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Esta página contiene cuatro (4) jurisprudencias

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

DESVIACIÓN DE PODER

 

BIEN PROTEGIDO POR LOS TIPOS PENALES

 

INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- SENTENCIA C-128/03.- 3.3.1  De acuerdo con el artículo  24 numeral 8 de la Ley 80 de 1993 “las  autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder  y ejercerán sus competencias para los fines  previstos en la Ley (...).  En caso de que ello no sea así, de acuerdo con el  artículo 44 del mismo estatuto contractual se configurará una causal de nulidad absoluta del contrato.

 

La primera faceta de protección  del interés general ante actuaciones indebidas de los servidores públicos que ejercen sus competencias para fines no previstos en la ley en materia contractual la constituye entonces la anulación  de los contratos viciados  de desviación de poder.

 

La noción de desviación de poder  ha merecido en la  jurisprudencia  y la doctrina nacional y extranjera particular atención (…) Dicha desviación  se presenta, ha dicho la Corte,  “cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia” Ver Sentencia C-456/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell. En relación con la aplicación de la noción de desviación de poder en el ámbito constitucional ver la Sentencia C-1168/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. .

 

Cabe precisar al respecto que las técnicas   de control de legalidad que aplica  la jurisdicción en  lo Contencioso Administrativo  han sido elaboradas bajo la idea  de asegurar un control integral y efectivo  de la actividad de la administración. Así ellas no se limitan al control de la regularidad  formal de los actos y contratos, sino también  a comprobar la  regularidad material de los mismos, es decir la adecuación de su  contenido o materia al derecho, bien desde el punto de vista objetivo, atendiendo a su contenido sustancial  e independientemente de las intenciones de quien lo produjo, bien desde la perspectiva subjetiva, atendiendo  la finalidad que su autor  buscó con su expedición  y si esta se adecuó o no  a la que el legislador tuvo en cuenta al asignar la respectiva competencia. (…)

 

Ha de recordarse al respecto, como lo hace García de Enterria que las  autoridades administrativas  “pueden contar y cuentan  con toda la normatividad, con poderes discrecionales, pero no para el cumplimiento de cualquier finalidad, sino precisamente  de la finalidad considerada por la ley, y en todo caso de la finalidad pública, de la utilidad o interés general” y que es al hilo de esta observación que se estructura  la técnica del control de la desviación de poder. Eduardo García de Enterría. La Lucha contra las inmunidades del Poder Civitas S.A. Madrid, 1989, pag 27. .

 

En el mismo sentido Marienhoff recuerda que la 'finalidad', en cuanto elemento esencial de todo  acto  o contrato administrativo, “hállase insita en la propia índole de la actividad de la Administración Pública, cuya acción siempre debe tener en cuenta el interés público”. Por lo que “No es menester, entonces, que una norma requiera expresamente esa correlación entre la 'finalidad' del acto y el interés público, pues la actuación permanente de la Administración Pública para satisfacer dicho interés constituye un 'principio' fundamental, que el Estado de Derecho impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden jurídico. Ver Miguel Marienhoff,, Tratado de Derecho Administrativo. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires pag 540 .

 

Dicho autor recuerda además  que si bien “la finalidad que debe perseguirse por el agente administrativo es siempre la satisfacción del interés público”, no es en cambio cualquier interés, el que puede determinar su actuación  “sino el interés concreto que debe satisfacerse por medio de la competencia atribuida a cada funcionario. Ver Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires Tomo II Reimpresión 1993, pag 541..

 

Así las cosas,  la  desviación de poder  no sólo se evidencia  cuando se persigue un fin privado del titular de la competencia, sino en el evento en que “es posible constatar la existencia de una divergencia entre los fines realmente perseguidos y los que, según la norma aplicable deberían orientar la decisión administrativa” Eduardo García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986, pág. 443..

 

Cabe recordar, por ejemplo, el análisis que se hace en el Derecho francés, en el que se desarrolló la teoría de la desviación de poder a partir de la Sentencia Paristet de 1875, como se ilustra en “Le grands arrêts de la jurisprudence administrative” 11 Ed. Dalloz, Paris, 1996, pag. 26 a 35 . clasifican  generalmente en dos grupos  las diferentes manifestaciones de la desviación de poder, a saber, aquellos casos en que  (i) el acto o contrato  administrativo  es ajeno a  cualquier interés público –venganza personal, motivación política, interés de un tercero o del propio funcionario-,  (ii)  el acto o contrato  es adoptado en desarrollo de un interés público, pero que no es aquel  para el cual le fue conferida competencia  a quien lo expide o celebra; categoría a las que se  aproxima  igualmente la desviación de procedimiento  en la que  la administración disimula  el contenido real de una acto, bajo una falsa apariencia, recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas formalidades  o de suprimir ciertas garantías.

 

En esta materia la jurisprudencia y la doctrina han hecho  énfasis en la dificultad probatoria que representa  la apariencia externa de legalidad con que las actuaciones administrativas viciadas de desviación de poder nacen a la vida jurídica. Ver Jacqueline Morand Deviller. Cours de Droit Adminitratif, V Edición, Montchrestien, Paris, 1997, pags 686.,  lo que no exime  por supuesto al  juzgador de tener las pruebas necesarias  “que no dejen la más mínima duda de que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo produjo  no buscó obtener un  fin obvio y normal  determinado al efecto, sino que por el contrario, se valió  de aquella modalidad administrativa  para que obtuviera como resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente busca la Ley” Ver Sentencia C.E. 31 de Agosto de 1988. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda C.P. Clara Forero de Castro .

 

(…)

 3.4  El  contenido y alcance   de las disposiciones acusadas

 

Los artículos 145 del Decreto 100 de 1980  y 409  de la Ley 599 de 2000,  describen de manera idéntica  la conducta tipificada como  interés “ilícito” o “indebido” en la celebración de contratos.  Si bien la denominación del tipo penal es diferente, en la Exposición de motivos de la Ley 599 de 2000 se señaló que el cambio de denominación tiene más un sentido pedagógico que una incidencia sobre la identificación del tipo penal estudiado.

 

Allí se dijo “ el tipo penal ya no habla de interés ilícito sino indebido. Lo ilícito podría hacer pensar en infracción a la ley, lo cual no es cierto, puesto que el contrato puede incluso ser perfecto; empero se quebrantarían los deberes de transparencia imparcialidad y moralidad” en uno y otro caso y las consecuencias punitivas son mas severas en el caso del artículo 409 de la Ley 599 de 200Ver al respecto las consideraciones hechas en esta misma sentencia en el punto 3.1., la descripción típica de la conducta es la misma. Por ello la Corte efectuará el análisis simultáneo de dichos textos penales.

 

3.4.1 El sujeto activo del delito es el servidor público, sometido como ya se dijo a precisas obligaciones en  relación con el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y a quien corresponde en sus actuaciones en materia contractual asegurar exclusivamente la realización del interés general que de acuerdo con la Constitución, la ley y  los reglamentos deba perseguirse  de manera específica por la actividad contractual en el que interviene.

 

 3.4.2 La conducta  reprochada al servidor consiste en el hecho de que éste se interese  en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato  u operación en que deba intervenir en razón de su cargo o de sus funciones.

 

Ello implica la actuación del servidor público  con miras a la obtención de un determinado resultado que beneficie al propio agente o a un tercero.

 

Ese interés se penaliza, en la medida en que se han dado manifestaciones externas del mismo por parte del servidor, las cuales  en la medida en que traducen el abandono por el servidor de sus deberes de imparcialidad y transparencia en la gestión contractual evidencian la configuración de la conducta reprochada penalmente. 

 

Cabe precisar al respecto  que el verbo a que alude  la norma es el verbo “interesar” dentro de cuyas acepciones figura  las  de “dar parte a uno en un negocio o comercio en que pueda tener utilidad o interés”, así como   “hacer tomar  parte o empeño a uno en los negocios o intereses ajenos como si fueran propios” y en que el pronominal  es “adquirir  o mostrar interés por alguien o algo. Ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vigésima primera edición Pág. 1179 .

 

El tipo penal no sanciona  entonces los simples  pensamientos, la personalidad o tendencias del servidor,  sino el interés indebido que se manifiesta externamente  a través de actuaciones concretas del servidor publico.

 3.4.3  El momento consumativo del delito lo constituyen las actuaciones  del servidor que  evidencian ese interés.

 

Así lo ha reiteradamente expresado la  Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia. Al respecto resulta ilustrativo el siguiente aparte  de la Sentencia  del 18 de Abril de 2002 en la que  la Sala Penal de esa Corporación explicó el alcance del artículo 145 del Decreto 100 de 1980 para su aplicación en un caso concreto.

 

Dijo la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Como puede verse, la interpretación que hace el Tribunal del tipo penal a estudio se ajusta a la efectuada por esta Corte, pues lo que reprocha de la conducta del procesado es precisamente el haber infringido los principios que orientan la actividad estatal de la contratación, como un valor que se configura con la plena observancia de las reglas que garanticen a los co-asociados una administración transparente, objetiva y por supuesto imparcial, en los términos señalados al iniciar estas consideraciones.

 

   No demuestra el libelista el error aducido y en cambio pone en evidencia su pretensión de imponer una interpretación del precepto que responda a sus intereses, tratando de limitar las faltas del procesado a simples irregularidades de carácter disciplinario como habría sido el hecho de no haberse declarado impedido en la adjudicación del contrato por estar participando un amigo cercano y haberse referido con expresiones groseras a otro de los participantes. Pero tal como lo destaca el Procurador Delegado, precisamente su activa participación en la negociación no obstante su cercana amistad con el contratista, fue lo que facilitó que pudiera influir en los demás miembros de la junta para lograr la adjudicación del contrato a su amigo.

 

Tampoco se aprecia en la sentencia que el bien jurídico no se haya determinado pues una lectura integral de la misma deja en evidencia que el juzgador tomó en cuenta “la ética con que debe desempeñarse todo servidor público a la luz de la C. Nacional (artículo 209 idem, inciso primero)”, la imagen de la administración pública, la imparcialidad en la celebración de los contratos y, en fin, la moralidad pública.

 

Finalmente, tampoco es cierto que se haya dejado de concretar el momento consumativo de la infracción, pues tal como lo recuerda el Ministerio Público, las reflexiones del Tribunal en este aspecto llevan a señalar que desde que se llevó a cabo la conversación telefónica interceptada donde se manifestaba el interés en que no se quitara el contrato de vigilancia al amigo cercano, se comenzó a ejecutar la conducta tipificada en el artículo 145 del anterior Código Penal, que se agotó con el comportamiento asumido por el procesado (…)  en la junta y con el que se logró que se adjudicara el contrato .

(…)

 

 “Está visto que el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, que el legislador quiso sancionar muy severamente, requiere para su estructuración que el funcionario se incline hacia el provecho propio o de un tercero. Como hechos indicadores de esa inclinación en beneficio ajeno y para determinar la trascendencia de las recomendaciones de un Ministro sobre el otro, ante la renuencia a detallar el contenido de las conversaciones personales y telefónicas, constatará la Sala la credibilidad de la cabal aplicación de los once criterios que dice haber tenido en cuenta el Ministro (…) para la adjudicación de la emisora a (…), de manera que se pueda inferir si aquellas conversaciones influyeron o no en la decisión, así como la verosimilitud del grado de amistad o compromiso que pudo dar origen a la intercesión del Ministro (…) ante su colega.”

