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Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA   

 

PLIEGOS DE CONDICIONES

 

ACCIÓN DE TUTELA  

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN, Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil siete (2007), Radicación número: 19001-23-31-000-2006-01101-01(AC).- Por lo tanto, la Sala procederá a precisar cuál es la naturaleza jurídica del pliego de peticiones para determinar si el demandante cuenta o no con otros mecanismos judiciales para lograr el objetivo antes descrito, evento en el cual la acción de tutela resultaría improcedente, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable como ya se ha dicho.

 

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que el pliego de condiciones es un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para quienes participan en un proceso de licitación. Dicha Sección agrega que es posible que surjan controversias frente a la legalidad de las cláusulas que se consagran en el referido pliego; la aplicación de tales cláusulas puede, eventualmente, ser fuente de daños y perjuicios para los partícipes dentro del proceso de selección objetiva.

 

En ese sentido se ha concluido que el pliego de condiciones es un acto administrativo. Ha dicho esta Corporación:

 

"El pliego de condiciones, precisa la sala, tal como lo señaló la delegada del Ministerio Público, ha sido ampliamente definido por la doctrina y la jurisprudencia como un acto administrativo, que cuando contiene cláusulas violatorias de la ley de contratación que restrinjan ilegalmente la participación de los oferentes o que de alguna manera se conviertan en un obstáculo para la selección objetiva, es posible demandarlo en acción o de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho en defensa de la legalidad que debe presidir toda actuación administrativa, tal como lo establece el art. 87 del c.c.a con las modificaciones que le introdujo el art. 32 de la ley 446 de 1998.  Para la sala, el juez administrativo si puede inaplicar el pliego de condiciones cuando encuentre que uno de sus preceptos viola la ley y es el sustento legal de cualquiera de las decisiones que tome la entidad contratante durante la actividad contractual y en él se fundamente el vicio de nulidad de aquéllas.

 

La mal llamada excepción de ilegalidad  se fundamenta en "la necesidad de inaplicar aquellas disposiciones que por ser contrarias a aquellas otras de las cuales se derivan su validez, dan lugar a la ruptura de la armonía normativa. Así, aunque la Constitución no la contemple expresamente ... resulta obvio que las disposiciones superiores que consagran rangos y jerarquías normativas, deben ser implementadas mediante mecanismos, que las hagan efectivas, y que, en ese sentido, la posibilidad de inaplicar las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse, es decir, la excepción de ilegalidad, resulta acorde con la Constitución". La inaplicación, concretamente de las disposiciones del pliego de condiciones,  encuentra sustento, además, en la ley 80 de 1993, la cual en el inciso segundo del literal f. del numeral 5 del art. 24, sanciona con la ineficacia, de pleno derecho, las estipulaciones de los pliegos de condiciones o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en ese numeral."

 

En el mismo sentido la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la acción procedente para discutir la legalidad de un acto administrativo producido durante un proceso licitatorio, es diferente dependiendo de si el acto es anterior o posterior a la adjudicación del contrato. Así se ha dicho: "los primeros pueden ser objeto de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que los segundos están sometidos a la acción relativa a controversias contractuales"

 

En tales circunstancias, es evidente que para obtener la inaplicación o pérdida de efectos de las cláusulas del pliego de condiciones, dentro del proceso licitatorio para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Villa Rica, que el demandante estima ilegales en cuanto vulneran presuntamente los derechos a la igualdad, libertad de asociación y libre competencia, proceden las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho (si aún no se ha adjudicado el contrato correspondiente) o la acción contractual si ya se suscribió el contrato.

 

Se concluye entonces que el demandante tiene otros medios de defensa judicial para obtener la protección de sus derechos fundamentales, lo cual conduce a que la acción de tutela incoada se deniegue por improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

 

Ahora bien, como se observa en la demanda, el actor tiene conocimiento de los medios de defensa judicial procedentes para obtener la protección de sus derechos, pero acude a la tutela argumentando que el amparo deprecado se requiere con urgencia.

 

Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala que sólo por excepción procede la acción de tutela aunque existan otros medios de defensa judicial, siempre que se pruebe la existencia de un perjuicio irremediable, con los caracteres de urgencia, inminencia y gravedad que, en el sub examine no se advierten.

 

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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