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Tipología
Régimen especial
 

Esta página contiene dos (2) jurisprudencias

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

NATURALEZA DE LA NULIDAD

 

OBJETO ILÍCITO

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

CONSEJO DE ESTADO.- SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS PÁJARO PEÑARANDA, BOGOTÁ D.C., DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 17001-23-31-000-1999-En efecto, por una parte se sostiene que los contratos de prestación de servicios como el que se examina transgreden el mandato constitucional previsto en el art. 53 de la primacía de la realidad sobre las formas y el principio de la igualdad consagrado en el art. 13 Ib., amén de ir en contravía de las previsiones de los arts. 15 y 16 del C:C que no admiten que por convenio de los particulares se deroguen leyes en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres, como ocurre cuando se provoca la renuncia de derechos protegidos por mandatos de orden público, como los laborales; y por otra parte señala que como consecuencia de ello el contrato es inexistente y sus cláusulas no producen efecto alguno.

 

Sobre el particular debe anotarse lo siguiente:

 

De conformidad con el art. 1741 del C. C. las nulidades producidas, entre otras cosas, por objeto y causa ilícita, "son nulidades absolutas".

 

El art. 1523 Ib. prescribe que hay objeto ilícito “en todo contrato prohibido por las leyes", y el 1519 Ib. también señala que “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la nación".

 

Si, pues, lo que pretende demostrar la jurisprudencia que se rectifica por la Sala Plena de lo Contencioso, es que el contrato de prestación de servicios como el que ahora ocupa su estudio viola la constitución y la ley, se opone a éstas e inclusive encuéntrase prohibido en su objeto, la consecuencia de ello, de ser cierto lo afirmado, no sería otra que la nulidad del vínculo, que no su inexistencia.

 

En efecto, si se presentare una causal de nulidad, como que el objeto del contrato se opone a la ley, a mandatos de orden público, se requeriría, para que las cosas regresen a su estado anterior, de sentencia que disponga su invalidación, pues de no ser así, continuaría surtiendo efectos y sería imposible que las partes de la relación jurídica sustancial lo desconocieran.

 

De acuerdo con lo que enseña la doctrina “Se ofrecen casos en los que puede hablarse de verdadera inexistencia jurídica del negocio que se ha pretendido realizar, en cuanto que no existe de él más que una vacía apariencia, la cual, si puede haber engendrado en alguno de los interesados la impresión superficial de haberlo verificado o asistido a él, no produce, sin embargo, y en absoluto, efectos jurídicos, ni siquiera de carácter negativo o divergente.

 

Por el contrario, la estimación de un negocio como nulo presupone, por lo menos, que el negocio existía como supuesto de hecho que, por tanto, exista una figura exterior de sus elementos eventualmente capaz de engendrar algún efecto secundario, negativo o divergente, aunque esta figura se revele luego inconsistente ante un análisis más profundo" (Emilio Betti - Teoría General del Negocio Jurídico - Segunda Edición - Editorial Revista de Derecho Privado Madrid - páginas 251 y 352). 

 

Y de vieja data ha enseñado la jurisprudencia patria (GJ 124, pgs 169-170), a tono con la doctrina universal, que “dentro de la prescripción normativa, la nulidad, cualquiera que sea su clase requiere terminantemente la decisión judicial, con audiencia de quienes fueron parte en el negocio inválido, pronunciamiento que comporta, háyase o no solicitado expresión al respecto, la ruptura del vínculo y la decadencia de todos los efectos finales a que él daba vocación, y cuando se haya ejecutado o empezado a practicar, la retrotracción de las cosas al estado que tenían con anterioridad al negocio".

 

La nulidad - enseña el profesor Fernando Hinestrosa - "es una sanción consistente en la privación al negocio de todos los efectos que está llamado a producir, mirando tanto al futuro como al pasado.

 

De ahí por qué se diga, más descriptiva que fundadamente, que la nulidad opera retroactivamente, cuando en rigor lo que sucede es que por motivos congénitos, o sea presentes al momento de la celebración del negocio -sin perder de vista la posibilidad de formación sucesiva del factum negocial- el negocio se muestra inidóneo para producir efectos y el Estado, por medio del aparato jurisdiccional y de una sentencia declarativa, dispone la privación de todo efecto, comenzando por el propio vínculo negocial y siguiendo con la eliminación de los efectos finales, en cuanto ello sea físicamente factible y no haya un interés específico consagrado por algún precepto, en la conservación de determinado efecto personal o real del acto nulo (p. Ej., arts. 1524, 149, y 1820 del código civil colombiano, y 1468 c.c. chileno)" (Fernando Hinestrosa - Conferencia Eficacia e ineficacia del contrato).