 

Igualmente a titulo de ejemplo puede verse la Sentencia CSJ Sala de Casación Penal del 27 de septiembre de 2000 Proceso 14170 M.P. Nilson E Pinilla Pinilla en la que se dijo:“Tal como se ha venido analizando, la celeridad, prerrogativas y omisión de los requisitos legales que confluyeron en la adquisición del título de capitalización, son evidencias del interés demostrado por el entonces Gobernador (…) para contratar con la capitalizadora (…), transacción en la cual actuaba como intermediaria (…), cuñada de (…); así hubiera desconocido ese parentesco, no se puede cerrar los ojos a la manera inusual de llevar a cabo ese contrato, ni a la determinación de efectuar el pago anticipado de 6 cuotas mensuales, con pleno conocimiento, pues tanto la solicitud de adquisición del título como la autorización al Banco Cafetero para el giro de un cheque de gerencia contra la cuenta de "rentas departamentales - tarjeta de turismo", fueron firmadas por (…), en su calidad de ordenador del gasto, y de manera mancomunada con los funcionarios al servicio de la Gobernación, con facultades para ello, en detrimento de la administración pública, que fue privada del estudio de otras propuestas para encontrar la más favorable, afectando de paso su imagen de imparcialidad, acciones que descartan cualquier desconocimiento de parte del mandatario acerca de las condiciones del contrato.

 

En este orden de ideas, en el asunto examinado las actuaciones que rodearon la adquisición del título de capitalización al cual se refiere este caso, demuestran que el doctor (…), en su condición de mandatario departamental (sujeto activo calificado - servidor público), se interesó de manera indebida, en celebrar dicho contrato en representación del Departamento que regentaba, pretermitiendo, de paso, los requisitos legales para hacerlo”.

 

3.4.4 Por lo demás es claro, según la redacción del tipo penal, y la jurisprudencia referida, que el provecho  a que alude la norma puede ser para el servidor  público o para un tercero, siendo indiferente que se obtenga o no frente a la consumación del delito, basta el interés entendido como la falta de  imparcialidad para intervenir dado el ánimo de beneficiarse o de beneficiar a un tercero, para que se entienda consumado ese  elemento subjetivo del tipo penal.

 

Dicho provecho  no es, de otra parte,  necesariamente económico. Al respecto resulta pertinente referirse así mismo a la jurisprudencia  de la Corte Suprema  de Justicia en la materia en la que se ha hecho énfasis en este aspecto.

 

Ha dicho esa Corporación:   

 

“ El procesado (…) y su defensor han sostenido hasta el final, que la conducta atribuida es atípica, por cuanto la Fiscalía acogió para ello la definición gramatical de "interés", que resulta más gravosa, al hacerla consistir en la "inclinación más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, persona, narración, etc." (f. 204 cd. 5 Fisc.), y no la que se refiere a su contenido de "provecho, utilidad, ganancia".

 

En contra de ese criterio, se observa que en el Acta N° 82 de la Comisión Redactora de 1974 de lo que vino a convertirse en el decreto 100 de 1980, se analizó el ahora artículo 145, estimándose adicionado el 167 del anterior estatuto, pues tal precepto únicamente contemplaba la ilicitud para "El funcionario o empleado público... que directa o indirectamente se interese en provecho propio en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo", y la disposición actual abarca "provecho propio o de un tercero", así mismo sin hacer referencia a que sea de carácter económico. De tal manera, el interés previsto por esta norma tampoco tiene que contener una significación pecuniaria, ni el provecho en sí debe ser ilícito, sino que esa ilicitud se circunscribe al interés.

 

Se reitera así lo analizado por esta Sala en sentencia de fecha 27 de septiembre del año en curso, radicación 14.170, con ponencia de quien ahora cumple igual función:

 

 'El interés previsto por ese precepto tampoco ha de ser, necesariamente, pecuniario, sino simplemente consistir en mostrar una inclinación de ánimo hacia una persona o entidad, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones.' Sentencia CSJ Sala de Casación Penal del 25 de octubre de 2000 Proceso 15273 M.P. Nilson E Pinilla Pinilla.

 

3.4.5 Sobre el particular resulta importante precisar así mismo,  que el bien jurídico que se pretende proteger  con el tipo penal analizado no es el patrimonio de la administración, como tampoco  la adecuada prestación del servicio contratado, o cualquier otro   diferente de la transparencia de la actividad contractual  de manera que la confianza de los ciudadanos en la administración pública no se vea afectada por el comportamiento indebido de los servidores públicos que intervienen en ella.

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia  en la aplicación de las normas acusadas ha tenido especial cuidado en precisar  que lo que  ellas protegen es ese aspecto específico del bien jurídico administración pública.

 

Así se desprende de  la Sentencia  de la Sala de Casación Penal   del 18 de abril de 2002 en la que se hace una síntesis de la posición de esa Corporación en ese sentido.

 

Dijo la Corte Suprema de Justicia:

 

“El artículo 145 del derogado Código Penal de 1980, modificado por el 57 de la ley 80 de 1993, señalaba que incurre en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, "El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones”. La descripción típica así determinada fue recogida en idénticos términos en el hoy artículo 409 de la ley 599 de 2000, nuevo Código Penal,  bajo la denominación de “interés indebido en la celebración de contratos”.

 

A su vez, según el artículo 4° del Código Penal vigente a la sazón, hoy artículo 11 de la última ley citada, “para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado por la ley".  En realidad, la definición legal envuelve dos matices de la antijuridicidad, el formal circunscrito a la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico total, en cuanto éste consagra no sólo prohibiciones sino también permisos; y el material, concretado en la ofensa al bien jurídico protegido (lesión o puesta en peligro).

 

De acuerdo con el Libro Segundo, Título III del Código Penal que rigió el presente caso (hoy título XV del nuevo código), el bien jurídico protegido en el delito examinado es el correcto funcionamiento de la administración pública.  La distribución de los tipos legales en capítulos, con sus respectivas denominaciones, significa que en cada caso se tutela una dimensión distinta de la administración pública, pues sería diverso el amparo según se trate del peculado, o la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, etc. Y es distinto el ámbito de protección, siempre dentro de la administración pública, no sólo por la variedad existencial de las conductas y los modos de comisión, sino también por los sujetos que en cada caso se ven involucrados.

 

Ahora bien, es cierto como lo afirma el demandante que la misma definición de los tipos legales, como conductas prohibidas, delimita el ámbito de protección penal del bien jurídico de la administración pública, que de otra manera quedaría expuesto a interpretaciones amplias y extrajurídicas nocivas a los principios de seguridad jurídica y legalidad.

 

Pero con el fin de establecer en un primer plano el marco de protección del bien jurídico “administración pública” y, de manera más específica, de lo relacionado con la sana contratación estatal, ha de recurrirse a la norma superior porque es en ella donde se sientan los principios que regulan toda la actividad de la administración.

Así, el artículo 209 de la Constitución Política, en lo pertinente, dispone:

 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...”.

 

Este precepto es desarrollado en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, que sienta los principios infranqueables que deben guiar a la administración cuando realiza convenios, tal como indiscutiblemente se hace en su artículo 23, al señalar:

 

De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.

 

A estos principios se refirió la Corte in extenso en el fallo de única instancia de diciembre 19 de 2000, con ponencia del Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en los siguientes términos(…)

 “Si como lo alega el impugnante la norma superior irradia todo el ordenamiento jurídico, es lógico concluir que en delitos como el que ocupa la atención de la Sala, la administración pública es lesionada cuando el servidor no actúa con sujeción absoluta y franca a tales principios que se hallan implícitos en todos los tipos penales vinculados con la contratación estatal, generando la sensación o certeza de deslealtad, improbidad y ausencia de transparencia dentro de los coasociados.

 

De allí que tiene absoluta vigente frente a la Carta Política de 1991, el análisis que la Corte hizo sobre el delito de interés ilícito en la celebración de contratos en la sentencia de junio 8 de 1982, con ponencia del Magistrado Gustavo Gómez Velásquez, sobre cuyos aspectos principales se destaca lo siguiente:

 

"... la razón de ser de este dispositivo penal radica en la necesidad, por parte del Estado, de mantener la función administrativa dentro de moldes de corrección básica, atendida de manera fiel, sin que el interés particular del funcionario llegue a opacar la rectitud que debe implicar ese ejercicio, pues lo lógico es pensar en un desvío real por influjo de esa motivación, o en la fundada creencia, en la opinión pública o en los destinatarios de sus efectos, que se ha procedido indignamente por obra de ese apremio. Lo más posible, en estas circunstancias es que se produzca lo que los autores llaman un “desdoblamiento de la personalidad del funcionario”, quien actuará dentro de la esfera oficial, con exigencias propias al servidor público, pero orientado por logros personales. Se busca, pues, preservar la ética administrativa apoyo obligado de esa importantísima gestión.

 

“… Ese interés personal, de provecho particular, traduce la conducta censurable, ya que el Código Penal la recoge, por sí, como actividad incompatible con la función pública. El Código Penal vigente, en parte (artículo 145), corresponde a este mismo régimen, el cual cambia en el artículo 144, que exige como elemento típico el quebranto de una incompatibilidad o de una inhabilidad. En otros términos debe advertirse que cuando se olvida una de estas prohibiciones, el delito se da aunque el funcionario sea ajeno a conveniencias personales. Y, al contrario, si se 'interesa' de modo particular cuando ejercita una atribución pública, así no ofenda el reglamento de inhabilidades o incompatibilidades, incurre en el hecho punible comentado.

 

“Es más, si el interés particular deviene a favor de la administración (v. gr. el contrato celebrado, con atención personal, se presenta como fructuoso para la administración, o de mayor rendimiento para ésta), el delito se ha consumado, porque en esta modalidad no se demanda la existencia de un interés de perjuicio, pues no se busca sancionar negocios “prohibidos” sino disconformes con el ejercicio de la función pública”

 

La ilicitud del comportamiento que se analiza se circunscribe entonces al “interés” que en provecho propio o de un tercero tenga el funcionario en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo. Dicho interés ilícito se liga indefectiblemente al desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, según lo ratificó la Sala en sentencia de septiembre 27 de 2000, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, al señalar:

 

“El interés previsto por ese precepto tampoco ha de ser, necesariamente, pecuniario, sino simplemente consistir en mostrar una inclinación de ánimo hacia una persona o entidad, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones.”

 

Como lo recuerda el Procurador Delegado, la ilicitud de la intervención del servidor público no puede medirse por el perjuicio concreto a un tercero participante en el proceso de licitación o por la afectación del objeto final del contrato porque el bien materia de protección no es, como lo pregona el demandante, la adecuada prestación del servicio contratado, sino la legalidad y legitimidad de la contratación, que se ven afectadas cuando el funcionario rompe los principios constitucionales y legales atrás referidos. CSJ Sala de Casación Penal del 18 de abril de 2002 Proceso 12658 M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego (subrayas fuera de texto)

 

De dicha jurisprudencia se desprende que el perjuicio  del que se quiere proteger a la administración no es el de un desmedro en su patrimonio, como tampoco de la inadecuada prestación del servicio contratado, o cualquier otro similar,  sino la vulneración de la confianza que causa en la ciudadanía el abandono de la imparcialidad  y transparencia  que deben caracterizar la actuación contractual.

 

3.4.6 No sobra advertir  de otra parte que la norma no se refiere al interés que muestre  el servidor en el cumplimiento de los fines estatales y en particular del interés concreto que  corresponda perseguirse con la  celebración del contrato  en el que interviene  de acuerdo con la Constitución la ley los reglamentos  y demás decisiones administrativas aplicables.  Ese interés lógicamente no es el que reprocha la norma pues este se  confunde con el deber del servidor.

