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Régimen especial
 

Esta página contiene dos (2) jurisprudencias

 

Jurisdicción competente

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

REGÍMENES CONTRACTUALES ESPECIALES

 

GENERALIDAD DE LA LEY 80 DE 1.993

 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

 

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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ, SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., AGOSTO VEINTE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, RADICACIÓN NÚMERO: 14202.-  

 

1.2.  NUEVA CATEGORÍA JURÍDICA INTEGRAL

 

Bajo la vigencia del decreto ley 222 de 1983 se suscitaron importantes discrepancias en la doctrina y en la jurisprudencia respecto a la distinción entre las categorías de contrato administrativo y contrato de derecho privado de la administración, debido a la diversidad de criterios legales adoptados, los cuales adolecieron del exigido rigor técnico conceptual.

 

 En efecto,  la distinción podía establecerse, según la entidad pública que celebra el contrato, en razón de la clase de contrato o por efectos de la inclusión de cláusulas exorbitantes, lo cual en la práctica generó no pocos conflictos en la determinación de la naturaleza contractual y del juez del contrato.

 

Por lo anterior, el legislador decidió crear una única categoría que comprenda a todos los negocios jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales, los cuales deben ser regulados y regidos por la autonomía de la voluntad como principio rector, por la protección del interés público y por el estricto manejo y vigilancia de los recursos fiscales que se comprometen en su celebración.

 

Coherente desde el punto de vista de semántica jurídica con el órgano público contratante, se acuñó la categoría “contratos estatales”, los cuales, de conformidad con el art. 32 de la ley 80 de 1993, son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales que el mismo ordenamiento enumera.

 

 

De lo anterior, es jurídicamente viable considerar que la categoría “contratos estatales” no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80 de 1993, sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales. De tal manera, es dable hablar genéricamente de dos tipos de contratos:

 

1º Contratos estatales regidos por la ley 80 de 1993.

 

2º Contratos estatales especiales.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

No obstante la existencia de un régimen especial, las entidades deben ajustar su conducta precontractual a lo que establezcan los pliegos de condiciones que utilice para escoger contratistas.

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil ocho (2008). Radicación número: 66001-23-31-000-1995-04169-01 (14169).-

 

         2.2.   Sobre el contenido, obligatoriedad e interpretación del pliego de condiciones de un Ente Autónomo Universitario.-

 

(...) Precisa la Sala, en primer término, que la Universidad Tecnológica de Pereira estaba obligada a respetar su propio acto, en este caso el pliego de condiciones que reglamentaba la licitación pública No. UTP-OC-004-94 y ello independientemente de que el proceso de contratación se rigiera por el derecho privado, no obstante que en algunos aspectos de la licitación, el pliego de condiciones remitió a la Ley 80 de 1993. Para la Sala es indiscutible que, a pesar de que la entidad estatal no estuviera sometida al régimen de la Ley 80 de 1993, sus actos precontractuales -actos propios- la vinculaban, de manera que debía cumplirlos, so pena de comprometer su responsabilidad. En tal sentido el artículo 860 del C. de Co., preceptúa:

 

“Art. 860. En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor se desecharán las demás.”

 

En este orden de ideas, el “pliego de condiciones”, en un proceso de selección de contratista adelantado por una entidad pública no sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, vincula en los estrictos y precisos términos en él contenidos de manera que la entidad debe actuar en consonancia con los criterios de evaluación y la correspondiente forma de aplicarlos, pues de otro modo no se cumplirían ni garantizarían los principios orientadores de la función administrativa previstos en el artículo 209 superior, en virtud de los cuales la administración debe actuar observando la igualdad, la moralidad y la transparencia, valores constitucionales que se verían transgredidos si se admitiera que la entidad pública pudiera desconocer las reglas previstas para la escogencia de un contratista.

 

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NORMAS
 
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