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CONCEPTO D.A.F.       

 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO        

 

017975-11-07-07 

Consulta lo siguiente, en relación con la financiación del programa de descontaminación de la cuenca alta del Río Chicamocha, donde el municipio de Duitama “debe aportar la suma de $18 mil millones, comprometiendo vigencias futuras por $6.000 millones y los $12.000 restantes con recursos del crédito”. (Se subraya). Agrega que, la capacidad de endeudamiento del municipio, a la fecha, es de $6.000 millones y podría comprometer los 6.000 restantes para el 2009, “después de liberar algunos recursos de créditos vigentes.” y que “Consultando el marco fiscal de mediano plazo, el superávit primario apalancaría el servicio de deuda (sic), en razón a que el contrato de empréstito se suscribe a diez años con tres años de gracia y tratándose de proyectos de saneamiento básico se pactan a una tasa compensada.”

 “¿Puede el municipio suscribir un contrato de empréstito por 12 mil millones de pesos con desembolsos de seis mil para 2007, tres mil para 2008 y tres mil para 2009?, teniendo en cuenta que a la fecha el municipio no posee la capacidad de endeudamiento, pero que financieramente podría garantizar el servicio de la deuda en forma escalonada.” (Se subraya)

 Teniendo en cuenta que no corresponde a esta Dirección manifestarse respecto a situaciones particulares, presentamos algunas consideraciones generales en relación con su consulta.

 La ley 358, artículo primero, define la capacidad de pago como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.

 

El artículo 14 de la ley 819 de 2003 señala que “La capacidad de pago de las entidades territoriales se analizará para todo el período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artículo 6o de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima de los límites allí previstos, la entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos en la citada ley.”

 

Retomamos lo expuesto por esta Dirección en el oficio 05314 de 2007, donde se indicó: 

“Ahora, cuando se trata de medir la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, para cada vigencia fiscal deberá verificarse el cumplimiento de los indicadores de solvencia de que tratan las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, a saber:  

1.       Intereses/Ahorro operacional, menor o igual a 40%

2.       Saldo de la deuda/Ingresos corrientes, menor o igual a 80%

3.       Superávit primario[1]/Intereses, mayor o igual a 100%

 Adicionalmente, no puede perderse de vista que para el otorgamiento de la autorización de endeudamiento por parte de la corporación administrativa, el alcalde debe presentar un estudio de la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial con base en las normas de: Endeudamiento – Ley 358 de 1997, Racionalización del Gasto – Ley 617 de 2000 y de Responsabilidad Fiscal – Ley 819 de 2003.

 Conviene además poner de presente que el trámite que deben adelantar las entidades territoriales en materia de operaciones de crédito público interno ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encuentra establecido en el artículo 43 del Decreto 2681 de 1993 en los siguientes términos:

 Artículo 43. Registro de endeudamiento. Deberán registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las operaciones de Crédito Público las operaciones asimiladas y las operaciones de manejo de la deuda que celebren las entidades estatales.

 El registro de endeudamiento se efectuará por la entidad estatal respectiva en la forma, plazos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y con base en copia del contrato que deberá remitirse a dicha Dirección, una vez suscrito. Para efectos de control, la mencionada Dirección podrá efectuar cruces de información con las entidades financieras.

En todo caso, con antelación al desembolso de los recursos del crédito, cuando se trate de empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentralizadas, dicho empréstito deberá registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Desde la perspectiva de las rentas con vocación para ser pignoradas, se deben seguir los lineamientos establecidos en el artículo 11 de la Ley 358 de 1997, que prescribe: 

Artículo 11. Las entidades territoriales solamente podrán pignorar las rentas o ingresos que deban destinarse forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores señalados por la ley, cuando el crédito que se garantice mediante la pignoración tenga como único objetivo financiar la inversión para la provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban asignarse las rentas o ingresos correspondientes. La pignoración no podrá exceder los montos asignados a cada sector de inversión durante la vigencia del crédito. 

Las normas vigentes sobre endeudamiento territorial en especial las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, al igual que el decreto 696 de 1998 y la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Bancaria, establecen que la responsabilidad legal en los procesos de contratación  de créditos para los gobiernos municipales corresponde tanto a las administraciones locales, como a las entidades financieras que otorguen dichos créditos. De tal manera que no podrán contratar créditos aquellas entidades que superen los límites de solvencia, sostenibilidad,  gastos y ahorro señalados en dichas normas, tampoco se podrán pignorar rentas que estén comprometidas por mandatos constitucionales, legales, Acuerdos municipales, titularizaciones financieras y/o hayan sido pignoradas previamente como garantía para la realización de operaciones de crédito público.  

Sobre el particular, el artículo 7 del decreto 696 de 1998 señala en relación con la verificación y estudio de la capacidad de pago que “Las entidades que otorguen créditos a las entidades territoriales deberán verificar la capacidad de pago de las mismas. Si hay lugar a ello, deberán, asimismo, acordar el diseño del plan de desempeño en los términos del artículo 10 del presente decreto y exigir la autorización de endeudamiento. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la aplicación de sanciones correspondientes” 

En el mismo sentido, el artículo 21 de la ley 819 de 2003 señala que “Las instituciones financieras y los institutos de fomento y desarrollo territorial para otorgar créditos a las entidades territoriales, exigirán el cumplimiento de las condiciones y límites que establecen la Ley 358 de 1997, la Ley 617 de 2000  y la presente ley. Los créditos concedidos a partir de la vigencia de la presente ley, en infracción de lo dispuesto, no tendrán validez y las entidades territoriales beneficiarias procederán a su cancelación mediante devolución del capital, quedando prohibido el pago de intereses y demás cargos financieros al acreedor. Mientras no se produzca la cancelación se aplicarán las restricciones establecidas en la presente ley”. 

Por último, las normas antes citadas señalan que cuando los gobiernos municipales superan los límites de endeudamiento autónomo señalados en las normas atrás citadas, para contratar nuevos créditos requieren la suscripción de un plan de desempeño, el cual debe contar con la conformidad previa de la Dirección de Apoyo Fiscal, para que la Dirección de Crédito Público emita la correspondiente autorización.” 

Así las cosas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Decreto 696 de 1998, reglamentario de la Ley 358 de 1997,  corresponde a la Entidad Bancaria interesada en prestar los recursos y al Municipio prestatario, verificar cual es su capacidad de pago con base en los parámetros e indicadores por ella establecidos.

 

Una vez determinada la capacidad de endeudamiento, si se concluye que la entidad territorial no está en instancia de endeudamiento autónomo (semáforo en verde), deberá solicitar autorización de endeudamiento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Cordial saludo,

 LUIS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES

Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial

Dirección General de Apoyo Fiscal

 


[1] Superávit primario, conforme la definición del parágrafo del artículo 2 de la Ley 819 de 2003.             

 

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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