 

El interés que se penaliza  es precisamente el que desconoce dicho deber  y  se manifiesta en provecho propio o de un tercero.

 

3.4.7  Finalmente la Corte debe precisar que en la redacción de las normas penales subexamine el Legislador alude a cualquier clase de contratos, luego no excluye a ninguno, lo importante es  que en el intervenga un servidor público  por razón de su cargo o de sus funciones.

 

De otra parte y dado que  la norma se refiere a  cualquier clase de contrato  “u operación” en que el servidor público deba intervenir, debe precisarse que el concepto  de operación tiene en el derecho administrativo  un significado que no solamente  alude a la ejecución  de las decisiones administrativas.

 

En efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho énfasis en el carácter multicomprensivo  de la noción de operación administrativa   referida tanto a un conjunto de actuaciones materiales o hechos tendientes a la ejecución de una decisión administrativa,  como a la actuación administrativa en su integridad y no sólo del acto administrativo definitivo que la culmina. 

 

 Al respecto ha concluido que:

 

“En la actualidad, pues, subsiste la noción de operación en los sentidos anotados, los cuales aparecían ya en la Ley 167 de 1941.  Y es tan cierto este alcance multicomprensivo que el Decreto 2304 de 1989 subrogó el artículo 83 del C.C.A. que establecía la equivalencia entre operación administrativa y acto administrativo, por no corresponder ni a realidad ni a los alcances que la doctrina le había dado a dicha figura.

 

Y este sentido multicomprensivo es el que le impone al juez su definición, para evitar el inadecuado manejo de las acciones que la presenten como fuente de perjuicios”. …

 

Desde esta perspectiva  resulta claro que el Legislador pretende  que  el tipo penal subexamine proteja el interés general de la actividad contractual en todas sus etapas desde  la fase precontractual hasta la fase de  terminación y liquidación.

 

No debe olvidarse al respecto que  las etapas previas  a la celebración del contrato, así como las de terminación y liquidación del mismo, son los momentos  en que con mayor  frecuencia  se pueden dar  las manifestaciones desviadas del interés general y las manipulaciones por parte de los servidores públicos de las finalidades de la contratación estatal. Ver Censo Nacional sobre los procesos penales por delitos contra la Administración Pública mayo 2001- abril 2002. Oficina de comunicaciones y publicaciones de la Contraloría General de la República. Boletín de prensa del 6 de mayo de 2002.

 

3.4.8  Así las cosas, y a manera de conclusión  sobre este punto, el delito a que se refieren los artículos acusados  se configura  cuando el servidor público desborda el marco preciso  que les esta fijado por el ordenamiento jurídico  que lo obliga a perseguir exclusivamente el interés general  en el proceso de formación, celebración, ejecución o terminación del contrato en que tenga que intervenir  en razón de su cargo o sus funciones, y actúa movido por un interés  diferente, necesariamente indebido, en provecho propio o de un tercero.  

 

No sobra reiterar que lo que el tipo penal sanciona no es el desconocimiento o la violación  del régimen de inhabilidades o incompatibilidades  o de los requisitos esenciales  de determinado contrato- supuestos que sancionan otros tipos penales- sino el abandono en provecho de intereses propios o de  un tercero de su obligación de asegurar el cumplimiento de los fines  de la contratación estatal  y en particular del interés general  que de acuerdo con la Constitución, la ley, los reglamentos y las decisiones de la propia administración  a la que pertenece corresponda asegurar en el proceso contractual específico en el que interviene el servidor público.

 

4. El análisis de los cargos

 

4.1       Las normas acusadas no configuran un delito de autor

 Tanto para el demandante como para el señor Procurador General de la Nación  las normas acusadas  establecen un delito de autor.  En este sentido consideran que ellas desconocen el mandato del artículo 29 superior,   de la misma manera que el principio de dignidad humana a que alude el artículo 1 constitucional, por penalizar los pensamientos las inclinaciones y tendencias  del servidor público.

 

Al respecto la Corte señala que como se desprende de las consideraciones preliminares de esta providencia,  las normas acusadas  exigen  necesariamente para la configuración del delito que ellas tipifican, la manifestación externa  del interés indebido del servidor público que interviene  en un contrato en razón de su cargo o funciones. 

 

Los tipos penales acusados  no  reprochan  en efecto  los pensamientos no exteriorizados del servidor público, como lo pretende el actor,  -los cuales, si  no  tienen ninguna  incidencia en la actuación del servidor público no tienen tampoco ninguna significación penal-,  sino el  interés que éste muestra  con sus actuaciones  en provecho propio o de un tercero, dejando de lado el interés  general que de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos corresponda asegurar específicamente a la administración en el proceso contractual en el que el servidor público interviene.

 

Es decir que el interés que  las normas acusadas   penalizan es el que se exterioriza por el servidor público en desconocimiento de su deber de imparcialidad en la gestión contractual,  conducta  que en la medida en que  afecta el bien jurídico administración pública en los términos ya aludidos puede perfectamente ser penalizada por el legislador  en ejercicio de  su potestad de configuración  en este campo, como lo advierte el señor Fiscal General de la Nación.

 

Del examen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a que se ha hecho extensa referencia en  los apartes preliminares de esta sentencia  se desprende por lo demás  que el juez natural de estas conductas no ha tenido ninguna dificultad en la  aplicación de las normas acusadas en este sentido y que son obviamente las manifestaciones externas del interés indebido mostrado por los servidores público las que ha tomado en cuenta para establecer la configuración de  dicho interés prohibido por la ley. 

 

Ahora bien, dado que el  actor basa su demanda en la inconstitucionalidad  que  según él afecta toda la descripción típica  en razón  del verbo rector del delito,  y  que  como el mismo lo reconoce “no habría lugar a censura  constitucional si el legislador, en aras de proteger la imparcialidad  y moralidad  de la función administrativa, -como expresa es su intención- hubiere sancionado el actuar motivado  por el deseo de  obtener provecho propio  o ajeno, o con desconocimiento de los postulados constitucionales y legales que rigen la actividad contractual de las entidades públicas, porque de este modo si  se garantizaría eficazmente la protección de la administración pública que es el bien jurídico que  se busca proteger por el legislador”,  ha de concluirse  que  su acusación contra los artículos 409 de  la Ley 599 de 2000  y 145 del Decreto 100 de 1980 por la supuesta vulneración de los artículos 1, 6,13,18 y 29 superior, se basa en una interpretación errónea de la norma.

 

En efecto, el actor  no tiene en cuenta, además de las consideraciones expuestas en esta Sentencia, la necesaria sujeción del tipo penal establecido en las normas demandadas a los principios rectores del Código Penal, principios que, junto con los tipos penales a cuya aplicación haya lugar, concurren a formar un sistema armónico de imputación penal, que debe interpretarse y aplicarse como tal.  Mucho más si entre tales principios se encuentran los de antijuridicidad material y culpabilidad y en razón de los cuales sólo es relevante el tipo penal que lesiona o pone eficazmente en peligro el bien jurídico tutelado y sólo es punible si fue cometido de manera consciente y voluntaria. 

 

Así las cosas el cargo planteado por la supuesta configuración en este caso de un delito de autor contrario a la Constitución. Ver entre otras las Sentencias C-239/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz S.V. José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera Vergara A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz Mesa y C-425/97 M.P. Fabio Morón Díaz., no  está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta Sentencia.

 

4.2  La ausencia de vulneración de los  principios de antijuridicidad, y culpabilidad

 

En la medida en que como se desprende igualmente de las consideraciones preliminares de esta sentencia  el aspecto específico del bien jurídico administración pública que se pretende proteger con las normas acusadas   esta claramente identificado, a saber la  imagen de la administración pública, la transparencia y  la imparcialidad  en la celebración de los contratos  y en fin la moralidad pública. Ver Sentencia CSJ Sala de Casación Penal del 18 de abril de 2002 Proceso 12658 M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. .

 

Y en la medida en que las actuaciones del servidor público  que abandona su deber de imparcialidad  en la gestión contractual para buscar un interés diferente del general que deba perseguirse por la administración en el proceso contractual en el que el servidor público interviene en provecho propio o de un tercero,  lesionan evidentemente dicho bien jurídico, la Corte concluye que no asiste razón al demándate  en cuanto al supuesto desconocimiento del principio de antijuridicidad material.

 

Cabe precisar que el actor pretende derivar  una supuesta  “irrazonabilidad” de la norma   tanto del hecho de que para que se configure el delito no sea necesario que se produzca una vulneración del patrimonio del Estado, o se derive un perjuicio para la gestión contractual en la que el servidor público se interese, así como del hecho de que el contrato que se celebre en esas circunstancias  pueda considerarse  ajustado a  los requisitos legales establecidos para el efecto.

 

Supuestos todos, en los que  el actor alude a situaciones que nada tienen que ver con la vulneración  del bien jurídico administración pública en el aspecto específico que  la norma busca proteger.

 

Por otra parte, nada indica tampoco que las normas demandadas consagren tipos penales en los que se ha de prescindir de la culpabilidad como presupuesto de la imputación.  Por el contrario, tanto a esas disposiciones como a las que consagran cualquier tipo penal, les resulta exigible la concurrencia de la culpabilidad como principio político criminal que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva.  Del sólo hecho de tratarse de conductas punibles que se cometen con la concurrencia de la voluntad y la inteligencia del actor, pues son éstas las que le llevan a alentar un interés indebido en la contratación estatal y a manifestarlo exteriormente, se infiere que se trata de tipos penales que satisfacen la exigencia de culpabilidad propia de la imputación penal.

 

Así las cosas, resulta claro para la Corte  que la acusación por la vulneración de los principios de antijuridicidad y culpabilidad, basada en la  supuesta penalización por las normas acusadas  de un interés no exteriorizado por el servidor, no esta tampoco  llamada a prosperar, pues ella no solamente se basa en un supuesto que no es cierto, a saber la no exteriorización de la conducta,  sino que  no toma en cuenta el ámbito específico de protección del bien jurídico administración pública que se pretende proteger por el legislador en este caso y que resulta  claramente vulnerado por la actuación  del servidor público que pudiendo obrar de otro modo y  siendo capaz de comprender el hecho (Ver Sentencia C-425/97 M.P. Fabio Morón Díaz en la que se analiza el principio de culpabilidad como presupuesto de la responsabilidad penal) voluntariamente abandona su deber de imparcialidad en la gestión contractual y actúa movido por un interés diferente  del interés público,  en provecho propio o de un tercero.

 

4.3   La ausencia de vulneración del principio de buena fe

 

Para el actor la descripción típica que se hace  en las normas acusadas castiga cualquier tipo de interés, pues éste no se califica, por lo que lleva implícita la presunción de que el servidor público cuando tiene alguna clase de interés se encuentra parcializado, así celebre el contrato en beneficio de la sociedad. Presunción de derecho que contraría el artículo 83 de la Constitución, sin que se otorgue al sindicado la posibilidad de desvirtuarla, pues  según el entendimiento que el actor da a la  doctrina y la jurisprudencia en este campo,    se trata de un delito de pura conducta o formal y de ejecución instantánea, que se perfecciona con la existencia del mero interés aunque no se manifieste en el mundo externo en la función que desarrolla el servidor.

 

Frente a estas afirmaciones la Corte, además de reiterar  que el supuesto del que parten las normas acusadas es el de la exteriorización  del interés indebido que ellas reprochan, hace énfasis en que  la buena fe supone  que el servidor persigue los fines estatales y no sus fines personales.

