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Esta página contiene cinco (5) jurisprudencias

 

 

{§-0001}    JURISPRUDENCIA

 

PRECIOS UNITARIOS

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

MAYOR CANTIDAD DE OBRA

 

ADICIÓN

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ. Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004). Radicación: 07001-23-31-000-1997-00132-01(14292).- OBRAS EJECUTADAS EN CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS

 

1.      El Consejo de Estado observa a diferencia de lo dicho por el Tribunal que los hechos probados fundamento de las pretensiones son indicadores claros de que la controversia planteada por el demandante es de naturaleza contractual, pues las pruebas muestran que durante la ejecución del contrato de obra, A PRECIOS UNITARIOS, acaecieron hechos vinculados directamente con el objeto y cantidades previstas en los contratos principal y adicional (en valor y plazo), y otros hechos también vinculados con dichos contratos, por ejecución de mayores cantidades de obra, ejecutadas por el contratista a ruego de la Administración y a su recibo a satisfacción.  

 

Ese punto jurídico esbozado respecto de la demanda ha sido tratado por la jurisprudencia, en la cual se han diferenciado para EL CONTRATO DE OBRA a precios unitarios los conceptos jurídicos siguientes:

 

DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA, entendida como contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato sin que implique modificación del objeto contratado, y

 

DE CONTRATO ADICIONAL, comprendido cuando las obras a realizar implican la variación del objeto del contrato principal, de obras nuevas, distintas de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución, en determinadas circunstancias resulta necesaria.  

 

Así se pronunció la Sala en sentencia dictada el día 18 de julio de 2002:

 

“Para la Sala no es claro si tales obras son realmente obras adicionales o corresponden más bien a mayores cantidades de obra ejecutada, circunstancia que no puede ser desconocida puesto que unas y otras obedecen a hipótesis distintas y, por ende, adquieren implicaciones jurídicas propias. En efecto, en los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada supone que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una ‘prolongación de la prestación debida’, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. Esta situación justifica que en determinados casos se celebren contratos adicionales, o que, si esto no ocurre, se restablezca la ecuación contractual ya sea al momento de liquidar el contrato, o a través de la acción judicial correspondiente, a condición, claro está, de que si el contrato fue liquidado por las partes de común acuerdo, el contratista se haya reservado el derecho a reclamar por ello. En cambio, la realización de obras adicionales supone que éstas no fueron parte del objeto del contrato principal, y por lo tanto implican una variación del mismo; se trata entonces de obras nuevas, distintas de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución, en determinadas circunstancias resulta necesaria. Por tal razón, si para éstas no se celebra contrato adicional, ni son reconocidas al momento de liquidar el correspondiente contrato, su reclamación resulta procedente en virtud del principio que prohíbe el enriquecimiento sin justa causa, para lo cual debe acudirse a la acción de reparación directa. ( )” (Destacado con negrilla por fuera del texto original).  

 

Igualmente la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado señaló lo siguiente en concepto que emitió el día 18 de julio de 2002:

 

“No se requiere la celebración de contrato adicional en los contratos de obra por precios unitarios cuando lo que varía no es el objeto del contrato sino la estimación inicial de las cantidades de obra y, como consecuencia del aumento en las mismas, el valor final del contrato aumenta. Por ello, debe ejecutarse el contrato hasta su culminación y la Administración debe realizar el manejo presupuestal requerido para atender sus propias obligaciones derivadas de la forma de contratación adoptada y pagar oportunamente al contratista la ejecución de la obra”.

 

2.      Los contratos de obra pública celebrados a precios unitarios en vigencia del decreto ley 222 de 1983, como es el enjuiciado, han sido definidos en el artículo 89, como  

 

aquellos en lo cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obras y su valor total es la suma de los productos que resultan de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada uno de ellas, dentro de los límites que el mismo convenio fije.

 

El contratista es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera responsabilidad por dichos actos.”  

 

Como puede verse el legislador autorizó esa forma de pago, que concluye con una operación matemática que resulta de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por el precio de cada una de ellas.  

