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Esta página contiene una jurisprudencia

 

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JURISPRUDENCIA

 

Derecho de petición

 

Acceso a documentos en proceso de selección

 

Publicidad de las ofertas

 

Momento en que se vuelven públicas las ofertas presentadas

 

Deber de expedir copias

 

Sentencia T-1029/05.- 4. Contenido y alcance del derecho fundamental al acceso a los documentos públicos. Reiteración de jurisprudencial[1]

 

A partir del análisis sistemático de los artículos 23 y 74 de la Carta, los cuales contemplan el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y el derecho de toda persona a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley, respectivamente, la Corte ha fijado un precedente jurisprudencial definido[2] acerca del contenido y alcance del derecho fundamental al acceso a los documentos públicos, específicamente en lo que se refiere a su naturaleza, su contenido y los requisitos de respuesta.

 

Respecto a la naturaleza del derecho, la jurisprudencia constitucional ha concluido que el artículo 74 constitucional consagra un derecho fundamental autónomo al acceso a los documentos públicos, modalidad concreta del ejercicio del derecho de petición ante las autoridades del Estado.

 

Este derecho encontraría su fundamento en el modelo constitucional democrático, participativo y pluralista adoptado por la Constitución de 1991, el cual supone el ejercicio del control ciudadano de la actividad estatal, que a su vez requiere el acceso a los documentos públicos para su concreción. Este entendimiento lleva a que la estipulación contenida en el artículo 74 Superior sea una fórmula amplia y genérica, que faculta al individuo para la consulta y reproducción de todos los documentos públicos, con excepción de los excluidos por mandato de la ley. 

 

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha establecido tres límites para que se configure tal excepción: (i) la existencia de reserva legal en relación con la limitación del derecho, (ii) la necesidad que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales, como es el caso de la intimidad, o de valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual los documentos pasan al dominio público.

 

En el mismo sentido, el precedente reiterado en esta decisión también determina que si bien el derecho de acceso a los documentos públicos tiene un contenido amplio, no por ello adquiere carácter absoluto. Por tanto, en aras de la protección del interés general, “el titular del derecho [de petición y de acceso a los documentos públicos] debe ejercerlo en forma que evite todo abuso en cuanto respecta tanto a su frecuencia como a la cantidad, contenido y forma de los documentos solicitados, de modo que el ejercicio de su facultad sea compatible con las actividades propias de quien está llamado a permitir el acceso al documento o de sus demás conciudadanos. La petición debe ser, desde todo punto de vista, razonable”.

 

Con base en estos requisitos, la Corte ha reconocido la Ley 57 de 1985 “por la cual se ordena la publicidad de los actos y los documentos oficiales”, como una regulación constitucionalmente admisible del contenido del derecho previsto en el artículo 74 Superior. Entre las previsiones legales contenidas por dicho estatuto la jurisprudencia constitucional hace énfasis en (i) la facultad de consulta y obtención de copias de los documentos que reposen en oficinas públicas, a excepción de aquellos sometidos a reserva por mandato legal o que estén relacionados con la defensa y seguridad nacional (art. 12); (ii) la caducidad de la reserva, que es de treinta años a partir de la expedición del documento (art. 13); (iii) la obligación del peticionario de pagar a favor del tesoro público el valor de las copias que solicite, suma que no podrá exceder el costo de reproducción (art. 17); (iv) la inoponibilidad de la reserva del documento cuando su acceso fuere solicitado por una autoridad en ejercicio de sus funciones (art. 20); (v) la necesidad de motivar la decisión que niegue el acceso a los documentos y la posibilidad del control judicial de tal determinación ante el contencioso administrativo (art. 21); (vi) la obligación de las autoridades de resolver la solicitud de acceso en el término de diez días, entendiéndose que vencido ese lapso procede el silencio administrativo positivo y deberá suministrarse el documento en los tres días siguientes (art. 25).

 

Además, la Corte también ha concluido que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos no se encuentra supeditado a una potencial actuación posterior por parte del peticionario. Así, la finalidad de esta facultad constitucional es el simple conocimiento de la información estatal, bien por la obtención de copias o bien por la consulta in situ, sin que resulte necesario elevar una solicitud posterior con base en los documentos consultados.