 

La Corte precisa así mismo que las normas  acusadas, contrariamente a lo afirmado por el actor, si califican el interés que es objeto de reproche. La denominación de interés ilícito o de interés indebido, que se da respectivamente en el artículo 145 del Decreto 100 de 1980 y en el artículo 409 de la Ley 599 de 2000, traduce, independientemente del término utilizado,  que para el efecto resulta equivalente, la desviación de la conducta del servidor obligado a  perseguir exclusivamente  el interés general señalado en la ley para la actuación contractual en la que interviene en razón de su cargo o de sus funciones.

 

Al respecto  la Corte considera  necesario reiterar que evidentemente  las normas acusadas no se refieren al interés que muestre  el servidor en el cumplimiento de los fines estatales y en particular del interés concreto que  corresponda perseguirse con la  celebración del contrato  en el que interviene  de acuerdo con la Constitución,  la ley y  los reglamentos  y demás decisiones administrativas aplicables.  Ese interés lógicamente no es el que reprocha la norma pues este se  confunde con el deber del servidor.

 

El interés que se penaliza  es precisamente el que desconoce dicho deber  y  se manifiesta en provecho propio o de un tercero.

 

No es entonces cualquier interés el que se penaliza  sino el interés indebido que se manifiesta en las actuaciones del servidor público con las que se vulnera la transparencia  e imparcialidad de la actividad contractual.

 

Cabe precisar además que  las normas demandadas en momento alguno consagran una presunción de mala fe.  Es cierto, un elemento del tipo está determinado por el interés indebido del servidor que interviene en la contratación estatal.  No obstante, tal elemento está sujeto a demostración, como todos los elementos de la responsabilidad penal, pues recuérdese que en los sistemas penales impera la presunción de inocencia. 

 

De este modo, si el interés indebido, manifestado externamente, no se demuestra, no hay lugar a aplicar las consecuencias punitivas previstas en la ley, con lo que se desvirtúa la supuesta presunción planteada por el actor.  Ahora, lo que es claro es que ese interés debe ser contrario al fin de cada contrato en particular, a los fines de la contratación estatal y a los principios de la actuación administrativa pues sólo un interés indebido, en provecho propio o de un tercero, es relevante para el tipo penal y susceptible de generar responsabilidad penal.

 

Así las cosas tampoco puede prosperar el cargo por la supuesta vulneración del artículo 83 superior y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

 

4.4   La ausencia de vulneración del principio de legalidad

 

El actor afirma que las normas acusadas dejan en manos del  funcionario judicial  la determinación  de en qué consiste  y cuándo se presenta el interés que ellas penalizan, en tanto, reitera, dichas normas no  califican la clase de interés que se castiga, limitándose a expresar que sea en provecho propio o de un tercero, y en tanto  no remite a otros preceptos la determinación de dicho interés.

 

Al respecto la Corte señala que como acaba de explicarse, no es cierto que la norma  omita calificar  la clase de interés que se castiga y que no pueda identificarse de manera objetiva  cuando se está en presencia de un interés indebido.

 

Al respecto la Corte recuerda que la norma debe  considerarse en el contexto de los principios rectores del Código Penal  y  de los principios  y normas que rigen la contratación administrativa.

 

En este sentido los principios constitucionales y las normas legales y reglamentarias que rigen la función pública, así como las normas de contratación,  son el marco estricto que debe  consultar el juzgador para examinar la conducta del servidor acusado del delito tipificado por las normas bajo examen.

 

Téngase en cuenta al respecto que, como lo ha puesto en evidencia  tanto la Jurisprudencia  de esta Corporación. Ver Sentencia C-917/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra S.V. Jaime Araujo Rentería como de la Corte Suprema de Justicia. Ver Sentencia C.S.J. Sala de Casación Penal de 19 de diciembre de 2000 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón,  en los delitos tipificados en el capitulo V del  titulo XV del Libro II del Código Penal relativos a la celebración indebida de contratos, se encuentran incorporados los principios constitucionales y legales que rigen la contratación administrativa y en particular los principios a que aluden el artículo 209 constitucional y los artículos 24 a 29 de la Ley 80 de 1993.

 

Así mismo la Corte hace énfasis en   que la administración- y en consecuencia los servidores que la representan-  a diferencia de los particulares que escogen libremente el objeto de sus actos, ve impuesta la finalidad que su acción debe perseguir. Recuérdese además que  como ya se explicó, dado que  “la finalidad que debe perseguirse por el agente administrativo es siempre la satisfacción del interés público”, no es cualquier interés, el que puede determinar su actuación  “sino el interés concreto que debe satisfacerse por medio de la competencia atribuida a cada funcionario. Ver MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires Tomo II Reimpresión 1993, pag 541.

 

De manera que no  puede considerarse que el servidor público  acusado del delito sub examine  se encuentre a merced   de la subjetividad del funcionario judicial, pues éste último  encuentra estrictamente delimitada su actuación  por  los principios constitucionales y legales que rigen la contratación estatal, así como por  los objetivos  que le correspondía perseguir a  la administración en el caso concreto en el que se produzca la intervención  del servidor público, que haya actuado movido por un interés diferente al que le estaba precisamente señalado en ese caso por la Ley. 

 

El interés indebido a que aluden las normas acusadas resulta entonces plenamente identificado en este sentido, por lo que el examen que el funcionario judicial haga de la conducta del servidor  acusado  de interesarse indebidamente en provecho propio o de un tercero no se encuentra librado a  su libre interpretación  sino al concreto marco a que se ha hecho referencia. 

 

Así las cosas, la Corte concluye que los cargos que formula el demandante contra los artículos 409 de la Ley 599 de 2000 y 145 del Decreto 100 de 1980 por la supuesta vulneración del principio de legalidad   tampoco están llamados a prosperar  y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 

 

CONCLUSIÓN

 

En conclusión, el tipo penal establecido en las demandadas debe interpretarse sin perder de vista que él plantea la aplicación concordada de dos ámbitos jurídicos definidos –el penal y el administrativo- y que son los principios reguladores de cada uno de ellos los que permiten delimitar el ámbito de lo prohibido en este caso. 

 

De otro lado, ha de tenerse en cuenta que  los principios de la imputación penal, y en particular los de legalidad, antijuridicidad material y culpabilidad constituyen el marco de interpretación del tipo penal que tipifican las normas acusadas, ámbito de validez que evita los equívocos a que pueda conducir la interpretación literal del tipo que, como se sabe, sólo es uno de los elementos de la responsabilidad penal. 

 

La interpretación así efectuada  permite comprender que lo que se reprocha es un interés externamente manifestado, contrario a la transparencia  que debe regir la contratación estatal y, por lo mismo, idóneo para lesionar el bien jurídico administración pública. 

 

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

 

CONCURSO - CONTRATO SIN REQUISITOS

 

AVALÚOS

 

SIMULACIÓN

 

OBRA PÚBLICA   

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Magistrado Ponente: JAVIER ZAPATA ORTIZ.   Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil ocho (2008). Proceso No 27724.-

 

3. La Ley 9ª de 1989

 

Conocida esa normatividad como una “reforma urbana”, en su versión vigente cuando se firmó la Escritura Pública No. 050 del 22 de enero de 1997, contenía varios preceptos que señalaban obligaciones que debían acatar las autoridades públicas que adquirieran inmuebles para destinarlos, entre otros usos, a programas de vivienda de interés social.

 

(…)

 

“Art. 15. El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto Agustín Codazzi o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.”

 

En la compra de los predios San Sebastián y Santa Ana no se cumplió ese requisito, ya que antes de asumirse las obligaciones contenidas en la Escritura Pública No. 50 del 22 de enero de 1997, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales no contaba con un avalúo de esa naturaleza; pues el que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sobre los terrenos en bruto, fue ocultado por el Gerente, TICIO; y, de todas maneras la experticia no tenía mayor utilidad específica, porque la “compraventa” no se pactó no sobre los lotes como estaban, en bruto, sino con la realización de varias obras civiles, que elevaron el precio de la negociación en modo sustancial.

 

El artículo 70 de la Ley 9ª de 1989, establecía que los municipios y las áreas metropolitanas podrán crear establecimientos públicos locales denominados "Bancos de Tierras", encargados de adquirir, por enajenación voluntaria, expropiación o extinción del dominio, los inmuebles necesarios para cumplir con los fines en la misma Ley.

 

Por su parte, el artículo 73, estatuyó a favor de los Bancos de Tierras el derecho de preferencia en la enajenación de los inmuebles, consistente en que los propietarios que tengan la intención de enajenar sus inmuebles quedaban obligados, por una sola vez, a ofrecerlos en primer lugar a los Bancos de Tierras.

 

El derecho de preferencia existía, así no se hubiese creado un Banco de Tierras, como establecimiento público todavía; al punto que el artículo 76 de la Ley 9ª de 1989, señala que: Mientras no exista un banco de tierras, el derecho de preferencia lo ejercerá la entidad territorial, por conducto del Alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia.”

 

-. Mediante la Escritura Pública No. 3209 del 26 de diciembre de 1996, de la Notaría Quinta del Círculo de Manizales, el señor SEXTUS, vendió la finca Santa Ana, por el precio de $ 80.000.000, a los implicados CAYO, PUBLIUS y MARCUS.

 

En su testimonio, el señor LUCIUS explicó que el municipio le envió una nota indicándole que el predio había pasado a ser urbano y que por ello tenía que pagar un impuesto; y que, como él no contaba con dinero suficiente, entonces lo vendió a los antes mencionados, después de dialogar, por cerca de dos meses.

 

Con ello se verifica que las autoridades administrativas de Manizales eran conscientes de que los predios San Sebastián y Santa Ana se habían anexado a la zona urbana; por lo tanto, debieron ser incorporados al Banco de Tierras, a que se refiere la Ley 9ª de 1989, de modo que el municipio tuviera la primera opción de compra, sin intermediarios que encarecieran la transacción; pero como ello se hizo, lo sucedido fue que CAYO, PUBLIUS y MARCUS pagaron los predios a precio de terrenos rurales y los vendieron a la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, al costo del terreno urbano, que es muy superior.

 

4. Consolidación urbana de los predios San Sebastián y Santa Ana

 

A través de la Escritura Pública No. 3.155 del 30 de noviembre de 1994, otorgada en la Notaría Primera de Manizales, la señora NUMERIA, vendió por la suma de $ 41.000.000, el “predio rural” denominado San Sebastián, a los compradores CAYO, PUBLIUS y MARCUS.

 

Mediante la Escritura Pública No. 3209 del 26 de diciembre de 1996, de la Notaría Quinta del Círculo de Manizales, el señor SEXTIUS vendió la finca Santa Ana, por el precio de $ 80.000.000, a los implicados CAYO, PUBLIUS y MARCUS.

 

En el plan de desarrollo para Manizales Siglo XXI, implementado a partir del año 1997 y que abarcó la administración del Alcalde TITUS, esos predios se transformaron de rurales a urbanos; y en 1994, se pagó por uno de ellos $ 41.000.000, y por el otro, en diciembre de 1996, se pagaron $ 80.000.000.

 

Sin embargo, la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas hizo el “avalúo corporado comercial” No. 293 del 15 de noviembre de 1996, de los predios San Sebastián y Santa Ana, analizados en bruto, es decir, sin obras civiles, donde estima que su valor conjunto en $ 1.180.000.000.

