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Esta página contiene una (1) jurisprudencia

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

INHABILIDAD INTEMPORAL

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO   

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Magistrado ponente: JAVIER ZAPATA ORTIZ. Bogotá D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil siete (2007). Proceso No 19794 .-  

 

La representante del Ministerio Público, solicita a la Corte casar parcialmente y de oficio la sentencia impugnada, en el sentido de adicionar la sanción prevista en el artículo 122, inciso 5° de la Carta Política (subrogado por el Acto Legislativo 01 de 2004) imponiendo a los procesados la inhabilidad intemporal para el desempeño de funciones públicas, dado que, esta es procedente para el servidor público que cometa delitos dolosos contra al patrimonio del Estado, concepto dentro del cual caben los delitos de celebración indebida de contratos. 

 

Frente a tal solicitud vale recordar que el inciso último del artículo 122 de la Constitución Política, antes de ser subrogado por el Acto Legislativo 01 del 2004, dispone: 

 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.  

 

Precisando el alcance de la norma, el parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 734 del 2002 señaló: 

 

Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público. 

 

“Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado”. 

 

Frente a la aplicación de la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Carta Política, la Sala expresó:

 

 “Tratándose de una inhabilidad, es decir, de una situación que le impide a una persona ejercer, obtener o conservar un empleo, oficio, cargo o ventaja, bien podría sostenerse que opera de pleno derecho, con la sola condición de que, como lo precisa la Ley 734 del 2002, el supuesto fáctico-que la conducta objeto de sentencia condenatoria constituya un delito doloso contra el patrimonio del Estado-se haga explícito en el fallo que declara la responsabilidad penal. 

 

“En este sentido, para la aplicación de esa restricción sería irrelevante que la consecuencia del comportamiento ilícito-la inhabilidad intemporal-se expresara o no en la correspondiente sentencia, pues en todo caso “el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas” como reza, se repite, la norma que se comenta. 

 

“Que la circunstancia impediente opere de pleno derecho, implica que rige aunque no se declare.” 

 

En este caso, recuérdese que la conducta punible de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales por la que fueron condenados los procesados TICIO y CAYO no lesiona el tesoro público para que se imponga la inhabilidad del desempeño de funciones públicas de que trata la norma constitucional, sino que el legislador la elevó a tipo penal para proteger la credibilidad del proceso de contratación administrativa, es decir, en el cumplimiento de los requisitos para la celebración, perfeccionamiento y ejecución de los contratos. 

 

De este modo, con la citada conducta punible se busca proteger los principios que rigen la contratación administrativa (transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y eficacia), de conformidad con fines que rigen la función administrativa, para que permanezcan intangibles los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores reconocidos por la ley, así como los postulados de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad, publicidad y contradicción. 

 

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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