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Régimen especial
 

Esta página contiene tres (3) jurisprudencias

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, BOGOTÁ, D.C., CINCO (5) DE NOVIEMBRE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 08001-23-31-000-1999-02502- 01 (24706).- En este caso, es necesario establecer si la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer las controversias que surgen de un contrato de cuenta corriente celebrado entre dos entidades estatales.

 

El contrato estatal, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se define como el acto jurídico generador de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere ese estatuto, esto es, en principio, aquéllas que aparecen enlistadas en el artículo 2º del mismo.

 

El contrato de cuenta corriente bancaria, regulado por los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio, es un "contrato de depósito", de carácter autónomo, en virtud del cual el cuentacorrentista es autorizado para consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y, al mismo tiempo, para disponer de los saldos a su favor mediante el giro de cheques o en cualquier otra forma previamente convenida con la institución bancaria. Dicho contrato se caracteriza por ser consensual, dado que, para su perfeccionamiento, basta el acuerdo de las partes; bilateral, pues una vez ajustado genera para los contratantes los derechos y obligaciones prescritos por los artículos 720, 1382, 1385, 1388 y 1391 del Código de Comercio; oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo.

 

Teniendo en cuenta que el contrato de cuenta corriente bancaria se celebra, necesariamente, con un establecimiento bancario, es claro que se encuentra cobijado por la excepción consagrada en el parágrafo 1 del art. 32 de la Ley 80, según el cual:

 

“Art. 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se define a continuación:

 

(...)

 

Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”.

 

En relación con esta disposición y el art.  21 del Dec. 679 de 1994, reglamentario, la Sala ha establecido que si el contrato, en desarrollo de las actividades descritas en la norma, es celebrado por una entidad estatal y un particular, es competente la jurisdicción ordinaria para pronunciarse sobre las controversias que surjan, pero, si el contrato es celebrado entre dos entidades estatales la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  En efecto, ha dicho:

 

“Sin embargo, el régimen de excepción así establecido no está excluyendo la atribución a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales que se deriven de los contratos celebrados en desarrollo de dichas actividades cuando el contratante sea también una entidad estatal de aquellas que están sujetas a dicho estatuto, caso en el cual la atribución de competencia prevista en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 se mantiene, en razón de la naturaleza que adquiere el respectivo contrato.

 

En otros términos, si el contrato al cual se refiere la figura exceptiva del parágrafo del artículo 32, lo celebra un establecimiento de crédito, compañía de seguros u otra entidad financiera, siendo ella de carácter estatal, con un particular, la regulación y la jurisdicción escaparán a lo previsto en la Ley 80 de 1993. Pero si el contrato es celebrado, no con un particular, sino con otra entidad estatal, como ocurre en este caso en que el contratista es el municipio de Buenaventura, es claro que los preceptos de dicha Ley, al menos en cuanto a la jurisdicción se refiere, no se ponen en duda”

 

No sobra señalar que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Sala de Consulta, al afirmar lo siguiente:

 

“En consecuencia, resulta claro que, en principio, la jurisdicción competente para conocer de  los contratos que celebren las entidades financieras y del sector asegurador de carácter estatal dentro del giro ordinario de las actividades propias de este tipo de entidades, entendiendo por tales, aquellos que correspondan a las funciones y operaciones señaladas en el E.O.S.F. y los contratos conexos directamente con aquellas,  será la jurisdicción ordinaria, salvo que dicho contrato se celebre con otra entidad estatal que se rija en su integridad por la ley 80 de 1993”.

Caso concreto

 

Como se dijo anteriormente, en este caso, el contrato de cuenta corriente fue celebrado entre el Municipio de Sabanalarga y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.  La primera de las entidades es claramente, de acuerdo con el art. 2 de la Ley 80 de 1993, una entidad estatal; en relación con la segunda entidad, es necesario señalar que se trata de una sociedad de economía mixta en la que el 90% de las acciones corresponden al Estado, por lo que también se trata de una entidad estatal.

 

Conforme a lo anterior, es claro que en este caso se debe aplicar la directriz jurisprudencia mencionada y, en consecuencia, las controversias que surjan en desarrollo del contrato de cuenta corriente bancaria suscrito por las dos entidades estatales son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

CONTRATO ESTATAL DE CUENTA CORRIENTE

 

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. CONSEJERO PONENTE: DOCTOR RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. EXPEDIENTE 250002324000200000755-01 DE 2005. BOGOTÁ, D.C., VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL DOS MIL CINCO (2005).-  “Sin embargo, el estatuto contractual establece unas excepciones en las cuales, a pesar de ser la contratante una entidad pública, los asuntos que se derivan de la relación contractual escapan de la órbita de la jurisdicción administrativa y entran en el campo de la ordinaria, de conformidad con el art. 32, parágrafo 1° de la Ley 80 que dispone:

 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros, y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarías aplicables a dichas actividades”.