 

Vale decir, si la Caja de la Vivienda Popular hubiese cumplido con las exigencias de la Ley 9ª de 1989, tenía que ejercer la primera opción de compra y, entonces, era factible economizar mucho dinero, para destinarlo verdaderamente a solucionar problemas de vivienda de interés social.

 

-. Los intereses conjuntos y la serie de irregularidades hasta aquí observadas, no contribuyen a la configuración tan solo de un “indicio leve” en contra de los implicados, como lo expresó el Ad-quem en evidente falso raciocinio, sino a partir de esos hechos indicadores racionalmente se infiere el soslayo de los requisitos legales para la contratación pública, con el fin de satisfacer intereses privados.

 

5. Materialización del interés ilícito de TITUS en la adjudicación del contrato, pactado en la Escritura No. 050 del 22 de enero de 1997.

 

-. El ciudadano TITUS fue elegido como Alcalde de Manizales, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997.

 

-. Mediante el Acuerdo 107 del 30 de mayo de 1995, el Concejo Municipal de Manizales aprobó el “Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo XXI”, donde se contemplan varias estrategias, entre ellas el desarrollo urbano, hábitat, Banco de Tierras y vivienda digna. (Folio 651 cdno. 2)

 

-. Como todos se dedicaban a la construcción de obras civiles y proyectos urbanísticos, resulta evidente que TITUS sabía que CAYO, PUBLIUS y MARCUS eran propietarios de las fincas San Sebastián y Santa Ana. Por lo tanto, conjuntamente les interesaba concretar la valorización de esos predios para desarrollar proyectos de vivienda.

 

-. El entonces Alcalde de Manizales, TITUS, participó en la preparación del Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo XXI, en virtud del cual se convirtieron en urbanos algunos predios que antes eran rurales, entre ellos, las fincas San Sebastián y Santa Ana, generando una sustancial valorización del terreno en bruto.

 

-. De otra parte, el mismo Alcalde, decidió, por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular, asignarles el contrato de obra, consistente en la preparación de esos lotes para el urbanismo, en forma directa, a los constructores CAYO, PUBLIUS y MARCUS, por el monto de $ 7.080.000.000, sin haber efectuado licitación pública y dejando de lado los requisitos que establece la Ley 80 de 1983 (Estatuto de la Contratación Pública) y el Decreto 111 de 1996 (Ley Orgánica de Presupuesto).

 

-. A la irregular negociación precede, por supuesto, la inconfutable realidad antes descrita, según la cual el Alcalde de Manizales, TITUS, a través de su constructora ARGO, era actualmente socio de CAYO, PUBLIUS y MARCUS, por medio de la constructora Botero y Serna, en el fideicomiso La Calleja-Versalles.

 

-El anterior aserto se confirma además con el oficio del 26 de marzo de 1998, donde el ingeniero civil, Mauricio Mejía Arango, director de obra del proyecto San Sebastián, aclaró que el “Plan de Desarrollo de Manizales calidad Siglo XXI, incorporó al área urbana, únicamente hasta los predios San Sebastián y Santa Ana.”

 

Es decir, la administración del alcalde TITUS, convirtió en urbanos los predios San Sebastián y Santa Ana, que antes eran rurales; con ello generó un considerable incremento del precio de esas fincas y, luego, ya encarecidos, se los compró a CAYO, PUBLIUS y MARCUS.

 

(...)         -. Con todo la Junta Directiva de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, presidida por el Alcalde de esa ciudad, TITUS, según consta en el Acta No. 19 del 3 de diciembre de 1996, determinó que la compra de los lotes San Sebastián y Santa Ana se hiciera con movimiento de tierras, como lo aconsejó la comisión asesora, y atendiendo a avalúo que practicara la Lonja de Propiedad Raíz o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; pero en todo caso a un precio máximo de $ 12.000 por metro cuadrado.

 

Para la obtención de los recursos económicos, con el fin de adquirir esos inmuebles, “la Junta faculta al Gerente para realizar los empréstitos necesarios y afectar las vigencias presupuestales de la Caja de la Vivienda, para los años 1997, 1.998 y 1999”.

 

-. Ni la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, ni el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizaron un avalúo previo de los lotes San Sebastián y Santa Ana, con movimiento de tierras y adecuaciones para construir vivienda de interés social, antes de que fueran comprados por la Caja de la Vivienda Popular de Manizales.

 

-. El primer avalúo, por $ 1.180.000.000, se hizo sobre los terrenos en bruto; y, además, el Gerente de la Caja de la Vivienda Popular, TICIO, pese a que ya contaba con ese documento, no lo sometió a conocimiento de la Junta Directiva, según lo expresado por sus integrantes.

 

(...) -. En cumplimiento de lo pactado en la promesa, a través de la Escritura Pública de “compraventa” No. 050 del 22 de enero de 1997, de la Notaría Única del Circuito de Villamaría (Caldas), los ciudadanos CAYO, PUBLIUS y MARCUS, vendieron a la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, representada por su Gerente, TICIO, las fincas San Sebastián “hoy urbana” y Santa Ana “hoy urbana”, por el precio de siete mil ochenta millones de pesos ($ 7.080.000.000).

 

Es decir que ese precio fue señalado arbitrariamente, por estimativo aproximado de otras obras, pero sin el análisis de avalúos profesionales previos de los lotes en bruto, ni de éstos con los movimientos de tierra, ni con las obras civiles ya hechas.

 

-Por disposición de la Ley 9ª de 1989, los avalúos tenían que ser previos al negocio y debió realizarlos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o una entidad que cumpliera las mismas funciones.

 

Tan es así, que en su indagatoria, el “vendedor” MARCUS, cuando la Fiscalía le preguntó “Por qué motivo prescindieron del avalúo como requisito previo”, contestó:

 

“El avalúo se determinó realizarlo una vez existiera terreno adecuado. Por solicitud de los vendedores formulada ante el gerente de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, que dicho avalúo se efectuara una vez existiera tierra debidamente adecuada como se pretendía de acuerdo a la oferta. No antes, ya que sólo contábamos con el terreno en bruto.”

 

-. Y otro de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, AULUS, vinculado mediante indagatoria, sobre la ausencia de avalúo previo, señaló:

 

“…creo que hubo anomalía administrativa en el proceso de la compra, puesto que según lo informado no se practicó avalúo antes de firma de escritura.”

 

-. Una vez más se constatan un cúmulo de irregularidades , más allá de un “indicio leve” en contra de los implicados, a contrario a la manera como sopesó ese conjunto de situaciones el Ad-quem.

 

6. Lo pactado en la Escritura Pública No. 050 del 22 de enero de 1997

 

De las cláusulas contenidas en la Escritura Pública No. 050 del 22 de enero de 1997, por medio de la cual los señores CAYO, PUBLIUS y MARCUS, venden a la Caja de la Vivienda Popular de Manizales los predios San Sebastián y Santa Ana, se destacan los siguientes aspectos:

 

i) Los vendedores se comprometen a entregar los inmuebles “con su correspondiente movimiento de tierra, adecuados para construir”, por partes proporcionales, los días 30 de marzo de 1997, 30 de septiembre de 1997, 30 de marzo de 1998 y 30 de septiembre de 1998.

 

ii) El precio se pagará de la siguiente forma: mil millones de pesos, a la firma de la escritura, “que los vendedores declaran haber recibido a satisfacción”; el resto, en cuotas de distintas cantidades, el 30 de marzo de 1997, el 30 de marzo de 1998, el 30 de septiembre de 1998 y el 30 de abril de 1999, a condición de que hagan las entregas parciales del terreno adecuado.

 

iii) Determinación final del precio de la compraventa:

 

“No obstante lo dispuesto en la cláusula anterior el precio final de la compraventa se determinará con base en el valúo que practiquen la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los inmuebles objeto de esta compraventa. Dicho avalúo deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la primera entrega material de parte del inmueble con movimiento de tierra en el porcentaje señalado en el literal A) de la cláusula cuarta de este instrumento.”

 

(…)

“Si el avalúo que se practique por la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas o por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es superior a $12.000 el metro cuadrado, el precio definitivo de la compraventa será el fijado en esta escritura; si es inferior los vendedores podrán optar por rescindir el contrato, aplicándose lo dispuesto en la cláusula siguiente, o persistir en el mismo transfiriendo al precio fijado, total o parcialmente los inmuebles delimitados en esta escritura.”

 

(…)

“El presente contrato de venta una vez registrado, podrá rescindirse por parte del vendedor en el evento que el avalúo del metro cuadrado de terreno, con su respectivo movimiento de tierra, sea inferior a doce mil pesos ($ 12.000.oo)”

 

iv) Los vendedores se comprometen a entregar el terreno apto o “construible” para vivienda de interés social; con movimiento de tierra, estudio de la capacidad portante del suelo, con vías debidamente perfiladas de acuerdo con las especificaciones legales, con zonas de cesión, con sistemas de drenaje, filtros y canalizaciones necesarios para el control de las aguas; y con reforestación y empradización, en las áreas que fuere necesario.

v) Con relación al tema presupuestal se dice en dicha Escritura:

 

“Los valores que se cancelarán como precio de venta del inmueble serán imputados al rubro del presupuesto de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales de los años de 1997- 1998y 1.999, programas compra de lote y construcción de vivienda 0305070101 y programa erradicación de barrios subnormales 0305070301.

 

-. Posteriormente, conocido el avalúo que hizo la Lonja de Propiedad Raíz de Manizales, donde señaló que cada metro cuadrado de tierra lista para urbanizar podía tener un valor de $14.500, mediante la Escritura Pública No. 1.303 del 21 de octubre de 1997, se ratificó integralmente el negocio, esto es, por la suma de $ 7.800.000.000.

 

7. La utilización de la figura contractual de compraventa, para enmascarar lo que en realidad era un contrato de obra, adjudicado directamente, prescindiendo de la licitación o concurso de méritos

 

Con independencia de la nominación otorgada en la Escritura No. 050 del 22 de enero de 1997, es evidente que a través de esa “compraventa”, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, asignó, vulnerando la normatividad que rige la contratación pública, un contrato de obra a los constructores CAYO, PUBLIUS y MARCUS.

 

No se discute que los “vendedores” transfirieron el dominio de los predios San Sebastián y Santa Ana a la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, pero además de la venta de esas fincas, ya valorizadas por la incorporación al área urbana, sobre ellas se encargó la realización de una serie de adecuaciones civiles para dejarlas aptas para la construcción de proyectos de vivienda de interés social.

 

-. Basta leer el clausulado de la Escritura Pública No. 050 del 22 de enero de 1997, para concluir que el negoció que hizo la Caja de la Vivienda Popular de Manizales no fue sólo una compraventa, como a contrapelo de la realidad se admite en el fallo censurado y como han querido hacerlo entender los implicados.

 

Más allá de la compraventa, que fue la modalidad de la que se sirvieron, es palmaria la existencia de un contrato de obras civiles, para cuya realización se requería confeccionar previamente un pliego de condiciones y llevar a cabo un proceso de selección objetiva de la mejor propuesta, a través de una licitación pública.

 

-. Lo que ocurrió fue una burda manera de transgredir las normas que rigen la contratación pública en Colombia, en especial la Ley 80 de 1993, que como regla general ordena llevar a cabo concurso para seleccionar al mejor proponente, antes de adjudicar el contrato.

 

Se “compraron” los predios San Sebastián y Santa Ana, a través de un contrato de compraventa que sirvió de fachada o medio para poder adjudicar directamente, sin licitación pública, el encargo de las grandes obras civiles que demandaba la adecuación urbanística de los predios montañosos, a los constructores CAYO, PUBLIUS y MARCUS.

