de un contrato estatal por mutuo acuerdo de las partes es un acto bilateral y como tal solo podrá impugnarse por las anteriores circunstancias.

 

Cualquiera que sea la acepción de error que se plantee, para la Sala este sería el vicio a alegar en el evento de que el firmante de dos documentos al mismo tiempo,  luego alegue que sólo uno era el real porque el otro contenía errores que advirtió ya habiéndolo firmado.  En el caso concreto, respecto de las actas de liquidación de los contratos con contenido diferente y sin que de entrada pueda determinarse cuáles son las verdaderas, sólo al confrontarlas de acuerdo con los elementos subjetivos y objetivos que rodearon los supuestos fácticos y que demuestre el interesado, podrá el  juez determinar el documento que verdaderamente recoge  la voluntad de las partes.

 

Por el momento y teniendo en cuenta que lo que de inmediato se busca precisar es si la acción procesal se ejercitó en tiempo, en el caso concreto se tiene y no hay ninguna duda sobre ello porque materialmente existen las actas,  que los contratos que celebraron las partes fueron liquidados en la misma fecha y que las partes, al menos el contratista y el funcionario en quien el representante legal de la entidad pública delegó la liquidación de los mismos, suscribieron dos actas de liquidación por cada uno de ellos, lo cual hace creible que si el demandante poseía unas actas y la administración otras y cada una de las partes alega que posee “las verdaderas”, resulta evidente que solo unas de ellas son las válidas y que para los firmantes se presentó un error que es el que tratan de esclarecer.

 

En estas condiciones, pese a que las partes firmaron por mutuo acuerdo el acta de liquidación de los contratos el 28 de octubre de 1992, si para el demandante las actas de liquidación que poseía y acerca de las cuales no tenía ningún reparo porque tenía la convicción que éstas eran las que habían finiquitado los efectos de las obligaciones contractuales con el municipio, al punto que le sirvieron de título ejecutivo para demandarlo por la vía ejecutiva,  fue en el momento en que tuvo conocimiento de que la administración poseía otras actas cuando surgió el conflicto y nació para él la posibilidad y el interés de impugnarlas; por consiguiente, es a partir de ese momento que debe contarse el término perentorio de la caducidad para el ejercicio de la acción.

 

En el asunto que se debate el representante legal de la sociedad demandante manifestó que “se dio cuenta de la existencia de doble actas de liquidación de los contratos 219, 225 y 264”, cuando el municipio contestó la demanda ante el juzgado promiscuo del circuito de Arauca y cuando éste llamó a las partes a audiencia de conciliación (fl. 6 C.3).  Como fundamento del recurso de apelación de la sentencia por su parte alegó que el hecho que dio origen al conflicto generado por la alcaldía municipal de Arauca y “totalmente desconocido por mi poderdante” fue la notificación el 15 de diciembre de 1994  de la resolución 2070 del 23 de noviembre de 1994, mediante la cual se hacía un cobro al demandante de obligaciones con cargo a las actas de liquidación de los contratos que se presumían destruidas.

 

De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente el municipio contestó la demanda ejecutiva presentada por el demandante el 23 de enero de 1995 (fl. 36), fecha que si bien es cierto es posterior a la de los autos a través de los cuales el juzgado segundo promiscuo del Circuito de Arauca libró los  mandamientos de pago, no tiene lógica que haya sido en esta oportunidad en la que el demandante tuvo conocimiento de la duplicidad de  las actas de liquidación, puesto que si el municipio expidió el 23 de noviembre de 1994 la resolución No. 2070 y la notificó en la misma fecha, fue a partir de la notificación de la misma que el demandante se percató de la existencia de los motivos que llevaban a la administración a ordenarle un reintegro de dineros de los contratos, cosa distinta es que el acto se haya confirmado el 15  de diciembre de 1994 al no prosperar el recurso de reposición propuesto (fl. 74 c.ppal).

 

En estas condiciones, Para la fecha de presentación de la demanda, 31 de octubre de 1995, podía la parte actora acudir al juez para impugnar las actas de liquidación del contrato que exhibió la administración, toda vez que no habían transcurrido más de dos años de haber conocido la circunstancia que lo llevaba a solicitar la revisión judicial de las mismas.

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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