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Régimen especial
 

Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

CONTROL DE LA URGENCIA MANIFIESTA

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil diez (2010), Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00092-01.-

 

Se observa de manera inequívoca que como parte de esa regulación específica en materia de contratación, aparece instituida una especie de control posterior de los contratos celebrados con base en las condiciones dadas por una declaración de urgencia manifiesta para la celebración de esos contratos, establecida en el artículo 42 de la misma Ley 80. 

 

Que una circunstancia puede dar lugar a que se ponga en marcha o no el ejercicio de ese control por parte de las autoridades competentes de los referidos organismos de control, es el examen jurídico de la resolución mediante la cual se haga la aludida declaración de urgencia manifiesta, a cargo del funcionario que ejerce el control fiscal de la entidad contratante, de forma tal que por las resultas de la revisión jurídica de dicho acto pueden iniciarse o no procedimientos propios de la función de cada uno de dichos organismos de control, esto es, fiscal y disciplinario en lo que concierne al uso de la facultad de declarar la urgencia manifiesta para contratar. 

 

Así las cosas, quien realiza la revisión del acto administrativo que contiene la declaración de urgencia manifiesta, no hace más que hacer una valoración jurídica inicial de esa declaración y con base en ello considerar o estimar si hay mérito o no para solicitar a las autoridades competentes iniciar las acciones que a su juicio sean procedentes. 

 

Una posibilidad de esa valoración es la de que el funcionario estime que la declaratoria de urgencia manifiesta no era procedente en el caso concreto de que se trate, y a partir de allí opte por solicitar las investigaciones o acciones pertinentes respecto de los funcionarios que hubieren actuado en tal declaratoria y en la celebración de los correspondientes contratos, y será en virtud de esas investigaciones y acciones que se juzgará la actuación de aquellos, y se determinará si son o no responsables en el campo respectivo: fiscal, disciplinario, etc. y se tomarán las medidas que correspondan a esa responsabilidad.

 

Significa lo anterior que el funcionario que realiza el examen del acto declaratorio de la urgencia manifiesta solamente realiza una averiguación tendiente a verificar si en ese caso hay lugar o no a iniciar acciones relacionadas con la conducta de los funcionarios que tomaron parte en la celebración de esos contratos. 

 

De modo que la eventual manifestación de improcedencia que haga respecto de la declaratoria de urgencia manifiesta, no pasa de ser una mera apreciación jurídica suya que no tiene consecuencias distintas a las de servir de impulso a procedimientos administrativos de control fiscal y disciplinarios.

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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