 

Ese contrato de obra no declarado expresamente tuvo como objeto que los mencionados constructores adecuaran el terreno hasta dejarlo apto para urbanizar con vivienda de interés social; esto es, con movimiento de tierra, estudio de la capacidad portante del suelo, vías debidamente perfiladas de acuerdo con las especificaciones legales, zonas de cesión, sistemas de drenaje, filtros y canalizaciones necesarios para el control de las aguas, reforestación y empradización, en las áreas que fuere necesario.

 

-. En virtud del principio de transparencia, la escogencia del contratista debe efectuarse siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los eventos en los que la ley permite la contratación directa, como sucede en los casos de menor cuantía, que la propia ley determina en salarios mínimos legales mensuales y en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas.

 

-. Sin haber participado y ganado un concurso de méritos, en condiciones de igualdad con otros proponentes, sin demostrar la capacidad para contratar por el monto de 7.080.000.000 (menos el valor de los lotes en bruto), sin haber ofrecido las garantías de estabilidad respectivas y sin interventoría de ninguna especie, que velara por la calidad de las obras, los constructores CAYO, PUBLIUS y MARCUS, fueron beneficiados, por la liberalidad del Alcalde de Manizales, el Gerente y la Junta Directiva de la Caja de la Vivienda Popular, con la adjudicación directa de ese cuantioso contrato, del que obtendrían el margen de ganancias usuales en las obras civiles, entre el 15 y el 30%, según lo declarado en autos.

 

-. Resulta muy extraño, por decir lo menos, que los Jueces de instancia deslumbrados por la aparente “venta condicionada”, no hubiesen detectado tan colosal irregularidad. Se vulneraron todos los principios de la contratación pública y los implicados fueron amparados por el beneficio de la duda, elaborada a partir de raciocinios errados, como aquél, según el cual, se trató sólo de una compraventa, regida por las normas del derecho civil.

 

-. Lo que ocurrió fue tanto como si la Caja de la Vivienda Popular hubiese dicho a un ciudadano, le compro su finca, cuando usted, con la plata que nosotros mismos le damos como anticipo y pagos posteriores, construya en ella carreteras, puentes y drenajes. En tal hipótesis y en la investigada, la sustracción al régimen de la contratación es palmaria.

 

-. Los constructores CAYO, PUBLIUS y MARCUS no tenían derecho a ser adjudicatarios de ese contrato, porque no lo ganaron en un concurso licitatorio.

 

-. El artículo 22 de la Ley 80 de 1993, estatuye que:

 

“Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de acuerdo con este artículo.”

 

El artículo 10° del Decreto 1584 de 1994, por el cual se reglamentan los artículos 22 y 79 de la Ley 80 de 1993, sobre la clasificación y calificación en el registro de proponentes, establece la manera de calcular la “capacidad máxima de contratación” de los constructores, que deben estar inscritos en la Cámara de Comercio como requisito para pactar con el Estado.

 

El monto máximo de contratación (K), se expresa en salarios mínimos legales mensuales.

 

Se omitió verificar el (K) de CAYO, PUBLIUS y MARCUS en la clasificación de constructores, como personas naturales (pues no constituyeron un consorcio con ese fin), antes de adjudicarles el contrato para la ejecución de las obras civiles en los predios San Sebastián y Santa Ana. Ninguna declaración se refiere a ese aspecto y tampoco de los documentos preparativos del contrato lo menciona.

 

-. Por el contrario, el ingeniero implicado MARCUS, confirmó que los movimientos de tierra fueron a su vez contratados por los vendedores, con otras personas o empresas dedicadas a esa actividad, entre ellos, ...

 

Resulta, de ese modo, que los “vendedores” CAYO, PUBLIUS y MARCUS, quienes no demostraron su capacidad de contratación (K) para la realización de obras civiles en el monto pactado, cumplieron una labor de intermediación que comportó costos para la Caja de la Vivienda Popular de Manizales y, para ellos, utilidades derivadas de un contrato denominado “compraventa”, utilizado como maniobra para esa adjudicación directa y así evadir las normas sobre contratación pública y manejo presupuestal.

 

(...)         . En el contrato de obra contenido en la “compraventa” pactada en la Escritura Pública No. 050 del 22 de enero de 1996, se omitieron los requisitos esenciales de la contratación pública.

 

La omisión de los métodos integrales para la selección objetiva del mejor proponente, conlleva a tipificar el delito de celebración de contrato sin requisitos legales.

 

-. El estudio teleológico y sistemático del tema, en la órbita constitucional, legal y jurisprudencial, enseña que si bien algunos trámites concretos inherentes al procedimiento contractual, aisladamente observados no alcanzan la calidad de requisitos esenciales de los contratos, en cambio, sí tienen ese talante los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que se garantizan precisamente a través del cumplimiento esos trámites.

 

Por lo tanto, si se pretermiten deliberadamente esos trámites para mancillar dichos principios, puede incurrirse en el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

 

-. Es por lo anterior que a menudo, en los pliegos de condiciones, se incluyen cláusulas constitucionales y legales relativas al recto procedimiento de la contratación pública, con fuerza vinculante, tanto para la entidad como para los proponentes. Ello es así, porque la predeterminación de las reglas de juego que todos deben acatar, comporta la manera como las entidades estatales allanan el camino para el cumplimiento de los principios de moralidad, publicidad, transparencia y selección objetiva, sobre los cuales no se admiten transacciones y son indeclinables, por pertenecer a la esencia del contrato. De ahí que, pretermitir la licitación pública, cuando es obligatoria, equivale a soslayar la Carta y la ley.

 

-. En el presente asunto, pese a que se tenían que realizar estudios de suelos, levantamientos topográficos, labores de geotécnia, movimientos de tierra dirigidos para adecuar los predios para proyectos de urbanismo, compactación, análisis de capacidad portante de los suelos preparados y perfilar vías de circulación interna, no se invitó públicamente a ningún oferente y la selección no fue objetiva, puesto que todo, de antemano, fue asignado directamente por la Caja de la Vivienda Popular de Manizales a los constructores CAYO, PUBLIUS y MARCUS, movida esa entidad por la fuerza subjetiva de la relación preexistente entre aquellos y el Alcalde TITUS, en los términos ya explicados.

 

9. Aún si, en gracia de discusión, se hubiese tratado únicamente de una “compraventa” también habría sido irregular

 

La Fiscalía instructora demostró, como también lo hizo la Contraloría General del Municipio de Manizales, que rindió un informe sobre el proceso de adquisición de los predios San Sebastián y Santa Ana, por la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, que el negocio en cuestión se apartó por completo de lo estipulado en los artículos 13 y siguientes de la Ley 9ª de 1989.

 

Como quedó anotado, en los estatutos de esa entidad se estableció que los proyectos de vivienda de interés social se ceñirían a lo dispuesto en la Ley 9ª de 1989, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

 

Es decir que, si el contrato celebrado contenido en la Escritura Pública No. 050 de 1997, en realidad hubiese sido sólo una compraventa de inmuebles, la Caja de la Vivienda Popular debió cumplir por lo menos los siguientes requisitos, que exigía la Ley 9ª de 1989, ninguno de los cuales acató previamente a la firma de ese instrumento:

 

i) certificado de uso del suelo para la destinación del inmueble para planes de vivienda de interés social;

ii) emitir oficio donde dispusiera adelantar el trámite de adquisición voluntaria del predio;

iii) incluir en dicho oficio la oferta de la compra;

iv) la determinación del precio de la compra con base en un avalúo hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones “el cual debe anexarse a la oferta de compra”; y

v) la inclusión previa de los lotes en el Banco de Tierras, con el fin de que el municipio pueda ejercer la primera opción de compra, sin intermediarios que encarezcan el inmueble.

 

(...)         Lo anterior indica, la claridad que se tenía acerca de la diferencia que comportaba adquirir los lotes en bruto y la posterior realización de las obras civiles de adecuación. La compra debió hacerse a través de un contrato de compraventa, siguiendo la Ley 9ª de 1989; y para la ejecución de las obras civiles era necesario adelantar un proceso de contratación distinto, a través de un trámite licitatorio, que fue evadido, por medio del contrato de compraventa “condicionado”.

 

-. Se exhibe por completo equivocada la postura del |A-quo, apenas refutada por el Tribunal Superior, según la cual el contrato de compraventa de inmuebles por parte de una entidad pública se rige por entero con las disposiciones de derecho civil y comercial pertinentes, lo cual tendría dos consecuencias: i) quedan por fuera de las exigencias contenidas en el estatuto de la contratación pública, Ley 80 de 1993 y normas complementarias; y ii) no es factible tipificar el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la imposibilidad de hacer remisión a la Ley 80 y sus complementarias.

 

(...)

-. Pese a que los predios San Sebastián y Santa Ana fueron adquiridos el 22 de enero de 1997, y ese mismo día se pagaron mil millones de pesos como anticipo, los certificados de disponibilidad presupuestal fueron emitidos con posterioridad, es decir, el 17 de febrero de 1997. Con tales certificados, suscritos por el Jefe de la División Financiera de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, se afectaron los presupuestos de 1997, 1998 y 1999, sin intervención del Concejo Municipal de Manizales.

 

En particular, es claro que el gasto de los mil millones de pesos entregados a firmarse la Escritura No. 050, el 22 de enero de 1997, apenas se autorizó el 17 de febrero del mismo año, cuando se emitió el certificado en su disponibilidad presupuestal No. 219, documento en el que se anotó que el plazo de ese pago es “A LA FIRMA DE LA ESCRITURA”, de modo que se pretendió sanear a posteriori una situación que surgió irregular.

 

-. Se vulneró en forma abierta el requisito de legalidad de la contratación pública, previsto en el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, toda vez que ni al momento de firmar la promesa de compraventa, ni cuando se suscribió la Escritura Pública, el 22 de enero de 1997, se contaba con el certificado de disponibilidad presupuestal.

 

(...)        -. Es evidente, además, que la Caja de la Vivienda Popular de Manizales no designó un interventor para las obras civiles de los predios San Sebastián y Santa Ana. Ello implicó que los pagos se hicieran contra recibos parciales de cantidades de obra, sobre las cuales la entidad pública no hizo control de calidad.

 

Es más, como lo declaró el Subgerente Técnico de la Caja, la autorización de los pagos se hizo sobre cantidades de obra calculadas y recibidas sobre planos, esto es, sin la correspondiente verificación en el terreno.

 

-. Con certificado emitido el 8 de julio de 1997, el Subgerente Técnico de la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Manizales S.A., hizo constar que lo lotes San Sebastián y Santa Ana, podrían tener disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado, cuando se proyecten diseños que dependan del Tanque Villahermosa, ubicado en la cota 2.184 metros sobre el nivel del mar. No se demostró que el costo de las obras para conectar con ese Tanque hubiesen sido planificadas, presupuestadas, o al menos contempladas como posibles.

 

(...)        -. El caos financiero en que fue sumida la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, que irradió sus consecuencias negativas sobre todo el municipio, lo explicó el Alcalde de dicha ciudad, ..., quien sucedió en esa dignidad al implicado TITUS:

 

“La Alcaldía no tenía con qué pagar eso, y tampoco los intereses que estaban generando esos miles de millones que cobraban por el terreno y que estaban vencidos. Según el estudio que habíamos recibido y que mencionaba sobrecostos, nos llevó a considerar en la misma Junta, una renegociación de los precios de dichos predios, para que nos hicieran un descuento de un porcentaje importante del valor total de los precios y movimientos de tierra, lo cual se le insistió en varias ocasiones por parte mía.”