 

Y como en la realidad es extraño que el valor pactado en el contrato coincida con el valor final de la obra, tal situación no puede afectar al contratista, toda vez que en los contratos conmutativos, como es el de obra pública, el contratista debe recibir la contraprestación de pago, por lo general, exacta al valor de la ejecución onerosa de la obra pública entregada a satisfacción. Sobre la conmutatividad en los contratos, el Código Civil enseña, en el artículo 1.498, que “El contrato es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe o hace a su vez”. Y aunque no se desconoce judicialmente que la mayor cantidad de obra puede deberse o a situaciones imprevistas o a falencias administrativas en los estudios previos que realizó y que inciden, negativamente y por defecto, en el valor presupuestado para su ejecución, tales circunstancias ajenas al contratista, unas inimputables a la Administración (imprevistos) o imputables a ésta (irregularidad administrativa) no pueden concluir en la determinación de que el daño sufrido por el contratista no es antijurídico, porque él no está obligado a soportar detrimento patrimonial y pérdida de utilidad.  

 

Además habiéndose comprometido el contratista, en su declaración de voluntad al negociar con la Administración, ofertando y celebrando el contrato, a hacer una obra determinada (art. 1.517 C. C.), está obligado a entregarle a la Administración lo contratado, pues a más de que los contratos deben además ejecutarse de buena fe “obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”, como así lo señala el artículo 1.603 ibídem

 

Por ello en los contratos a precios unitarios, más que en otros, está implícita la cláusula rebus sic stantibus que permite adecuar el contrato a las necesidades durante su ejecución y el principio de mutabilidad de los contratos encuentra sus límites sólo en el objeto del contrato y en la finalidad que motivó la celebración del mismo. 

 

En los contratos celebrados bajo la vigencia del decreto ley 222 de 1983, por lo general, el legislador buscó que el PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRA se efectuará a su terminación y una vez hecha la liquidación, pues su artículo 82 indica cómo puede pagarse una obra:

 

por un precio global

por precios unitarios, determinando el valor de la inversión

por el sistema de Administración delegada;

por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios,

y mediante el otorgamiento de concesiones. 

 

Y aunque en el ejercicio de la autonomía de la voluntad en la práctica los contratantes han acudido a fijar en la cláusula de pago imputaciones parciales con base en liquidaciones parciales, ellas habrán de tenerse en cuenta en la liquidación final, que en esa época también estaban autorizadas, indirectamente, por el artículo 289 del decreto ley 222 de 1983 cuando señalaba que en las diligencias de liquidación se determinarán las sumas de dinero que haya recibido el contratista, entre otros. 

        

Analizados esos puntos jurídicos la Sala, de contera y, de una parte, niega la excepción que por indebida escogencia de la acción adujo el municipio demandado, el cual consideró que la mayor cantidad de obra debió reclamarse mediante el ejercicio de la ACTIO IN REM VERSO y, de otra, revoca la decisión del Tribunal en cuanto ubicó la reclamación de mayor cantidad de obra como si se tratase de enriquecimiento torticero de la Administración, cuando como ya se vio es reclamación contractual en contrato celebrado a precios unitarios, por mayor cantidad de obra.

(...)

 

EN CUANTO AL HECHO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS: 

 

a.      Como ya lo advirtió la Sala, las pruebas procesales muestran que durante la ejecución del contrato de obra, A PRECIOS UNITARIOS, acaecieron hechos vinculados directamente con el objeto y cantidades previstas en los contratos principal y adicional (en valor y plazo), y otros hechos también vinculados con dichos contratos, por ejecución de mayores cantidades de obra, ejecutadas por el contratista a ruego de la Administración y a su recibo a satisfacción.  

 

En lo que atañe al punto a definir en este capítulo, se recuerda que la mayor cantidad de obra en los contratos de obra celebrados a precios unitarios, y en vigencia del decreto ley 222 de 1983, se entiende como obra contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato sin que implique modificación del objeto contratado. Tal aserto proviene de la misma definición legal, contenida en dicho estatuto (art. 89) que los define como “aquellos en lo cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obras y su valor total es la suma de los productos que resultan de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada uno de ellas, dentro de los límites que el mismo convenio fije. 

