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Esta página contiene una (1) jurisprudencia

       

{§-0001}        JURISPRUDENCIA

 

ACTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATO ESTATAL

 

DISTINCIÓN

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007), Radicación número: 20001-23-31-000-1996-02999-01(15052).- 2.2.1. Distinción entre acto administrativo y contrato estatal.- Aunque resulta sugestivo el argumento según el cual el contrato puede ser definido como un acto jurídico de la administración y, por lo mismo, este resulta comprensivo de todos los actos jurídicos de la Administración incluidos los contratos, la verdad es que no es fácil admitir que el contrato sea un acto administrativo bilateral, toda vez que la existencia de ésta última modalidad es puesta en duda por un sector muy importante de la doctrina como que el acto administrativo es, por antonomasia, una manifestación o declaración unilateral de la voluntad de la Administración, en cumplimiento de una función administrativa, con el fin de producir efectos jurídicos, lo que no se opone a la participación en la producción del acto.

 

En efecto, es diferente el contrato, entendido, siguiendo la terminología civilista, como negocio jurídico de la administración-expresión nítida del principio de la autonomía de la voluntad, esto es, un acto en el que una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o como acuerdo entre ellas para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica (artículo 1494 del Código Civil y 864 del Código de Comercio), que en materia de contratación estatal está previsto actualmente en los artículos 13, 23, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 8 del Decreto 679 de 1994-y otra muy distinta la manifestación unilateral de la administración que debe revestir la forma de acto administrativo.

 

En otras palabras, el contrato estatal no es un acto administrativo fruto de una declaración unilateral sino un negocio jurídico producto de un acuerdo de voluntades, y por lo mismo su régimen jurídico sustantivo, las acciones judiciales y, por supuesto, el estudio a nivel teórico constituyen capítulos separados del derecho administrativo.

 

Por eso, considera la Sala que cuando se declara nulo un acto administrativo general, al contrato o una parte de él, según el caso, no se le puede aplicar la figura del decaimiento del acto administrativo, el que se da por circunstancias sobrevinientes y posteriores a la expedición del mismo, entre otras por la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, por cuanto tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, ello procede para los “actos administrativos” y no para “los contratos de la administración pública”, instituciones como se explicó claramente diferenciadas en el derecho.

 

En tal virtud, no puede ser de recibo el argumento del demandante según el cual en el sub examine se violó el artículo 66 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, habida consideración a que la institución que éste consagra no es de aplicación en el sentido por él indicado a los contratos de la administración pública, por la diferencia conceptual entre el acto administrativo propiamente dicho y los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales, tal y como se puntualizó. Cualquier duda sobre el particular queda zanjada con el artículo 1602 del Código Civil, que prevé: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causales legales”, dentro de las cuales no se encuentra la argüida por el libelista.

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
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