 

Sin embargo, la Sección Tercera de esta corporación, en auto de 10 de junio de 2004(1), precisó los alcances de esa norma a partir de la distinción de tres situaciones, así:

 

Primera: contrato celebrado entre una entidad financiera o aseguradora de carácter público y un particular. En este evento, la entidad, a pesar de ser de naturaleza pública, por expresa disposición del estatuto de contratación estatal, parágrafo 1° del art. 32 de la Ley 80 de 1993, aquellos contratos que correspondan “al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social”, no son estatales y en consecuencia, la jurisdicción ordinaria conoce tanto de los procesos declarativos como los ejecutivos derivados de esos contratos. Por esta razón, se considera que este evento es igual a aquel en el que ambas partes son de naturaleza privada (sic).

 

Segunda: cuando el contrato es suscrito entre una entidad pública del sector financiero o asegurador y otra entidad estatal. En este caso, a pesar de que, en principio, el contrato no se considera estatal por haber sido suscrito por una de las entidades del sistema financiero excluida del régimen de contratación de la Ley 80 de 1993, el contrato adquiere tal naturaleza pero por haber sido celebrado con una “entidad estatal”, es decir, la naturaleza de contrato del Estado está determinada no por la entidad pública del sector financiero, sino por aquella entidad estatal que contrata con la primera, a la que le es aplicable el régimen de contratación de la Ley 80.

 

Por este motivo, la jurisdicción contenciosa administrativa será la competente para conocer de los procesos declarativos o ejecutivos que se deriven de esos contratos, de acuerdo con el art. 75 de la Ley 80 de 1993.

 

Sobre ese aspecto la Sala sostuvo: “Sin embargo, el régimen de excepción [parágrafo 1° del art. 32] así establecido no está excluyendo la atribución a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales que se deriven de los contratos celebrados en desarrollo de dichas actividades cuando el contratante sea también una entidad estatal de aquellas que están sujetas a dicho estatuto, caso en el cual la atribución de competencia prevista en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 se mantiene, en razón de la naturaleza que adquiere el respectivo contrato.

 

En otros términos, si el contrato al cual se refiere la figura exceptiva del parágrafo del artículo 32, lo celebra un establecimiento de crédito, compañía de seguros u otra entidad financiera, siendo ella de carácter estatal, con un particular, la regulación y la jurisdicción escaparán a lo previsto en la Ley 80 de 1993. Pero si el contrato es celebrado, no con un particular, sino con otra entidad estatal, como ocurre en este caso en que el contratista es el municipio de Buenaventura, es claro que los preceptos de dicha ley, al menos en cuanto a la jurisdicción se refiere, no se ponen en duda ”(2)

 

En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil expresó que “en principio, la jurisdicción competente para conocer de los contratos que celebren las entidades financieras y del sector asegurador de carácter estatal dentro del giro ordinario de las actividades propias de este tipo de entidades, entendiendo por tales, aquellos que correspondan a las funciones y operaciones señaladas en el E.O.S.F. y los contratos conexos directamente con aquellas, será la jurisdicción ordinaria, salvo que dicho contrato se celebre con otra entidad estatal que se rija en su integridad por la Ley 80 de 1993”(3).

 

Tercera: contratos celebrados entre una entidad financiera o aseguradora privada y una entidad estatal. Este evento es semejante al anterior, toda vez que a pesar de tratarse de una entidad del sistema financiero sujeta a las disposiciones del régimen privado, es decir, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Código de Comercio, el hecho de que la otra parte del contrato sea una “entidad estatal” de aquellas contempladas en el art. 2° de la Ley 80 de 1993, le otorga la categoría de estatal al contrato celebrado; en consecuencia, le es aplicable el régimen de contratación estatal y por consiguiente, las normas de competencia establecidas por el art. 75, es decir, la jurisdicción competente para conocer de los procesos declarativos y ejecutivos derivados de esos contratos es la contenciosa administrativa”.

 

De esa posición jurisprudencial se deduce, entonces, que los contratos propios de la actividad crediticia o financiera que realice una entidad crediticia o financiera estatal con un particular son los únicos que se excluyen de la Ley 80 de 1993, es decir, que no tienen carácter de contrato estatal, mientras que los celebrados por cualquier entidad crediticia o financiera, sea pública o privada, con una entidad estatal que se rija por el derecho público están cobijados por esa ley y tienen carácter de contrato estatal, de modo que el carácter de contrato estatal se hace determinar por el criterio orgánico en lo que hace al cuentacorrentista.

 

Por consiguiente, la entidad crediticia o financiera pública o privada, que celebre contratos propios de las referidas actividades, a los que pertenece el contrato de cuenta corriente, con una entidad estatal, tiene la condición de contratista estatal en los términos y para los efectos de la Ley 80 de 1993.