 

Esa forma de pago, a precios unitarios, autorizada por el legislador, se concluye o define por una operación matemática que resulta de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por el precio de cada una de ellas; buscó el legislador de 1983 que en los contratos de obra el pago se efectuará, en principio, a su terminación y una vez hecha la liquidación, pues su artículo 82, se recaba, indica que la obra podía pagarse: por un precio global; por precios unitarios, determinando el valor de la inversión; por el sistema de Administración delegada; por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios, y mediante el otorgamiento de concesiones. Y si bien como ya lo expresó la Sala al inicio de las consideraciones, en la práctica los contratantes han acudido a fijar en la cláusula de pago imputaciones parciales con base en liquidaciones parciales, ellas habrán de tenerse en cuenta en la liquidación final, que en esa época también estaban autorizadas, indirectamente, por el artículo 289 del decreto ley 222 de 1983 cuando señalaba que en las diligencias de liquidación se determinarán las sumas de dinero que haya recibido el contratista, entre otros.

  (...)

 

De la comparación entre el objeto de la obras contratadas en el contrato principal y en el contrato adicional, con las obras que el actor denomina complementarias y que resultaron ser mayor cantidad de obra, según acta 001 de 16 de abril de 1990; se observa que ellas están referidas a ítems de necesaria ejecución, connaturales al objeto contractual de aquellos contratos, principal y adicional; la Sala se refiere concretamente a los ítems:

 

 (...) 

 

Valor total de las mayores cantidades de obra. Estas obras “complementarias” fueron entregadas a satisfacción del Municipio demandado, el día 16 de mayo de 1990 mediante pre-acta sin número, pero por un valor de $22’.653.590,oo, menor al afirmado en la demanda $23’.702.703,50.  

Ahora, para la Sala es claro que la reclamación de incumplimiento contractual por no pago de esas obras, y por la indemnización ocasionado con el no pago de la misma debe prosperar por lo siguiente

 

el contrato era a precios unitarios (dcto ley 222 de 1983);

 

el municipio le exigió al contratista la ejecución de las “complementarias”,

 

le indujo a creer que le pagaría cuando hiciese la apropiación como claramente se evidencia del contenido          del acta 001m de 16 de abril de 1990 mediante la cual se autorizaron y aprobaron las obras a realizar;

 

le suspendió luego, mediante el acta 021 de 17 de abril de 1990, la ejecución de las obras   complementarias a la espera de la respectiva disponibilidad presupuestal;

 

le respondió el día 23 de agosto de 1990 que está a la espera de disponibilidad presupuestal para el pago   de actas complementarias, en atención a la imposibilidad legal de exceder el límite porcentual y cuantitativo de las adiciones del contrato (una mitad de la cuantía original mas el valor de los reajustes efectuados a la fecha de suscripción del contrato adicional, art. 58 dcto ley 222/83) ya cubierto con el monto del precio del contrato adicional 01 de 1990 y a la prohibición de celebrar contratos sin registro presupuestal (art. 46 ib).

 

Dilucidado este punto, la Sala advierte que hay lugar a declarar responsable contractualmente a la Administración demandada, por hechos ocurridos en vigencia de la Constitución de 1886, con base en el principio de garantía del patrimonio y en el contrato como ley de las partes.

 

Esa declaratoria de responsabilidad contractual deviene del hecho de incumplimiento contractual del municipio demandado por no pagar las mayores cantidades de obra, incumplimiento que quebrantó ese principio y la ley de las partes.

 

La responsabilidad deviene de tal infracción y

 

NO COMO DICE LA DEMANDA, DE LOS HECHOS RELATIVOS A NO HABER CELEBRADO OTRO CONTRATO ADICIONAL, POR SOBREPASARSE EL LÍMITE DE CUANTÍA DE LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE EFECTUAR PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL, Y NO HABER ORDENADO LA REINICIACIÓN DE LAS OBRAS:

 

.        Porque no se trataba de obras con nuevo objeto sino de mayor cantidad de obras de las pactadas en los contratos, principal y adicional, que fueron celebrados a precios unitarios y respecto de los cuales el precio se pacta el precio por unidades o cantidades de obras y su valor total es la suma de los productos que resultan de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada uno de ellas.

 

.        Porque no es cierto de que se sobrepasó el límite de adición previsto en el artículo 58 del decreto ley 222 de 1983 que señalaba que el contrato adicional no podía exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional, porque las obras complementarias fueron mayor cantidad de obra de las pactadas y para satisfacer el objeto de obra contratado, y no obras con nuevo objeto en relación con el contrato principal..