 

-. En síntesis, se violó el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de la Contratación Pública), sobre reservas presupuestales; y se vulneraron también los artículo 41 ibídem y 71 del Decreto 111 de 1996 (Ley Orgánica de Presupuesto), pues no existió garantía y disponibilidad presupuestal, ni el Concejo Municipal autorizó con antelación el compromiso con cargo a las vigencias futuras. El contrato pactado en la Escritura No. 050 del 22 de enero de 1997, se suscribió, pues, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

 

11. Calificación jurídica de las conductas punibles

 

(...)

 

12. El delito de interés ilícito en la celebración de contratos

 

En desarrollo de la investigación la Fiscalía practicó pruebas con aptitud para demostrar que TITUS debe responder por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, porque él, antes de ser Alcalde de Manizales tenía relaciones societarias con CAYO, PUBLIUS y MARCUS, concretamente en los fideicomisos La Calleja y Versalles; que éstos continuaron cuando aquél asumió como burgomaestre y que aprovechó su nueva posición para beneficiar a sus amigos, no sólo con la compra de unos predios valorizados por la incorporación al sector urbano, sino con la adjudicación directa y sin licitación pública de las obras contratadas para su adecuación.

 

(...)        La gran influencia del Alcalde en la Junta Directiva, sirvió para que esa Junta autorizara la adquisición y la ejecución de las obras en los predios San Sebastián y Santa Ana; y para que su subalterno, TICIO, Gerente de la Caja, no sólo comprara esas fincas a CAYO, PUBLIUS y MARCUS, sino también para que les adjudicara, en forma directa, el gran contrato subyacente que consistió en el diseño y construcción de obras civiles de urbanismo.

 

El Alcalde TITUS, al no exponer en la Junta Directiva su conocimiento previo con los tres contratistas; y su especial condición de asociado, a través de su empresa Constructora CAYO, PUBLIUS y MARCUS, en el fideicomiso La Calleja-luego fideicomiso Versalles-incurrió en la conducta punible descrita, puesto que desplegó un interés en beneficiarlos, siendo ese interés ilícito, en tanto se llevó de calle todos los principios que abogan por la transparencia y la economía en la contratación estatal; y lesionó el bien jurídico de la administración pública.

 

-La antijuridicidad en este delito se constata con la quiebra de los principios de moralidad, imparcialidad y selección objetiva, cuando el servidor público busca beneficiar a alguien en concreto atendiendo a sus expectativas personales o emotivas y no a la conveniencia o al interés general.

 

En este caso, la antijuridicidad, pues, no se vincula a la causación de un perjuicio económico para la entidad pública, ni a la obtención de ventajas económicas desmedidas para los contratistas, sin descartar que, a su vez, éstas puedan presentarse y, eventualmente dar al concurso de conductas punibles.

 

A la sazón, en la Sentencia del 25 de mayo de 2005 (radicación 21068), la Sala de Casación Penal precisó:

 

“La conducta censurada en el artículo 145 del Decreto 180 de 1990 (modificado por el artículos 57 de la Ley 80 de 1993 y luego por los artículos 18 y 32 de la ley 190 de 1995), ley vigente al momento de la consumación de los hechos, tutela la administración pública, para que los servidores públicos no involucren con la función que cumplen sus intereses particulares, pues de no hacerse tal deslinde ello iría en contra de la rectitud e imagen que implica su ejercicio y desconoce el interés público, el interés general, resultando inadmisible la prevalencia del interés subjetivo y personal de quien para ese momento ejerce la potestad a nombre del Estado. Penalmente se reprocha la conducta por el solo hecho de interesarse o vincularse con una causa en la que debe obrar el funcionario, independientemente de que cause daño o se obtenga un provecho para la administración o el contratista.”

 ...

Los principios rectores son el alma de los bienes jurídicos que involucran y por ende son parte del tipo; su consideración como tales garantiza y delimita el principio de antijuridicidad material. Así, por ejemplo, la selección objetiva es un bien jurídico en sí mismo, y es un requisito esencial de los contratos de la administración pública, pues propende por la participación democrática en condiciones de lealtad e igualdad, por la moralidad y la transparencia de la función pública.

 

La existencia de invitación a ofertar, la evaluación técnica imparcial, la acreditación de experiencia y la concesión de un puntaje justo a los concursantes son factores integrantes del principio de selección objetiva. Cuando se promueve la ausencia o la manipulación de tales exigencias, con conocimiento y voluntad inteligentemente dirigidos al desconocimiento del principio de selección objetiva, entonces se está ante un evento típico de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales.”

 

-. Lo que merece sanción en el presente caso, es que la omisión de todas las formalidades se hizo voluntariamente para dar al traste con los principios de moralidad, economía, imparcialidad, publicidad y selección objetiva, esenciales a los contratos administrativos, y de ese modo obtener ventajas particulares manipulando la contratación pública.

 

-. La Junta Directiva de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, del todo influenciada por el Alcalde, quien la presidía, suscribió las actas para autorizar la “compra” de los predios San Sebastián Santa Ana, aparentemente, siguiendo las normas legales, pero en realidad, su gerente,  bajo el ropaje del la compraventa, adjudicó el contrato de obra a CAYO, PUBLIUS y MARCUS, con desconocimiento flagrante de la Constitución Política, de la Ley 80 de 1993; quebrantó de tajo los principios de igualdad, moralidad, economía, eficacia, imparcialidad, pilares básicos de la función administrativa y no controló la ejecución del presupuesto.

 

-. Cuando TICIO, como Gerente de la Caja suscribió le Escritura No. 050 del 22 de enero de 1997, se apartó del principio de transparencia, puesto que las gestiones subsiguientes eran maquillaje de la trama tendiente a simular una simple adquisición de tierras, resultando en realidad mancillado el mecanismo de selección objetiva, ya que CAYO, PUBLIUS y MARCUS, culminaron siendo los adjudicatarios directos del gran contrato de obra subyacente, sin haber demostrado que eran los mejores proponentes.

 

-. El principio de economía, (Ley 80 de 1993, artículo 25), en cuanto a la escogencia de la propuesta más favorable para la Caja de la Vivienda Popular, también fue ultrajado, pues se comprometió el patrimonio público de antemano, se entregaron mil millones de pesos a la firma de la Escritura, sin conocer otras propuestas, sólo aquella de los adjudicatarios, por lo cual la oferta más favorable nunca existió.

 

-. Igualmente se incumplió el principio de economía, al fijar discrecionalmente el valor a un contrato, sin que la Caja de la Vivienda Popular acometiera algún estudio serio sobre el costo de las obras que requerían las fincas San Sebastián y Santa Ana; y sin siquiera conocer los avalúos a los precios del mercado, bien de los terrenos en bruto o bien de estos ya alistados para desarrollar proyectos de urbanismo.

 

-.En tales condiciones, puede predicarse que TICIO, ordenador del gasto como Gerente de la Caja de la Vivienda Popular, y CAYO, PUBLIUS y MARCUS, deben responder por el delito de celebración de contrato sin requisitos legales, pues, aún cuando sólo el primero era servidor público, estos se asimilan a aquellos, por cuanto la Caja les trasladó por la vía contractual labores propias de su objeto estatutario, en concreto, la gestión de proyectos de urbanismo.

 

Este delito fue cometido dolosamente, con conocimiento de la ausencia de los requisitos esenciales en cada contrato y con voluntad encaminada a la satisfacción de intereses privados, antepuestos a las expectativas de la colectividad.

 

14. Culpabilidad de los procesados

 

Con la valoración del acopio probatorio, igual certeza obtiene la Sala sobre la culpabilidad de los implicados TITUS, CAYO, PUBLIUS y MARCUS, todos constructores de vivienda con experiencia mayor a dos décadas, pues se demostró que contra ellos es factible estructurar un severo juicio de reproche, porque en connivencia, el primero abusó de su poder, para facilitar la obtención de beneficios económicos, no para la entidad pública, sino para los particulares.

 

Ellos, por su específica preparación y experiencia en el campo de la contratación pública, para la realización de obras civiles en diversos ramos de la ingeniería, estaban obligados como los que más a ajustar su comportamiento conforme a derecho y, no obstante, se apartaron del ordenamiento jurídico, cuando sabían que las cosas tenían que hacerse de una manera distinta y nada les impedía acatar el marco normativo constitucional y legal.

 

(...)         Es así que, se hacen acreedores a un juicio de reproche condigno a su conducta, que se concretará en las penas principales y accesorias previstas en los tipos penales respectivos. 

                         

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

 

DONANTES DE CAMPAÑA POLÍTICA

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,  Magistrado Ponente: JORGE LUÍS QUINTERO MILANÉS.  Bogotá. D.C., seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008). Proceso No 20815.-

 

2.2. Interés ilícito en la celebración de contratos 

 

Esta infracción se encontraba regulada en el artículo 145 del Decreto 100 de 1980, modificado por los artículos 57 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la Ley 190 de 1995, vigentes para la época de los hechos, así:

 

 “El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años”.

 

 Esta misma infracción que en la Ley 599 de 2000 se denomina interés indebido en la celebración de contratos, se encuentra así regulada en el artículo 409:

 

“El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo p de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”.

 

 En este evento, la descripción de tipo se mantuvo, al igual que la pena privativa de la libertad, pero se incrementó la pena de multa en su mínimo y máximo, lo mismo que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, circunstancia que torna en más favorable la codificación anterior.

 

 Ahora bien, el ámbito de protección de este delito en particular se remite a la corrección y transparencia que deben orientar el ejercicio de la función pública cuando esta se ejerce a través de la contratación estatal. En ese sentido, bien vale la pena recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, para los fines de la contratación administrativa:

 

 “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados”.

 

El contenido de la anterior disposición permite interpretar con mayor claridad el alcance de la prohibición, en tanto que al sancionar al servidor público “que se interese en provecho suyo o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir, por razón de su cargo o funciones”, el interés objeto del reproche penal, no necesariamente debe ser ilícito, en términos de ilegalidad o delictivo. Esa es la razón por la que sin variar la descripción de la conducta, el Código Penal actualmente vigente varió la denominación del tipo al aludir a interés indebido, que resulta más ajustado a los fines de prevención general.

 

Lo que se quiere excluir de la práctica y punir con rigidez es el abandono del funcionario público a los deberes, obligaciones y compromisos que adquiere al vincularse con la administración para ejercer un cargo público que le permite de una u otra manera “intervenir” en cualquier condición, en la celebración de contratos. Dicho en otras palabras, ese interés al que se refiere el tipo penal es aquél personal o ajeno, que nada tiene que ver con los fines de la contratación estatal, que no son otros, como ya se dijo, que el cumplimiento de los fines del Estado, fundados éstos en el interés general y no particular.

 

 Lo anterior tiene sentido, si se considera que en materia de contratación los funcionarios públicos no están exentos, como tampoco lo están los particulares, de actuar conforme a la Constitución y la ley y acorde a los valores y principios que tanto la Carta Política como el propio Estatuto de la Contratación Estatal prevén, para que a través de esta actividad se puedan materializar los fines propios de un Estado de derecho y que no se proceda con base en intereses ocultos, distintos a aquellos a los que está destinado su objeto.