 

En consecuencia, a las entidades bancarias —públicas o privadas— que celebren contrato de cuenta corriente con entidades estatales, tal como se ha hecho en los actos acusados, les es aplicable el artículo 83 de la Ley 42 de 1993 en cuanto incluye a los contratistas entre los sujetos pasivos de la responsabilidad fiscal, pues esa norma se refiere a los contratistas estatales al señalar: “La responsabilidad fiscal podrá comprender a los directivos de las entidades y demás personas que produzcan decisiones que determinen la gestión fiscal, así como a quienes desempeñan funciones de ordenación, control, dirección y coordinación; también a los contratistas y particulares que vinculados al proceso, hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado de acuerdo con lo que se establezca en el juicio fiscal” (negrilla de la Sala).

 

(…)

 

Como quiera que en este caso el contrato de cuenta corriente se encontraba celebrado entre una entidad bancaria de carácter privado, esto es, el Banco Ganadero, y como cuentacorrentista una entidad estatal que se rige por el derecho público: el Ministerio de Transporte, la anterior interpretación jurisprudencial impone tener al contrato objeto del sub lite como contrato estatal, sin perjuicio de que se deba regir por la normativa correspondiente a tales actividades crediticias y financieras, y a la actora como contratista estatal, a cuyo título justamente fue vinculada a la acción de responsabilidad fiscal bajo examen, por lo cual la entidad demandada tiene competencia para adelantarle esa acción.

 

(1) Auto de 10 de junio de 2004, Sección Tercera, consejero ponente doctor Ricardo Hoyos Duque, expediente 24764.

(2) Auto del 7 de marzo de 2002, Expediente 19057, posición que fue reiterada en auto del 5 de noviembre de 2003, Expediente 24706.

(3) Concepto del 29 de mayo de 2003, Radicación 1488.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

CONTRATOS BANCARIOS

 

ENTIDADES FINANCIERAS

 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, BOGOTÁ, D.C.,  DIEZ (10) DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO (2004). RADICACIÓN NÚMERO: 50001-23-31-000-2000-0360-01(24764).- Cabe precisar cual es la jurisdicción competente para conocer de los procesos ejecutivos derivados de contratos celebrados por entidades que integran el sistema financiero y que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, lo cual daría lugar a las siguientes hipótesis: 1. contrato celebrado entre una entidad financiera o aseguradora de carácter público y un particular.

 

En este evento, la entidad, a pesar de ser de naturaleza pública, por expresa disposición del estatuto de contratación estatal, parágrafo 1 del art. 32 de la  ley 80 de 1993, aquellos contratos que correspondan “al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social”, no son estatales y en consecuencia, la jurisdicción ordinaria conoce tanto de los procesos declarativos como los ejecutivos derivados de esos contratos. Por esta razón, se considera que este evento es igual a aquél en el que ambas partes son de naturaleza privada. 2. cuando el contrato es suscrito entre una entidad pública del sector financiero o asegurador y otra entidad estatal.

 

En este caso, a pesar de que, en principio, el contrato no se considera estatal por haber sido suscrito por una de las entidades del sistema financiero excluída del régimen de contratación de la ley 80 de 1993, el contrato adquiere tal naturaleza pero por haber sido celebrado con una “entidad estatal”, es decir, la naturaleza de contrato del Estado está determinada no por la entidad pública del sector financiero, sino por aquella entidad estatal que contrata con la primera, a la que le es aplicable el régimen de contratación de la ley 80.

 

Por este motivo, la jurisdicción contenciosa administrativa será la competente para conocer de los procesos declarativos o ejecutivos que se deriven de esos contratos, de acuerdo con el art. 75 de la ley 80 de 1993. (…)

 

Los contratos bancarios de cuenta corriente y depósitos de ahorros, se encuentran regulados por los artículos 1382 a 1399 del Código de Comercio y 125 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (decreto 663 de 1993). De conformidad con el art. 1382 del C. de Co. se tiene que “por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero, y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco”. 

 

Adicionalmente el art. 1396, establece que "los depósitos recibidos en cuentas de ahorro estarán representadas en un documento idóneo para reflejar fielmente el movimiento de la cuenta” y los registros que se hagan en ese documentos por el banco, “serán plena prueba de su movimiento”.

 

Sobre el perfeccionamiento de estos contratos, la Corte Suprema de Justicia señaló que “celebrado el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, que se perfecciona por el simple consentimiento del cuentacorrentista y del banco, surgen para aquél, sin previa solemnidad las facultades de hacer depósitos a su nombre, en dinero o en cheques, y de disponer de los saldos mediante el giro de cheques que ha de suministrar el banco,”.

 

El principio de consensualidad en los contratos mercantiles está previsto en el art. 824 del C. Co., el cual prevé que “los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco”, a no ser que la norma exija determinada solemnidad.

 

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NORMAS
 
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Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
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Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
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