 

 

.        Porque no se trasgredieron la Carta de 1886 y la ley 38 de 1989 sobre legalidad del gasto, toda vez que sí fue decretado; otra cosa fue que resultó insuficiente situación. Ante tal situación aparece un amparo legal de la contratación, como es el relativo a que el citado artículo 89 de decreto ley 222 de 1983 señala que el valor final del contrato de obra a precios unitarios sería el de multiplicar el valor de cada ítem por la cantidad de obra ejecutada, autorizando así la complementación del gasto dentro de la vigencia fiscal en la cual se determinara el valor final de la obra. Y como ello no ocurrió se definirá mediante sentencia judicial, por la cual se reconoce un crédito. 

 

.        Porque aunque el contrato se suspendió, dizque por falta de autorización presupuestal, y la Administración no dio orden de reiniciación, tal circunstancia no tiene incidencia en la responsabilidad contractual pedida, porque como ya se ha insistido el daño alegado por el contratista demandante se fundamentó en la falta de pago de la mayor cantidad de obra, entre otros.

(...) 

 

G. CONCLUSIÓN 

 

Todo el anterior estudio conduce a revocar la sentencia de primera instancia para: declarar no probado el hecho jurídico de caducidad; a denegar las demás excepciones; a declarar responsable contractualmente al demandado; a condenarlo a indemnizar los perjuicios causados con el incumplimiento contractual de mora en el pago de actas parciales de obras, en el pago de reajustes y de mayor cantidad de obras ejecutada; y a denegar las demás pretensiones de la demanda y el llamamiento en garantía que efectuó el demandado. 

 

{§-0002}    JURISPRUDENCIA

 

PRECIO GLOBAL Y PRECIOS UNITARIOS

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro (2004), Radicación: 25000-23-26-000-1991-07391-01(14043).- La Sala advierte que el contratista asumió la construcción de las unidades de vivienda a precios globales, con sometimiento a los requerimientos definidos por la entidad en las normas básicas del plan, en las que no se exigieron valores unitarios por ítems de obra, puesto que la entidad solicitó simplemente "valores por capítulos, valor total, valor de la oferta globalmente considerada y valor por unidad de vivienda.(fol. 227 c. 4), y el contrato se celebró bajo estas condiciones.

 

En efecto, del análisis de los documentos y formatos integrantes del pliego, de las propuestas presentadas, del contrato y sus anexos, no se deducen especificaciones del valor del contrato por cantidades de obra o valores unitarios de cada elemento; mediante los aludidos documentos se definieron el número de viviendas, el costo por unidad de vivienda, el costo del terreno, el costo total de la urbanización mediante la multiplicación del valor de cada unidad de vivienda por el número de unidades, el área privada de cada apartamento, los componentes básicos de cada unidad de vivienda, el sistema de construcción con indicación de acabados de muros, techos, puertas, pisos, ventanería, y cocina; descripción del calentador, lavadero y aparatos; como también la especificación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, (fols. 48 ss c.4). No se trató entonces de un contrato a precios unitarios.

 

{§-0003}    JURISPRUDENCIA

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

 

ACCIDENTE DE TRABAJO EN OBRA PÚBLICA

 

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS, SANTA FE DE BOGOTÁ,  D.C.,   JUNIO VEINTICINCO (25)  DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE  (1997), RADICACIÓN NÚMERO: 10504.- La Sala a primera vista advierte con respecto al caso que se examina que la Empresa de Energía de Bogotá aparece como propietaria de la obra, que la demandada contrató con un particular la ejecución de la obra y que éste a su vez se hizo a los servicios del señor Capolicán Rojas para acometer los trabajos en colaboración con otro grupo de personas. Tal situación conlleva a pensar que el damnificado no sólo tenía la posibilidad de demandar al contratista por la vía ordinaria la indemnización de los servicios que sufrió con ocasión de los referidos hechos, sino que también podía accionar contra la entidad acudiendo a la jurisdicción contencioso administrativa porque la responsabilidad que se le puede imputar a la administración en estos eventos está sustentada en los siguientes principios:

 

a) Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si ella misma la ejecutara directamente.

 

b) Que es ella la dueña de la obra.

 

c) Que su pago afecta siempre patrimonio estatal.

 

d) La realización de esas obras obedece siempre a razones de servicio y de interés general.

