Tesauro
Inicio 
 
TEMÁTICA
 
Normas Generales
Capacidad
Procedimientos
Perfeccionamiento
Ejecución
Equilibrio
Nulidades
Liquidación
Responsabilidad
Controversias
Tipología
Régimen especial
 

Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

FONDOS EDUCATIVOS

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- SENTENCIA C-918/02.- Contratación y responsabilidad del Estado.

 

34- El demandante ataca parcialmente el inciso 6º del artículo 13 de la Ley 715 de 2001 pues considera que dicha norma desconoce la responsabilidad que le cabe al Estado por la acción de sus servidores (CP art 90), al señalar que nunca el distrito o municipio propietario del establecimiento responderá por actos o contratos celebrados en contravención de los límites enunciados en las normas que se refieren al Fondo pues las obligaciones en esos casos serán de cargo del rector o director, o de los miembros del Consejo Directivo si las hubieren autorizado.

 

El Procurador apoya esa pretensión pues considera que el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los fallos del servicio en que incurra a través de la labor de sus funcionarios, y por los daños antijurídicos causados por sus agentes, sin perjuicio de que deba repetir contra aquellos en determinadas oportunidades.

 

 El problema que plantea entonces este cargo es si el inciso acusado limitó inconstitucionalmente el régimen de responsabilidad del Estado, al señalar que en ciertos casos los distritos y municipios no responden sino únicamente el rector o los miembros del Consejo Directivo de la institución educativa. Para responder a este interrogante, la Corte recordará brevemente los lineamientos del régimen constitucional de la responsabilidad del Estado, para luego analizar el inciso impugnado.

 

 

(....)

 

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo.

 

Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. Esta imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales conceptos.

 

Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño "es menester, que además de constatar la antijuridicidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti´

 

Los anteriores criterios han sido reiterados por esta Corte. Así, la sentencia C-832 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil, señaló lo siguiente:

 

"La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución,  ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se configura por la concurrencia de tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión,  una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad.

 

36- El análisis precedente es suficiente para concluir que en este punto el actor acierta, y el inciso acusado es inconstitucional. En efecto, el artículo 90 de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura "siempre y cuando: (i) ocurra un daño antijurídico o lesión, (ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público y (ii) exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión del ente público", lo cual significa que la responsabilidad estatal supera "el postulado inicial de la falla en el servicio, para adentrarse en el ámbito del daño antijurídico -entendido como aquél daño patrimonial o extrapatrimonial que se causa en forma lícita o ilícita al ciudadano, sin que éste se encuentre en la obligación jurídica de soportarlo.

 

En cambio, el inciso acusado establece que en ciertas hipótesis, aunque haya habido daño antijurídico imputable a una autoridad, el Estado no responde patrimonialmente, pues el deber de reparación recae exclusivamente en ciertos funcionarios. Esa limitación restringe el alcance del artículo 90 superior, que señala que en todos los casos en que exista un daño antijurídico imputable al Estado, éste responde, sin perjuicio obviamente del deber de repetición contra el funcionario que haya actuado dolosamente o en forma gravemente negligente o imprudente.

 

Es pues cierto que el ordenamiento no sólo puede sino que además, dentro de ciertos límites, debe prever la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por sus comportamientos, ya que "la imputación directa al Estado de los daños antijurídicos causados por sus agentes no supone, en manera alguna, una exoneración total de la responsabilidad de estos últimos.

 

Sin embargo lo que la ley no puede hacer es trasladar la responsabilidad del Estado exclusivamente al servidor público, pues las dos responsabilidades tienen fundamentos distintos. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene sustento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos (C.P. arts. 2°,13, 58 y 83), mientras que la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado busca garantizar el patrimonio económico estataI.

 

Y por ello, la ley, al regular la responsabilidad propia de los servidores públicos no puede limitar el alcance de la responsabilidad propia del Estado, tal y como ésta fue definida por el artículo 90 superior. Y eso es precisamente lo que hace la disposición demandada al señalar que en ciertos eventos el deber de reparación recae exclusivamente en ciertos funcionarios.

 

RESUELVE:

 

Quinto: Declarar INEXEQUIBLE el inciso 6º del artículo 13 de la Ley 715 de 2001 que literalmente dice: "En ningún caso el distrito o municipio propietario del establecimiento responderá por actos o contratos celebrados en contravención de los límites enunciados en las normas que se refieren al Fondo; las obligaciones resultantes serán de cargo del rector o director, o de los miembros del Consejo Directivo si las hubieren autorizado."

 

Volver a tema

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
INFORLEX SAS ©
Derechos Reservados
Álvaro Darío Becerra Salazar
MMX - MMXV