Tesauro
Inicio 
 
TEMÁTICA
 
Normas Generales
Capacidad
Procedimientos
Perfeccionamiento
Ejecución
Equilibrio
Nulidades
Liquidación
Responsabilidad
Controversias
Tipología
Régimen especial
 

 

CONCEPTO D.A.F.        

 

6.1

004477-21-02-07

 

Bogotá D.C.,

  

Doctor

NÉSTOR JESÚS GIL OSORIO

Alcalde Municipal

El Rosal (Cundinamarca)

 

Asunto: Radicado 1-2007-006992

Temas: Facultades en materia de contratación, leasing.

 

Respetado doctor:

 

Mediante oficio radicado con el número 1-2007-006992, consulta a propósito de la necesidad o no de la autorización específica por parte del concejo municipal para la celebración de un contrato de leasing para la adquisición de un carro compactador de basuras.

 

Al respecto conviene poner de presente que la asesoría que presta la Dirección General de Apoyo Fiscal a las entidades territoriales, en los términos del Decreto 246 de 2004, no comprende la solución directa de problemas específicos. De conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, la respuesta es general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante.

 

Consideraciones

 

Para iniciar conviene establecer si las operaciones de leasing son operaciones de crédito público. En este sentido conviene citar el oficio del 21 de abril de 1995 de la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección General de Crédito Público, que al respecto señala:

 

“(…)

En concepto de esta oficina y conforme con lo anteriormente expuesto las operaciones de leasing se deben considerar asimiladas a operaciones de crédito público siempre que en su celebración se den las siguientes condiciones:

 

I.- Intervenga como contratante una entidad estatal de las definidas en el artículo 2, num 1 de la ley 80 de 1.993.

 

II.- Que para efectos éste se enmarque dentro de los postulados generales consagrados dentro del artículo 2 del Decreto 913 de 1.993, como es el de financiar el uso y goce de los bienes entregados a título de arrendamiento, a cambio del pago de cánones durante un plazo determinado, y con una opción de compra sobre dicho bien, al final de dicho periodo (condición suspensiva) si es así la voluntad del usuario.

 

III.- Que dentro del objeto principal de dicho contrato se contraigan obligaciones por parte de la entidad estatal con plazo para su pago.

(…)”

 

Como quiera que el contrato de leasing se asimila a una operación de crédito público, la normatividad aplicable y requisitos que se exigirán serán los previstos para estas operaciones –las de crédito público-.

 

Ahora bien, respecto a las autorizaciones que en el nivel territorial otorgan las corporaciones públicas de elección popular a la administración el Consejo de Estado[1] expresa:

 

“Respecto del nivel departamental, la Constitución dispone en su artículo 300 que corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas:

 

Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales.

 

Y para el nivel municipal, la Constitución prescribe en su artículo 313 que corresponde a los concejos:

 

Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas funciones de las que corresponden a los concejos.

 

Correlativamente, la ley 136 de 1994, sobre organización y funcionamiento de los municipios, trae entre las atribuciones del concejo la de “reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del concejo” (artículo 32, numeral 3).

 

De ahí que en el anterior Estatuto Contractual, estuviese erigida para la entidad pública en causal de nulidad absoluta “la inexistencia de norma legal o estatutaria que autorice la celebración del contrato” (decreto ley 222 de 1983, art. 78), y en el nuevo Estatuto, lo sea su celebración “contra expresa prohibición constitucional o legal” o “con abuso o desviación de poder” (ley 80/93, art. 44).

 

II. Autorización para contratar y enajenar bienes públicos. Cuando la autorización para contratar no está dispuesta de manera general en el Estatuto  de  Contratación de la Administración Pública - ley 80 de 1993 -, el órgano representativo de elección popular, llámese Congreso, Asamblea, o Concejo, deberá conceder la autorización previa especial. Este tipo de autorización no necesariamente tiene que ser para cada contrato - aunque a veces la respectiva corporación se reserva el proceder de este modo, por razón de la naturaleza e importancia del contrato, como ocurre con los de empréstito -, pues es viable que la respectiva corporación proceda a autorizar la celebración de contratos con alcance general, como han solido hacer las asambleas y los concejos al expedir los respectivos códigos fiscales.” (Se resalta).

 

En este sentido, existe dentro del ordenamiento constitucional una precisa competencia para ser ejercida por las corporaciones administrativas territoriales respecto al jefe de la administración, es decir, respecto al gobernador o alcalde.

 

De acuerdo con lo anterior, debe establecerse por parte de la administración municipal si la autorización para la celebración de contratos mencionada en su consulta incorpora la celebración efectiva de cualquier convenio o contrato sin establecer distinciones en materia de montos u objetos, y sin en las mismas se incluyen autorizaciones para la celebración de operaciones de crédito público o contratos de empréstito.

 

Cordialmente,

 

 

LUÍS FERNANDO VILLOTA QUIÑONES

Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial

Dirección General de Apoyo Fiscal

 

AM


[1] Sala de Consulta y Servicio Civil. Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho. Radicación número: 1077 Consejero ponente: Javier Henao Hidrón

 

 
 
NORMAS
 
Ley 80 de 1.993
Ley 1150 de 2.007
Ley 1474 de 2.011
Dec. 019 de 2.012
Dec. 1510 de 2.013
C.P.A.C.A.
Dec. 1082 de 2.015
Normas anteriores
 
INFORLEX SAS ©
Derechos Reservados
Álvaro Darío Becerra Salazar
MMX - MMXV