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Régimen especial
 

Esta página contiene dos (2) jurisprudencias

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

OFERTAS ALTERNATIVAS

 

INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO 

 

CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., MARZO 5 DE 1993. CONSEJERO PONENTE: DR. JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ. REF.: EXPEDIENTE NÚMERO 6265.- El cuestionamiento se respalda en esta razón fundamental: “...haber evaluado como únicas aceptables las propuestas presentadas para la alternativa II (la de pavimento en concreto de cemento)” incurriendo en el error de “desechar la alternativa I, dentro de la cual estaban, precisamente, los mejores precios, los más favorables para la administración”. 

 

Por tanto el Tribunal plantea bien el problema cuando estima que su tarea consiste en dilucidar la legalidad de la decisión de la entidad licitante al acoger un de las fórmulas planteadas en el pliego con exclusión de la otra, cuyas propuestas no fueron consideradas. 

 

Según los pliegos, el objeto de la licitación consistió en "la construcción de la doble calzada entre las glorietas de Good Year - Texaco - Yumbo (carretera Puerto Isaacs - Yumbo)..." (nums. 1.1); para ello se dejaron previstas dos fórmulas: la una en concreto asfáltico (nums. 1.2) y la otra en pavimento de concreto (a partir del Cap.  VI), sin que nada indique la intención del establecimiento público licitante de considerar la primera como obligatoria y la segunda como opcional.  Por el contrario en los adendos al pliego, se habló indistintamente de "alternativa en concreto de asfalto" y de "alternativa en concreto de cemento" (fl. 207 del cdno. 4) o de "alternativa 1 y 2", sin ninguna otra especificación. 

 

Se entiende, entonces, que los oferentes quedaban en libertad para formular su propuesta en las dos alternativas o en una de ellas, según se acomodara mejor a las condiciones de cada quien de su lado, como es obvio, la entidad pública conservaba la facultad para escoger una de las dos alternativas excluyendo la otra, decisión que, de suyo, implicaba la inutilidad del análisis de las propuestas formuladas para la alternativa desechada. 

 

Este procedimiento elemental surge de la sola lectura de los pliegos, de modo que todos los licitadores tenían pleno conocimiento del mismo; consagrada la doble posibilidad para la ejecución de la obra objeto del concurso, la primera determinación de la entidad interesada consistía en decidirse por una de ellas, y así lo hizo; preferir el concreto de cemento con razones técnicas cuya validez no se ha desvirtuado. 

 

Ocurrido lo anterior, es evidente que las únicas propuestas que entra en la competencia son aquellas que presentaron la alternativa seleccionada; en esa conducta no hay engaño, ni intenciones ocultas, ni atentado contra la buena fé de los licitadores; los pliegos de condiciones pueden dejar abierta la posibilidad de proponer alternativas (art. 30, Decreto Extraordinario número 222 de 1983); se hizo uso de esta facultad legal y se procedió en consecuencia. 

 

No se infringe el principio de igualdad de los proponentes; para todos se dejó abierta la doble posibilidad; proponer para una sola de ellas era correr el riesgo de que su fórmula no fuese escogida y, por lo tanto, de quedar fuera del concurso; el actor corrió ese riesgo al no hacer la propuesta para las dos alternativas; la suya no fue seleccionada y, por lo tanto, no se le hizo ningún análisis. Si alguna culpa existiese, sería atribuible al propio oferente que no se precavió adecuadamente. 

 

No hay cambio del objeto de la licitación; el concurso se abrió para la construcción de la obra pública descrita; ese es el objeto de la licitación como quedó bien definido en los pliegos; para la ejecución de tal objeto se presentaron dos caminos: concreto asfáltico, v concreto de cemento, de los cuales se escogería uno antes de proceder a la selección del contratista.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

OFERTA ALTERNATIVA

 

OFERTA CONDICIONADA

 

OFERTA AJUSTADA AL PLIEGO Y A LA LEY

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D. C., CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 12962.- La Sala estudiará si había lugar o no que la propuesta presentada por Sánchez Ríos fuera eliminada en la licitación 01/95 del INDUVAL. El actor estima que, como en la mencionada licitación, el pliego de condiciones, no señaló como causal de eliminación de las propuestas la aducida en el acto demandado “de condicionamiento de la oferta”, la suya no podía ser objeto de esa decisión. La Sala encuentra que el cuestionamiento que hace el demandante, por dicho aspecto, indirectamente asevera que la licitación se rige exclusivamente por el pliego de condiciones, afirmación que no comparte. La ley 80 de 1993 regula la estructura de los procedimientos de selección (art. 30); prevé que la autoridad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas (num 2º).

 

Pero dicha remisión de la ley a la Autoridad Administrativa para que defina el contenido de los pliegos de condiciones, dentro de los parámetros legales, no implica que las propuestas sólo tienen que ajustarse a ellos, porque existen más disposiciones legales aplicables a las propuestas.  

 

(…)

 

La propuesta del demandante, en la licitación 01 de 1995, ni fue alternativa ni tampoco es constitutiva de desviaciones o excepciones por cuanto, respectivamente, ni contiene oferta de variación en la posibilidad técnica para la ejecución del objeto contractual, ni ofrece variación no esencial en el objeto.  La propuesta del demandante, desde otro punto de vista, por su contenido, sí significó condicionamientos para la adjudicación porque los precios que ofreció para la ejecución del objeto contractual los limitó en un porcentaje, o por aumento o por disminución, que cambiaban las reglas fijadas por la Administración, en caso de adjudicársele, y que influían en la determinación de los precios y en la duración de los mismos dentro de la ejecución del objeto a contratar.  El condicionamiento de propuestas, porque se apartan substancialmente de lo exigido en el pliego, es causal legal para su eliminación del proceso licitatorio. 

 

Los condicionamientos no sólo están prohibidos para los oferentes sino también, y desde otro punto de vista, para la Administración, en el  artículo 5º de la ley 80 de 1993. El acto demandado, como lo estudió y decidió el Tribunal, no quebrantó, el ordenamiento jurídico superior, que se citó en la demanda. El numeral 6 del artículo 30 del Estatuto de Contratación de la Administración Pública establece que las propuestas deben siempre referirse  y  sujetarse  al  pliego,  en  las situaciones indicadas, y pueden contener alternativas y excepciones técnicas o económicas, pero que no pueden significar condicionamientos para la adjudicación, dispone una causal legal para la eliminación de la propuesta que transgreda dicha prohibición.

 

La propuesta alternativa es la que acogiéndose, exactamente, a las especificaciones del pliego de condiciones sobre el objeto a contratar, contiene otra posibilidad técnica para la ejecución del mismo sin que afecte el fin propuesto con la contratación.

 

Y la propuesta con excepciones o desviaciones plantea una variación en aspectos, no substanciales, del objeto a contratar que permiten con la misma eficacia, prevista en el pliego, su ejecución técnica. 

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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Álvaro Darío Becerra Salazar
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