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Régimen especial
 

Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN COMO TÍTULO EJECUTIVO

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ, BOGOTÁ, D.C.,  DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL TRES (2003).- La Sala ha manifestado en varias providencias que, cuando un contrato está liquidado, sólo procede la ejecución por la efectividad de las obligaciones correspondientes con fundamento en lo que consta en la liquidación bilateral, unilateral o judicial, según el caso.

 

Se ha sustentado esa tesis en la naturaleza y los efectos de la liquidación del contrato, a través de la cual se “deciden todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato; es un acto que, por ende, finiquita la relación existente entre las partes del negocio jurídico; la liquidación tiene la naturaleza de un ajuste final de cuentas”, y en que, si la finalidad de la liquidación del contrato es “definir quien debe a quien y cuanto”, para demostrar la existencia de obligaciones contractuales insolutas, debe acudirse a la correspondiente liquidación.

 

 Lo anterior sin perjuicio de que el juez del contrato, en desarrollo de un proceso declarativo, pueda revisar la liquidación unilateral o bilateral correspondiente, con fundamento en pretensiones formuladas para que se incluyan obligaciones en favor de una de las partes del contrato.

 

De ello se deduce que la liquidación del contrato goza de un principio de intangibilidad, no sólo cuando es unilateral o judicial, sino también cuando es bilateral. En este sentido la Sala ha precisado que procede declarar la existencia de obligaciones en favor del contratista, no incluidas en la liquidación bilateral del mismo, si el interesado hizo la correspondiente salvedad respecto de saldos insolutos y los demuestra o cuando, al no haber hecho la salvedad, demuestra la nulidad de la liquidación; ello en el entendido de que ésta se presume definitiva y obliga a las partes en los términos de su contenido.

 

En efecto, si una parte no está conforme con la liquidación, - unilateral o bilateral - debe acudir a un proceso judicial, declarativo, para demostrar la existencia de obligaciones derivadas del contrato estatal que no quedaron incluidas en la correspondiente liquidación. Y en tratándose de una liquidación judicial - que se produce cuando no se logra la liquidación bilateral o unilateral y se le pide al juez que finiquite el contrato - al interesado le queda la posibilidad de impugnar la correspondiente providencia con el objeto de que el superior de instancia revise la liquidación judicial realizada por su inferior y determine la existencia o inexistencia de las obligaciones que se reclaman.

 

 De lo expuesto se colige que liquidar el contrato es finiquitarlo; que, con la liquidación del contrato, se define el estado económico del mismo y que, liquidado el contrato, debe estarse a lo resuelto en la liquidación respecto de las obligaciones derivadas del contrato estatal, sin perjuicio de que pueda demandarse su modificación, por vía judicial.

 

Todo lo anterior ha servido de fundamento a la Sala para afirmar que el acta de liquidación del contrato constituye el único título ejecutivo válido, teniendo en cuenta que, como se dijo, ella es el balance final de las obligaciones a cargo de las partes y por ende sólo pueden tenerse como claras, expresas y exigibles las que emanen de la misma.

 

(…)

 

Procede la Sala a determinar si las obligaciones por cuya ejecución se adelantó este proceso, existen en forma clara, expresa y exigible. El ejecutante pretende el cobro ejecutivo de obligaciones con fundamento en actas parciales de obra, configuradas en desarrollo de un contrato que ya fue liquidado por un Tribunal de Arbitramento.

 

Como se indicó precedentemente el demandante, en el proceso ejecutivo, tiene la carga de demostrar, ab initio, la existencia de una obligación clara, expresa y exigible respecto de la cual sólo haga falta su cobro; ello implica la imposibilidad de proferir mandamiento de pago cuando la obligación por cuya ejecución se demanda no aparece ante el juez con esas cualidades.

 

Quedó suficientemente explicado que la Sala considera  improcedente adelantar procesos ejecutivos por obligaciones parciales derivadas de un contrato terminado y liquidado, con fundamento en documentos distintos al de la liquidación.

 

No es viable, por consiguiente, adelantar procesos ejecutivos para exigir el cobro de obligaciones parciales cuando el contrato ya ha terminado y ha sido liquidado, pues frente a esta situación se impone el acatamiento de la liquidación y sólo la ejecución de obligaciones insolutas derivadas de ésta.

 

De lo expuesto se infiere que, como el mandamiento de pago procede frente a obligaciones claras, expresas y exigibles, frente a contratos liquidados las obligaciones que gozan de esas cualidades son las contenidas en la correspondiente liquidación, razón por la cual, la ejecución promovida para el cobro de obligaciones parciales, con fundamento en documentos ajenos al de la liquidación, es improcedente.

 

En el presente caso el ejecutante adujo la existencia de obligaciones insolutas a cargo del Invías, aportó documentos conformados durante la ejecución del contrato ajenos al de la liquidación, reconoció que el contrato ya fue liquidado por un Tribunal de Arbitramento y alegó que la liquidación arbitral no comprendió las obligaciones por las que adelanta este proceso, luego, indiscutiblemente, se trata de obligaciones que no gozan de las características necesarias para la configuración del invocado título ejecutivo.

 

Dicho en otras palabras, como el ejecutante pretende que el juez declare la existencia de obligaciones en el presente proceso ejecutivo y también que con fundamento en ello disponga la ejecución, se impone negar el correspondiente mandamiento de pago, en el entendido de que el ejecutante no demostró la existencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del Invías.

 

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NORMAS
 
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