 

En sentencia C-154 de 1.997 por la cual se declaró la exequibilidad del art. 32, numeral 3 ley 80 de 1.993, se expresó que en el evento de que la administración deforme la esencia y contenido natural del contrato de prestación de servicios y se dé paso al nacimiento disfrazado de una relación laboral en una especie de transformación sin sustento jurídico con interpretaciones y aplicaciones erradas, y con lo cual se vulneren derechos de los particulares “se estará frente a un litigio ordinario cuya resolución corresponderá a la jurisdicción competente con la debida protección y prevalencia de los derechos y garantías más favorables del contratista convertido en trabajador en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales".

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

NULIDAD DE CONTRATO POR OBJETO ILÍCITO

 

OBJETO ILÍCITO POR CONTRAVENIR DISPOSICIÓN LEGAL

 

NULIDAD DECLARADA DE OFICIO

 

CASOS EN QUE NO HAY LUGAR A RESTITUCIONES MUTUAS 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, BOGOTÁ, D.C., SIETE (7) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999), CONSEJERO PONENTE: DR. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, REF: EXPEDIENTE NO. 12387.- No queda duda que, en el sub examine, se está en presencia de un contrato en virtud del cual, mediante el sistema de Venta por Martillo, la EDTU vende a la sociedad NON PLUS ULTRA S.A., 24 buses y que la vendedora no cumplió con la totalidad de las obligaciones que expresa o implícitamente adquirió en el contrato.

 

Las obligaciones incumplidas por la entidad pública se concretan en lo siguiente: "ni la EDTU, ni la Secretaria de Hacienda, hasta la fecha han entregado a NON PLUS ULTRA S.A. lo documentos necesarios idóneos, ni han gestionado ante la Secretaría de Tránsito y Transporte los traspasos de los buses, ni han hecho las gestiones pertinentes para conseguir las Tarjetas de Operación con el fin de que dichos buses puedan continuar prestando el servicio ejecutivo en el Distrito Capital, tal como se comprometieron".

 

Este sencillo planteamiento conduce a concluir que la acción apropiada en este caso era una de aquellas que el C.C.A., denomina "Controversias Contractuales", a través de la cual la Sociedad demandante debió solicitar que se declare el incumplimiento del contrato y la consecuente indemnización de perjuicios.

 

Teniendo en cuenta las muy particulares circunstancias que rodean el caso la Sala revocará la decisión recurrida y en su lugar declarará, de oficio, la nulidad, por objeto ilícito, del contrato de compraventa de bienes muebles suscrito entre la sociedad NON PLUS ULTRA S.A. y la Empresa Distrital de Transportes Urbanos de Bogotá (Hoy liquidada), puesto que, la entidad demandada procedió, contra expresa prohibición legal, a enajenar unos bienes muebles (buses), sin haber obtenido previamente autorización de la Dirección General de Aduanas para tal efecto, requisito absolutamente indispensable para ello.

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dicho que la potestad, del juzgador para declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal, está sujeta únicamente a dos condiciones: que la nulidad absoluta se encuentre plenamente demostrada en el proceso, y que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. Lo cual significa que, reunidas dichas exigencias, surgirá el deber del juez declararla, cualquiera sea el proceso de que se trate.

 

(…)

 

El artículo 244 del decreto 2666 de 1984 modificado por el artículo 42 del decreto 755 de 1990, prohíbe enajenar salvo que se obtenga previamente la autorización de la Dirección General de Aduanas para tal efecto. En este caso se enajenó contraviniendo la disposición legal, pues no se obtuvo la autorización requerida, requisito que establece la ley por la naturaleza del acto jurídico consistente en la disposición de bienes que han ingresado al país exentos del pago de derechos o que hayan obtenido una rebaja en el pago de los mismos y no por la calidad de las partes que en él intervienen, todo lo cual se acomoda perfectamente a la prescripción del artículo 1741 del C.C. Surge, pues con claridad, la nulidad absoluta que afecta al contrato de acuerdo con los establecido por los artículos 1521 y 1741 del C.C., 899 del C. de Co. y 78 del decreto 222 de 1983. Ahora bien, el efecto inmediato de la declaratoria de nulidad es la de retrotraer las cosas al estado que tendrían de no haber existido el contrato nulo.

 

 Como la sentencia de nulidad produce efectos retroactivos, cada parte tiene que restituir a la otra lo que ha recibido como prestación del contrato anulado. Sin embargo, existen eventos en que no hay lugar a tales restituciones, como ocurre cuando la nulidad se ha originado en objeto o causa ilícita, habiendo actuado las partes o una de ellas a sabiendas de la ilicitud.

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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