 

 Sentadas las anteriores premisas, el estudio de las tres imputaciones que en la acusación se le formularon al doctor TICIO por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, conforme a la denominación del Estatuto Penal anterior, habrá de orientarse a establecer, si los contratos Nos. 140/96, 186/96 y 376/97, estuvieron precedidos de un interés inconsulto con los fines de la administración.

 

 Al respecto, y para despejar cualquier confusión sobre el origen de tales contratos, ya que el Fiscal Delegado afirmó en la audiencia pública que eran el producto de resoluciones manifiestamente ilegales, en primer lugar se hace necesario precisar que los Nos. 140/95 y 186/96 tuvieron como sustento la Resolución No. 4089/95 (14 de agosto) y el No. 376/97 la Resolución No. 4277/96 (22 de julio) por las cuales se precluyó la investigación, dado que las razones que dieron lugar a la urgencia manifiesta permitían razonablemente acudir a su declaratoria. 

 

La Sala encuentra contradicción en los argumentos expuestos en el pliego acusatorio, en la medida en que éstos no parecen tener sustento jurídico distinto a que la práctica de contratar con quien fue donante del gobernador en épocas de campaña, es un comportamiento “patético” del interés que le asistía al último en favorecerlos con los contratos.

 

En tal sentido, ese es el único argumento que sirve a la fiscalía para deducir que la contratación estuvo guiada por un interés particular distinto al que debían orientar la contratación, sin tener en cuenta en paralelo, que tales personas no sólo ostentaban la condición de aportantes a la campaña de TICIO, sino también y de manera fundamental la de contratistas del departamento en épocas anteriores a aquella en que éste ocupó el cargo de Gobernador. 

 

No obstante lo anterior, atendiendo al objeto de los aludidos contratos, no encuentra la Corte la necesaria relación entre esas motivaciones objetivas y reales con el ilícito interés que hubiese podido tener el Gobernador para contratar precisamente con quienes lo ayudaron económicamente en épocas de campaña.

 

 (...)

 

 Revisada la documentación de tales contratos, no aparece probado en grado de certeza que en su adjudicación el doctor TICIO tuviera un interés ilícito o indebido, diferente al que se proponía la administración al declarar la urgencia manifiesta, como ya se indicó. Deducir un interés ilícito únicamente porque estos dos contratistas aparecen relacionados en la lista de donantes de la campaña de aquél, no se compadece con el ámbito de tutela penal de este delito, pues en relación con ellos no se sugirió siquiera el incumplimiento de requisitos sustanciales.

 

     (...)        Por lo expuesto, entonces, se absolverá al doctor TICIO por el concurso de delitos de interés ilícito en la celebración de contratos.

 

 

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,  Magistrado Ponente:  JORGE LUÍS QUINTERO MILANÉS.  Bogotá. D.C., seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008). Proceso No 20815.-

 

El defensor en la primera propuesta, es decir la de atipicidad de la conducta, hace abstracción de las circunstancias con fundamento en las cuales el ad quem consideró demostrada la materialidad de la misma, es decir, que:

 

i) la abogada NUMERIA, cinco días antes de suscribir el contrato cuestionado, estaba vinculada al municipio mediante otro contrato de prestación de servicios en virtud del cual le prestaba asesoría legal recibiendo como contraprestación honorarios por un valor significativamente menor al pactado en el contrato cuestionado;

 

ii) la misma entidad territorial ya había contratado con la empresa Trámites y Servicios Ltda. el cobro de los impuestos de industria y comercio y,

 

iii) la abogada no era experta en la materia para la cual fue contratada, como ella misma lo reconoció.

 

 A partir de estos hechos el Tribunal consideró que se estructura el tipo penal en alusión, en cuanto trasluce que en la selección de la abogada NUMERIA no se observó el principio de transparencia, pues sus conocimientos en materia tributaria y de jurisdicción coactiva no fueron los factores que determinaron su contratación y, además, con idénticos fines, la administración ya había contratado con una persona jurídica, lo que no justificaba que simultáneamente contratara con aquella profesional.

 

 El censor se separa de estos aspectos y fundamenta la atipicidad de la conducta de TICIOen que éste no participó en el proceso contractual porque fue el alcalde encargado quien firmó el plurimencionado contrato de prestación de servicios con la abogada NUMERIA, sin tener en cuenta que además de las circunstancias atrás señaladas, las cuales contravienen el régimen de contratación estatal afectando la selección y la necesidad de contratar con el fin indicado, amén que entre aquél y ésta media un vínculo de parentesco, que aunque no se ubica en los grados que originan inhabilidad contractual, era suficiente para estimular a la administración a contratar asesorías que le dejaban beneficiosos honorarios a la aludida abogada.

 

 De modo que, como lo señala el Delegado, el hecho de que el contrato hubiese sido suscrito por un alcalde encargado, no releva a TICIO de responsabilidad penal, porque en su condición de titular de la administración municipal era el responsable de la vigilancia contractual, sin que pueda considerarse como una coincidencia que el millonario contrato se hubiera firmado en su ausencia, pues tal situación constituye una maniobra orientada a enmascarar el interés que lo asistió para que el municipio contratara a NUMERIA como su representante en el cobro de los impuestos de industria, comercio, avisos y tableros a las empresas Corelca e ISA, situación que se confirma con el “otrosí” en el aludido documento, el 25 de noviembre de 1998, en el que SEXTIUS nuevamente aparece firmando como alcalde encargado 

 

Y es que en torno al interés exigido en el artículo 145 del decreto ley 100 de 1980 (artículo 409 de la ley 599 de 2000), la Sala ha venido sosteniendo:

 

 “El interés previsto por el aludido artículo 145, no ha de ser, necesariamente, pecuniario, sino simplemente consistir en mostrar una inclinación de ánimo hacia una persona o entidad, con desconocimiento pleno o parcial de principios de neutralidad, objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades y selección objetiva, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones, elemento subjetivo esencial para la estructuración del delito en estudio.

 

 “Aunque el defensor indica que la conducta de su mandante, referida al artículo 145 del Código Penal, es atípica, por cuanto la Fiscalía es contradictoria en el pliego de cargos al atribuirle por una parte ese interés pero decir (sic) que no se buscaba ningún provecho irregular, de donde concluye que no existió la ilicitud imputada, debe advertirse, según el Acta N° 82 de la Comisión Redactora del Código Penal de 1980, donde se analizó lo atinente al actual artículo 145, que si bien se adicionó el 167 del anterior estatuto, que únicamente contemplaba la ilicitud para "El funcionario o empleado público... que directa o indirectamente se interese en provecho propio en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo", y ahora se amplió el ámbito a "provecho propio o de un tercero", en ninguna parte se hizo referencia a que ese provecho o utilidad como tal, sean de carácter económico, ni ilícitos, connotación ésta que sólo se aplica al interés aludido.” 

 

Posición que la Sala reiteró en fallo de casación de 16 de mayo de 2007, radicación 23915, en los siguientes términos:

 

 “Así mismo, el desconocimiento por el servidor público de sus deberes funcionales en sus actuaciones relacionadas con la contratación estatal y en particular de su obligación de perseguir exclusivamente los fines que para el efecto fijan la Constitución, la ley y los reglamentos, sin que pueden interferir sus propios intereses o los de terceros, es lo que penalmente se reprocha. Puede ocurrir, como lo ha dicho la Sala, que un contrato se celebre sin que se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, taxativamente fijado en la Constitución y en la Ley, cumpliendo igualmente los requisitos legales esenciales determinados específicamente para el tipo de contrato de que se trate, sin que esto impida que se vulnere el bien jurídico (sic) administración pública. En efecto si la actuación del servidor público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones en un contrato estatal está determinada por un interés ajeno al general que de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos es el que debe perseguir dicho servidor en ese caso concreto, en nada incide para la vulneración del bien jurídico el respeto del régimen de inhabilidades o incompatibilidades o el cumplimiento de los requisitos legales esenciales aludidos, pues la desviación de la actuación del servidor en esas condiciones está desvirtuando la imagen de la administración pública, la transparencia y la imparcialidad en la celebración de los contratos y en fin la moralidad pública.

 

 “La ilicitud del comportamiento que se analiza se circunscribe entonces al interés indebido que en provecho propio o de un tercero tenga el funcionario en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo. El interés previsto puede ser pecuniario pero también puede consistir en la simple inclinación de ánimo por el servidor público hacia una persona o entidad, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones.

 

 Así, se colige, que el defensor presenta como fundamento de la censura una interpretación de la prueba, contraria a la realizada por el Tribunal que fundadamente advirtió en la actuación de TICIO interés en la celebración del contrato de prestación de servicios mencionado, afectando los principios de transparencia e imparcialidad, pues el hecho de haber sustraído del contrato que el municipio de Chinú suscribió con la empresa “Trámites y Servicios Ltda.” el cobro de los impuestos de industria y comercio que debían las empresas Corelca e ISA, pone de presente su voluntad manifiesta para contratar a la abogada NUMERIA.

 

 En tal sentido, el interés indebido en el contrato referido se hace manifiesto en la conexión familiar de los procesados en cita, el cual, si bien es cierto, no los envuelve en el delito de “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades” descrito en el artículo 144 del decreto ley 100 de 1980 —artículo 408 de la ley 599 de 2000— en cuanto su grado de consaguinidad no está dentro de los señalados en el literal b), numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 de 1993, cuyo tenor literal es: “Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”; no desnaturaliza el ánimo que guió TICIO, en su condición de alcalde del municipio de Chinú, para contratar a la abogada NUMERIA con el fin de cobrar a Corelca e ISA el valor de los impuestos de industria y comercio que debían.

 

 La forma como se celebró y ejecutó el aludido contrato, muestra con albura que TICIO por razones de parentesco traspasó el marco general del interés en la creación y ejecución del aludido contrato, pues aunque alegó que un alcalde encargado fue quien lo suscribió, no se puede dejar de apreciar que éste sólo actuó por ese día, 21 de abril de 1998, y, nuevamente, cuando se agregó el “otrosí” por medio del cual se modificaba el contrato en el sentido de que los honorarios para la abogada serían del 20% y no del 30%, como inicialmente fue pactado. 

 

Precisamente, esa contratación por interpuesta persona, es decir, a través de un alcalde encargado en las oportunidades que se vienen de comentar, hacen todavía más evidente el interés que ab initio acompañó a TICIO, máxime cuando las aptitudes de la contratista no colmaban las expectativas de lo que se esperaba, pues, se desprende de las diligencias, era neófita en los temas tributarios y de jurisdicción coactiva.

 

 Ahora, frente a la tesis de que el comportamiento imputado a TICIO no es punible porque no lesionó materialmente el bien jurídico de la administración pública protegido con el tipo penal aludido, en cuanto no acaeció lesión patrimonial para la administración porque recuperó una importante suma de dinero por concepto de impuestos, necesario es recordar que el delito de interés indebido en la celebración de contratos no ha sido diseñado para proteger el patrimonio del Estado, sino para que la gestión contractual se realice en los ámbitos de transparencia e imparcialidad.

 

 En consecuencia, no es cierto que el Tribunal hubiese interpretado erróneamente el artículo 145 del decreto ley 100 de 1980 —artículo 409 de la ley 599 de 2000—, como lo plantea el libelista, sino todo lo contrario, que con fundamento en la prueba legal, regular y oportunamente recaudada dedujo con suficiencia que TICIO en su condición de alcalde del municipio de Chinú, indebidamente, traspasando el marco del interés general, se interesó en contratar a la abogada NUMERIA con el objeto de hacer el cobro judicial a Corelca e ISA del impuesto de industria y comercio que no pagaron durante años. 

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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