 

En lo que tiene que ver con los requisitos de respuesta a la solicitud de acceso a los documentos oficiales, la jurisprudencia constitucional plantea la extensión de los requisitos constitucionales del derecho fundamental de petición al requerimiento para el acceso a documentos. En este sentido, la respuesta de la autoridad pública deberá resolver de fondo lo pedido, indicar claramente el procedimiento para la obtención de la información, motivar suficientemente su decisión en caso que, con base en las excepciones previstas en la ley, se niegue el acceso a los documentos y otorgar respuesta definitiva a la solicitud en el término previsto en la Ley 57 antes citada, so pena de la aplicación de los efectos allí señalados.  Del mismo modo, la Corte consideró que esta extensión involucraba el deber correlativo para el peticionario de ajustar su solicitud a los requisitos establecidos en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, como exigencia razonable para el ejercicio del derecho de acceso.

 

(…)    Y del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se desprende precisamente la regla de la publicidad de las ofertas con el objeto de garantizar la transparencia del proceso de contratación. En efecto, la transparencia es uno de los principios rectores de la contratación estatal, regulado por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Los numerales tercero y cuarto de la disposición en cuestión prevén textualmente lo siguiente:

 

3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política.

 

4o. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

 

Entonces, por expreso mandato legal las autoridades están obligadas a expedir copias de las propuestas recibidas, a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo. Así mismo, la disposición en comento establece ciertas reservas sobre patentes, procedimientos y privilegios, dirigidas a proteger los derechos de los oferentes.

 

Ahora bien, el precepto legal no establece el momento a partir del cual las autoridades pueden expedir copias de las propuestas presentadas, esto es, no determina cuando las personas que demuestren interés legítimo pueden solicitar copias de las propuestas presentadas por los oferentes, no obstante encuentra esta Sala que este interrogante puede ser respondido acudiendo a argumentos lógicos y conciliando los intereses de los oferentes con el principio de transparencia.

 

En efecto, como regla general mientras no se haya cerrado la licitación los oferentes pueden retirar, adicionar, completar, sustituir o modificar sus propuestas, razón por la cual en aras de preservar sus derechos y en definitiva garantizar la transparencia del proceso de contratación durante esta fase las ofertas serán reservadas. No obstante, una vez se produzca el cierre de la licitación y tenga lugar la apertura de las ofertas, éstas se tornan públicas y sólo subsiste la reserva relacionada con las patentes, procedimientos y privilegios, contemplada por el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

 

En definitiva, las propuestas serán reservadas mientras no haya tenido lugar el cierre de la licitación, con posterioridad al cierre sólo subsistirán las reservas previstas por el numeral 4º del artículo 24 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública[3].

 

Como antes, se anotó esta regla es aplicable también a los procesos licitatorios que se adelanten bajo los reglamentos establecidos por organismos internacionales, como es el caso de la Licitación BID-1385-LPI-25-04, por lo tanto las ofertas presentadas en la licitación de la referencia eran públicas luego de la apertura de las ofertas.

 

(…)   Entonces aún en los eventos en que el proceso de contratación es adelantado por un organismo de cooperación internacional, a la entidad estatal beneficiaria le corresponde el papel de garante del derecho de petición y del derecho de acceso a los documentos públicos de las personas interesadas, porque en caso contrario se vería afectada la transparencia y publicidad del proceso.

 

La posibilidad que ciertos procedimientos de contratación se adelanten con base en los reglamentos de los organismos internacionales no puede traducirse en una merma del principio de transparencia y en restricciones irrazonables en el ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares interesados. Admitir esto sería burlar el espíritu que anima la cooperación internacional y el conjunto de garantías que rigen la contratación estatal en Colombia, pues como se ha consignado en diferentes apartes de este fallo uno de los principios que rige los procedimientos de contratación financiados con empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo es, precisamente, la publicidad de la contratación, la cual a su vez está contemplada en la legislación nacional por medio de la figura del principio de transparencia.



[1] Cfr. Sentencia T-527 de 2005.

[2] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-464/92, T-473/92, T-306/93, T-605/96, T-074/97, T-424/98, T-842/02.

[3] Esta regla es aceptada por la doctrina, así por ejemplo Dromi sostiene que entre las obligaciones que el principio de igualdad implica para los oferentes se encuentra la de respetar el secreto de las ofertas hasta el acto de apertura de los sobres. Roberto Dromi. La licitación pública, Buenos Aires, Ed. Ciudad Argentina, 1999, p. 101.

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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