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Régimen especial
 

Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN LA LIQUIDACIÓN

 

COBRO DE PERJUICIOS EN LA LIQUIDACIÓN

 

LIQUIDACIÓN TARDÍA

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, SANTA FE DE BOGOTÁ, VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DEL DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 12723.- La Sala considera que la liquidación del contrato debía, de una parte, hacerse con base en actas en las cuales se determinaron las sumas de dinero que recibió el contratista y la ejecución de la prestación de su cargo y, de otra parte, en la liquidación debían señalarse:   las obligaciones que quedan a cargo de las partes de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.  El contrato, celebrado el 16 de abril de 1973, pactó únicamente como sanción económica para el contratista la de multas; no se hizo pacto de cláusula penal pecuniaria. 

 

Destaca la Sala que el acto de liquidación unilateral de un contrato que no contenía cláusula penal pecuniaria, para determinar las obligaciones a cargo del contratista, no podía aplicar sanciones distintas a lo acordado en el respectivo contrato.  La Administración, en este caso, sólo podía deducir obligación del contratista teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar, de conformidad con lo acordado por el respectivo contrato y lo determinado en el acto de declaratoria de caducidad del mismo.

 

 Por consiguiente cuando la U. I. S, en un contrato celebrado en 1973 que no contaba con cláusula penal pecuniaria, liquidable sólo de conformidad con lo acordado por el respectivo contrato, liquidó otros perjuicios distintos a la sanción económica al contratista por incumplimiento parcial (multa) incurrió en incompetencia material.  Sólo la U.I.S podía aplicar la sanción de multa, ésta que tenía su causa en el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. 

 

La U.I.S  no podía señalar, en el acto de liquidación unilateral, obligaciones económicas distintas de las multas; sin embargo determinó además: unos perjuicios del incumplimiento definitivo de las obligaciones del contratista y otros perjuicios se indicaron por el deterioro de la moneda, causado por el transcurso del tiempo, contado desde los hechos de incumplimiento del contratista y hasta el momento de la liquidación (indexación).

 

Respecto a la ausencia de cláusula penal tenemos que si en el contrato referido no se pactó cláusula penal pecuniaria, la Administración no tenía la facultad para liquidar, unilateralmente, a cargo del contratista otros perjuicios, distintos del incumplimiento parcial de éste.  La U.I.S debió acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,  juez de dicho contrato, y pretender la indemnización de los otros perjuicios causados por el contratista, no cubiertos por la cláusula de multas, que dieron lugar, precisamente, a dicha Universidad a declarar la caducidad administrativa del contrato.

 

(…)

 

Encuentra la Sala bien extraño que la Administración U. I. S además de la fijación de obligación al contratista por concepto de perjuicios definitivos – en un contrato sin cláusula penal pecuniaria – hubiera determinado también como obligación del contratista pagar a título de perjuicios la indexación del valor de la cuantificación de aquellos perjuicios, desde el momento de ocurrencia de cada incumplimiento contractual del contratista hasta la fecha de liquidación final del contrato, por la Administración. 

 

En este punto cabe recordar, como ya se dijo atrás, que si la Administración sólo liquidó unilateralmente el contrato en el año de 1993 pasados casi veinte años después de la declaratoria de caducidad del contrato, el silencio de la administración durante mucho tiempo, entre otros, no la eximía de responsabilidad (arts. 40 C.C.A).

 

 No es jurídico ni justo que a más de que no existía competencia administrativa para la U.I.S – por la inexistencia de cláusula penal en el contrato – para sancionar al contratista por el incumplimiento definitivo de sus obligaciones, le impusiera la obligación de pagarle perjuicios que se causaron por su propia mora en liquidar unilateralmente el contrato. La U. I. S se equivocó cuando creyó que hasta que esta jurisdicción decidiera en definitiva, de una parte, la demanda presentada por el contratista contra las resoluciones de caducidad administrativa del contrato y, de otra parte, el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el fallo de la Sección Tercera, no podía liquidar el contrato, como ya se dijo al inicio de estas consideraciones.

 

Esa tardanza administrativa, causada en su errónea creencia, no podía trasladársele al contratista para sancionarlo por un hecho que no le es imputable a él, y menos por la vía administrativa. Encuentra la Sala que el cargo que hace el demandante, por el aspecto estudiado, permite concluir que la U.I.S quebrantó el artículo 121 de la Constitución Nacional de 1991. Este refiere a que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Por lo tanto, la U.I.S no podía, en el acto de liquidación unilateral del contrato, imponer obligación al contratista por los perjuicios definitivos.

 

 Igualmente la U.I.S quebrantó los artículos 87 y 132 del C.C.A, cuando expidió el acto de liquidación.  El primer artículo alude a la acción de controversias contractuales; uno de los objetos de esta acción es el de que cualquiera de las partes pida con relación al contrato “que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios”.

 

El artículo 132 numeral 8 – vigente para cuando el acto se demandó, antes de la expedición de la ley 446 de 1998 - le atribuye a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en primera instancia conocer de los procesos “referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluido cláusula de caducidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de tres millones quinientos mil pesos”.  Esas normas permiten concluir con relación al caso concreto que la Administración quebrantó, como ya explicó, el ordenamiento jurídico.

 

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NORMAS
 
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Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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