 

e) Que no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre y el contratista, vale decir para exonerarse de responsabilidad extracontractual frente a aquéllos, pues ella es la responsable de los servicios públicos y por ende se obliga bien sea porque el servicio no funcionó, funcionó mal o inoportunamente. Elementos estos que son constitutivos de falta o falla del servicio.

 

Cuando el daño se produce por accidente de trabajo, los damnificados tienen dos acciones diferentes. De un lado la derivada del contrato de trabajo con el contratista o sub - contratista de la administración. Y de otro lado la acción indemnizatoria por trabajos públicos contra la entidad propietaria de la obra.

 

La primera es de competencia de la justicia ordinaria, mientras que la segunda, señala que es del resorte de esta jurisdicción. En esta última eventualidad subraya que la acción de los damnificados es directa y personal sin perjuicio del derecho que le asiste a la administración de repetir contra el contratista cuando a ello haya lugar.

 

{§-0004}    JURISPRUDENCIA

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

 

RESPONSABILIDAD POR  OBLIGACIONES LABORALES

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CASACIÓN LABORAL, SENTENCIA DE 10 DE AGOSTO DE 1.994, MAGISTRADO PONENTE ERNESTO JIMÉNEZ DÍAZ. RAD. 6.494.- Contratistas independientes. Solidaridad con el beneficiario o dueño de la obra. "En sentencia de Sala Plena del 14 de diciembre de 1970, la Corte hizo un análisis detenido sobre los efectos y consecuencias que se derivaban de la solidaridad prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, entre el contratista independiente y el dueño o beneficiario de la obra y los derechos del trabajador que presta sus servicios al último, llegando a deducir que se presentaban tres situaciones procesales diferentes:

 

a)  El trabajador puede demandar solo al contratista independiente, verdadero patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis.

 

b)  El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono y al beneficiario o dueño de la obra como deudores. Se trata de un litisconsorcio prohijado por la ley, y existe la posibilidad que se controvierta en el proceso la doble relación entre el demandante y el empleador y éste con el beneficiario de la obra, como también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a los trabajadores del contratista independiente.

 

c)  El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista independiente “existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra el mismo”.

 

Estima la Sala que en el último evento, debe partirse de un doble supuesto jurídico y fáctico, consistente en que el trabajador para exigir la responsabilidad solidaria del beneficiario o dueño de la obra, debe demostrar que la prestación reclamada fue inicialmente a cargo del contratista independiente. Pero, si por el contrario, este último no está obligado legalmente, no puede válidamente exigírsele al primero una solidaridad que no se da, porque no se presenta un reconocimiento expreso por parte del contratista o porque con anterioridad no se adelantó un proceso donde se definió la responsabilidad de ese “verdadero patrono”".

 

{§-0005}    CONCEPTO

 

TRIBUTOS SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

 

OBRA PÚBLICA Y OTROS CONTRATOS SOBRE INMUEBLES

 

DIAN.- CONCEPTO 25274 DE 2006.- DIAN, “ b) Retención en la fuente.- En cuanto a la tarifa de retención en la fuente por impuesto sobre la renta en un contrato de obra pública, se le transcriben apartes del concepto 073092 del 2 de marzo de 1998:

 

En este evento la retención en la fuente será del uno por ciento (1%) aplicable al valor total del pago o abono en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2509 del 1985” (...)”.

 

En lo que se refiere al impuesto sobre las ventas, los contratos de construcción de bien inmueble son gravados, sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares. Artículo 3º Decreto 1372 de 1992.

 

Sin embargo, la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra pública, al precisar:

 

“Los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal estarán excluidos del IVA”.

 

Téngase presente que en cualquier caso, el IVA facturado sobre los costos y gastos incurridos en la construcción, hace parte del costo de la obra.

 

NOTA DEL AUTOR: El concepto unificado 0001 de 2.003 señaló el criterio para diferenciar contratos de obra pública de otros contratos que se realizan sobre bienes inmuebles así:

 

“Son contratos de construcción y urbanización, y en general de confección de obra material de bien inmueble aquellos por los cuales el contratista directa o indirectamente, edifica, fabrica, erige o levanta las obras, edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción en sí, tales como: Electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la construcción.

 

No constituyen contratos de construcción las obras o bienes que pueden retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya terminados.

 

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NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
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